Unicaja y Liberbank están más cerca de ser un solo grupo. Los consejos de administración de la antigua caja malagueña y la asturiana dieron el pasado martes el visto bueno al proyecto de fusión que presentaron, primero ante los analistas y luego ante la prensa, este mismo miércoles. Manuel Azuaga y Manuel Menéndez serán las cabezas visibles del que será el quinto banco en España en volumen de activos, tal y como han explicado los propios directivos. Pero más allá de los plazos que ahora deben ir cumpliéndose para llegar a la integración definitiva, hay un tema importante sin solventar: el número de salidas de trabajadores y el de cierre de oficinas que serán necesarios para lograr los ahorros que se han prometido sobre el papel.
La entidad resultante de la fusión aspira a lograr 192 millones de euros de sinergias de costes cada año desde 2023. De estas cuantías, y de acuerdo con el propio discurso que se maneja en la entidad, el 90% de los ahorros vendrán de la reducción de gastos -es decir, los menores desembolsos en salarios, seguros sociales y oficinas- y el 10% restante, de las menores amortizaciones que se llevarán a cabo por el deterioro de activos. De acuerdo con estas cifras, se pretende ahorrar unos 173 millones de euros por este concepto cada año.
Para poner en contexto estos números, es necesario remitirse a los gastos que cada año tienen las antiguas cajas tanto en personal como en las propias oficinas. La partida más grande es la que atañe a los salarios y seguros sociales, entre otros conceptos, que se pagan a los trabajadores. En el caso de la entidad heredera de Cajastur, en 2019 esta fue de 325 millones de euros, mientras que los de la absorbente, Unicaja, fue de 388 millones.
De acuerdo con el proyecto de fusión presentado esta misma semana, y tal y como ha explicado el propio consejero delegado de la entidad combinada, Manuel Menéndez, de un total de 540 millones de euros que se espera invertir para el proceso de fusión, íntegramente cargados contra el 'badwill' en 2021, un 70% se corresponderán con los ajustes de capacidad, un 25% deterioro de intangibles y el 5% restante se dedicará a la integración tecnológica. De esta forma, calculo unas inversiones totales de poco menos de 400 millones de euros en los procesos de ajuste.
Para poner en contexto estos números, es necesario hace remitirse a los gastos que cada año tienen las antiguas cajas tanto en personal como en las propias oficinas. La partida más grande es la que atañe a los salarios y seguros sociales, entre otros conceptos, que se pagan a los trabajadores. En el caso de la entidad heredera de Cajastur, en 2019 esta fue de 325 millones de euros, mientras que los de la absorbente, Unicaja, fue de 388 millones.
La nueva entidad prevé el cierre de 200 oficinas de una red comercial total de 1.600 sucursales
Tanto Manuel Azuaga como Manuel Menéndez, al ser preguntados por los recortes que serán necesarios para cumplir los objetivos de sinergias y, por tanto, de rentabilidad, han echado balones fuera y se han limitado a señalar que se completará el análisis de los solapamientos y la economía de escala del proceso sin que "en este momento" se haya tomado ninguna decisión al respecto. Fuentes del sector cifran estos recortes entre los 1.500 y los 2.000 empleados y calculan que podrán echar el cierre de unas 200 de las 1.600 oficinas con las que contarán inicialmente.
Sea como fuere, ambos directivos han recordado que el proceso se llevará a cabo una vez que se concluyan las autorizaciones de la fusión. Para ello, se respetarán los procesos habituales, especialmente en lo que tiene que ver con la consulta de los representante de los trabajadores, manteniéndose las reuniones y negociaciones y "buscando los mejores acuerdos". "Tenemos nuestras estimaciones pero queremos seguir un proceso por el que en primer lugar se comenta con las partes afectadas", señalaba el futuro consejero delegado de Unicaja, Ménendez.
No cierra la puerta a futuras fusiones
La nueva Unicaja quiere consolidarse, "al menos", como quinto banco en España en nivel de activos, puesto al que llegará con unos 109.000 millones de euros tras adelantar a Bankinter. Debido a los procesos de consolidación que actualmente se están viendo en el sector, la pregunta sobre la posibilidad de seguir buscando entidades con el cartel de 'se vende' era casi obligada. "El banco continuará analizando todas las alternativas que puedan crear valor para los accionistas", señalaba en la conferencia a analistas el propio Manuel Azuaga.
Apenas dos horas después, durante la presentación del proyecto a la prensa y ante la reiteración de la misma pregunta, era el consejero delegado, Manuel Menéndez, el que repetía la misma idea añadiendo que, pese a ello, en este momento están centrados en la fusión. La unión que los consejos de administración validaron el pasado martes, se convierte así en la segunda fusión de la nueva ola que ha provocado la Covid-19.
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