Sigue el pulso entre parte de los sindicatos y Duro Felguera pese a haberse firmado la paz para llevar a cabo un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en la compañía durante los próximos meses. Corriente Sindical de Izquierda (CSI), una de las organizaciones más combativas con la gestión de la cotizada española, pretende que el ERTE aprobado durante la pandemia se juzgue en la Audiencia Nacional, después de elevar la causa a los juzgados sociales de Asturias sin éxito, ya que los tribunales de la región se han declarado no competentes para examinar esta causa, dado su amplio alcance geográfico entre los trabajadores del grupo de ingeniería.
Así lo explican desde el sindicato CSI en declaraciones a La Información, afirmando que la causa sigue viva porque no se ha juzgado el fondo de la cuestión, que se circunscribe a un exceso de jornada que se produjo en la matriz y varias filiales de la compañía (Operaciones y Montaje, Mompresa y Felguera IHI) durante los meses de verano de 2020. La organización sindical solicitó al Juzgado de lo Social número 3 de Gijón que se declarase "la nulidad o ilegalidad de la conducta empresarial, declarando el derecho de los trabajadores afectados por el presente conflicto a una bolsa de horas generada por exceso de jornada". La meta final es lograr una compensación económica o en forma de descansos adicionales.
Este juzgado, de acuerdo a una resolución emitida a finales de septiembre, se ha declarado no competente y ha optado por inadmitir el recurso, indicando que la autoridad judicial que debe pronunciarse sobre esta cuestión es la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional. La razón: en la relación de trabajadores afectados por el ERTE figuran personas que no solo prestan servicios en Asturias -la gran mayoría-, sino también en otras zonas de España como Madrid y Las Palmas. Duro Felguera, por su parte, se mostró contraria a esta demanda y alegó "falta de legitimación" de CSI, por un lado, y, en cuanto al fondo, solicitó "la desestimación íntegra de la demanda".
Con la pandemia y la habilitación del escudo social levantado por el Gobierno (Real Decreto Ley 8/2020 de medidas urgentes), Duro Felguera alcanzó un acuerdo para aplicar un ERTE por causas productivas. Esta medida afectaba a 672 trabajadores, con un límite máximo de 464 empleados al mes, y se combinaba con una reducción del 20% del salario de los miembros del comité de dirección y el resto del colectivo directivo mientras estuviese activo el ERTE. La propuesta fue aceptada por unanimidad desde la representación social, es decir, además de por CCOO y UGT, también fue firmado por CSI.
La conflictividad de los ERTE durante los dos años desde la pandemia ha sido una constante. Empresas de la industria han visto, incluso, cómo la justicia ha declarado la nulidad de la extensión de estas medidas. Un caso paradigmático fue Arcelormittal, que no fue capaz de acreditar una causa productiva diferente de la que motivó el anterior ERTE que todavía seguía vigente. Casos similares han vivido los trabajadores de la empresa de transportes Rhenus Logistics, que cuenta con más de 130 trabajadores en el País Vasco, o de Konecta, una de las empresas de contact centers más grandes de su sector.
Un sindicato combativo
CSI es uno de los sindicatos más aguerridos en el comité de empresa de Duro Felguera, que ha seguido con los ajustes en su plantilla pese a que el mal temporal provocado por la Covid-19 ha amainado. Ahora, la organización se ha desmarcado del resto de fuerzas sociales y ha asegurado recientemente que va a impugnar el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que, en cambio, sí han firmado CCOO y UGT con la compañía asturiana. Este proceso de despido colectivo afectará a cerca de 180 personas (la dirección mejora su propuesta en su oferta final) y no se ha bloqueado desde el Gobierno que, a través de la SEPI, prestó una financiación clave para que la empresa sobreviviese en los peores momentos de la pandemia.
La compañía, que ya amagó con otro ERE en 2018 y tuvo un primer enfrentamiento abierto con CSI, logró un acuerdo con el resto de organizaciones sociales y lo trasladó a la Comisión Nacional de Valores (CNMV). En su mensaje, valoró "muy positivamente este acuerdo", ya que "permitirá ganar en competitividad, productividad y rentabilidad y que constituye un paso importante en el proceso de transformación emprendido". La compañía añadió que su plan aborda también la mejora de las dinámicas de trabajo, el desarrollo de las líneas de negocio y la incorporación de negocios intensivos en tecnología, entre otra batería de acciones.
Para CSI, el ERE es el asunto "más importante" entre todos los frentes abiertos, pues señalan que "a día de hoy seguimos sin saber qué personas van a salir". Sobre este ajuste, el portavoz de CSI, Rubén Alonso, dijo que era "fraudulento" y que, por tanto, lamentaba "muchísimo que se haya despedido a 180 personas", ya que "son 180 familias que se van a ir a la calle sin un motivo real". Alonso, que estuvo acompañado en su comparecencia por Daniel Ripa, diputado de Podemos, afeó la decisión a la SEPI y al Principado de Asturias, que también prestó dinero a la empresa para resistir a la covid. Los despidos, a ojos de Alonso, son "un mal gasto de todo el dinero público".
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