EY, PwC y KPMG velan armas de cara al 'examen de oposición' que tendrán que pasar en estos días ante el comité de selección de ACS encargado de proponer a la junta de accionistas el nombre del futuro auditor de cuentas que sustituya a Deloitte. En juego está un contrato estimado en 20 millones de euros pero cuya resolución no se efectuará al mejor postor por muy competitivo que pueda resultar el precio. El grupo de construcción y servicios quiere valorar otras capacidades profesionales para otorgar su plena confianza a la compañía que se encargará de supervisar los estados financieros durante los tres próximos años, de manera que las bases del concurso han reducido el peso relativo de la oferta económica a tan sólo un 25% de la propuesta global.
La tendencia de la contratación pública en España, de la que ACS participa de manera histórica y abundante, se ha orientado durante los últimos años con el objetivo estratégico de favorecer las ofertas económicas a fin de evitar discrecionalidades a la hora de materializar la adjudicación de los grandes proyectos de obra. Las empresas privadas, por el contrario, se inclinan preferentemente por elegir a sus proveedores y subcontratistas con criterios más subjetivos para asegurar la cadena de producción en aras de una mayor garantía en el control del servicio que prestan. En un contrato de auditoría que además viene obligado por un imperativo regulatorio este principio constituye una condición sine qua non para el grupo que preside Florentino Pérez.
ACS busca lo que en medios del sector se define como ‘un auditor de cámara’ con la indispensable profesionalidad y el prestigio de rigor que se supone a cualquiera de las firmas que componen el selectivo grupo de las llamadas ‘Big Four’ pero capaz de entender también al mismo tiempo la naturaleza, los fundamentos y las perspectivas del negocio de la compañía para convertirse en un aliado estratégico a medio plazo. A fin de cuentas ésta ha sido la relación mantenida con Deloitte durante los más de veinte años que dicha firma ha estado trabajando como auditor del grupo constructor y que ahora se verá interrumpida de manera anticipada por mandato administrativo del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC).
El organismo supervisor dependiente del Ministerio de Economía impuso en 2016 una sanción a Deloitte por su auditoría del año 2011 pero no la hizo pública hasta el pasado mes de abril. El motivo tampoco quedaba claramente justificado en la resolución difundida vía Boletín Oficial del Estado (BOE), si bien fuentes conocedoras del proceso vinculaban la actuación del ICAC con los informes de valoraciones manejadas por el auditor sobre la participación que en su día controlaba ACS en el capital de Iberdrola. Sea como fuere, Deloitte fue multada con 267.000 euros y, lo que es peor, el castigo suponía también la incompatibilidad para seguir auditando a ACS durante un periodo de tres años.
Florentino Pérez y el equipo jurídico de ACS que encabeza José Luis del Valle han estado esperando en vano hasta finales del pasado año la posibilidad de que la sanción quedase en suspenso tras el recurso presentado por la propia Deloitte. Sin embargo, la Audiencia Nacional no ha resuelto el contencioso y el tiempo se ha terminado echando encima ya que ACS necesita refrendar la designación de su auditor ante la junta general de accionistas que está previsto celebrar el próximo 10 de mayo. Todo ello ha obligado a formular un procedimiento de licitación restringido a las otras tres grandes entidades auditoras que operan en España, como son EY, PwC y KPMG.
'Jurado' del concurso
Las tres firmas garantizan la idoneidad suficiente para desarrollar un contrato que vincula a distintas sociedades, tanto en España como a nivel internacional, y que incluso puede extenderse en el futuro dado que en el concurso actual no se incluyen los servicios de auditoría de las actividades en Australia. La filial australiana, Cimic, sin duda una de las joyas de la corona de ACS, trabaja con un año fiscal diferente al de España, que va de 1 de julio a 30 de junio. En cualquier caso, la incorporación del imperio empresarial de Florentino Pérez como referencia de cliente es un triunfo para cualquiera de las tres grandes firmas en abierta competencia.
Tanto EY como PwC y KPMG están ultimando estos días sus propuestas de cara a la presentación formal ante un comité de selección constituido en ACS bajo la dirección del consejero delegado del grupo, Marcelino Fernández-Verdes. En el mismo 'jurado' del concurso figuran también el director general corporativo Ángel García Altozano así como algunos de los consejeros que participan en la comisión de auditoría, Carmen Fernández-Rozado, José María Loizaga, Catalina Miñarro y la hermana de Florentino Pérez, Soledad Pérez Rodríguez.
De acuerdo con la modificación que hace unos días ha realizado ACS para adaptar el reglamento de su consejo de administración a las nuevas guías de la CNMV, la comisión de auditoría es la encargada de definir el procedimiento de selección del auditor. A tal efecto, dicho comité deberá emitir una propuesta motivada que contendrá, como mínimo, dos alternativas válidas que serán elevadas al máximo órgano de gobierno de la entidad para su decisión final.
Los exámenes previstos dentro de este proceso se van a celebrar ahora y a poder ser dentro de una misma jornada de trabajo. Cada uno de los aspirantes dispondrá del mismo tiempo y oportunidad para demostrar sus mejores dotes de persuasión en lo que se considera una verdadera 'prueba de confianza". Después será el consejo de administración el que diga la última palabra. En definitiva, para llegar al corazón financiero de ACS hará falta también ganarse el corazón de Florentino Pérez.
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