El Gobierno empieza a ver el final del túnel de la oleada de arbitrajes que empresas y fondos de inversión mantienen contra el Estado por el recorte a las primas renovables aprobado en 2013. Y, en muchos de los casos, no es la luz lo que espera al otro lado. La Abogacía del Estado, que ha ejercido de valedor de los intereses del Reino de España en sus 'cara a cara' con algunas de las firmas de abogados más potentes del panorama internacional, ha cosechado más derrotas que victorias en esta cruzada. Ahora, Transición Ecológica busca igualar fuerzas y se ha lanzado a contratar un batallón de bufetes vip y 'gurús' legales que apoyen a los servicios jurídicos del Estado para lograr la anulación de los laudos favorables a los inversores.
España llegó a sumar demandas por importe de casi 10.000 millones de euros. Aunque el país se ha anotado importantes victorias en una batalla legal sin precedentes, lo cierto es que el Estado ha obtenido más de una decena de laudos desfavorables en los tribunales arbitrales. A pesar de que la Abogacía ha conseguido rebajar la factura de muchas de las pugnas perdidas, la suma que se le reclama al país se acerca a los 1.000 millones. La mayoría de estos casos se están dirimiendo en el Centro Internacional de Arreglos para la Disputa sobre Inversiones (Ciadi), el organismo de arbitraje del Banco Mundial con sede en Washington.
A fin de evitar un roto para las cuentas públicas, el ministerio que dirige Teresa Ribera, a través del IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía), ha licitado más de una decena de contratos de servicios de asistencia jurídica por importe de más de 3,6 millones de euros en lo que va de año.
Uno de los despachos contratados es Simmons & Simmons LLP. El montante del acuerdo asciende a 480.00 euros. La firma británica asesorará a la defensa del Estado en su batalla por anular el laudo arbitral que obliga a España a pagar 101 millones de euros a Antin -más intereses y costas-. Un dictamen que ha sido cuestionado por la Comisión Europea, que ha abierto una investigación al respecto. A finales de 2021, el Gobierno contrató los servicios del despacho estadounidense K&L Gates para detener la ejecución de dicho laudo, como avanzó La Información.
El Gobierno también ha fichado a la unión de Sovereign Arbitration Advisors y Williams and Connolly, dos de las firmas más potentes en Estados Unidos, para asesorar en la oposición a las solicitudes de reconocimiento y ejecución del laudo dictado en el procedimiento arbitral de Hydro Energy e Hydroxana Sweden, que reclama a España 132 millones ante los tribunales de EEUU. El importe del contrato supera los 426.657 euros. El Ejecutivo ya contrató en 2020 a esta última firma para la defensa de España en el arbitraje contra el fondo de inversión británico InfraRed Capital Partners, que logró un laudo favorable que obligaba a España a abonar una indemnización de 28 millones.
El Ejecutivo reserva cinco contratos para 'gurús' legales
No es la primera vez, por tanto, que el Gobierno recurre al asesoramiento externo en esta cruzada. El paquete de acuerdos con firmas de abogados más importante hasta el momento se cerró en 2020, en plena pandemia, cuando la cartera que dirige la vicepresidenta tercera cerró más de media docena de contratos confidenciales con grandes bufetes de Estados Unidos, Suiza o Australia, como adelantó en su momento este medio.
A diferencia de lo que sucedió hace tres años, el Gobierno pelea ahora in extremis para anular una decena de laudos desfavorables. En este contexto, Transición Ecológica ha abierto el abanico y se ha lanzado a la caza de 'gurús' legales que blinden la defensa de los intereses nacionales en los tribunales arbitrales.
Es el caso del contrato que el departamento energético ha cerrado con el profesor Ricardo Gosalbo Bono, ex asesor jurídico de la Comisión Europea (1988-1998) y antiguo director del equipo de Relaciones Exteriores del Servicio Jurídico del Consejo de la UE. El montante del acuerdo, 45.00 euros. El ministerio ha contratado sus servicios de asistencia jurídica especializada para lograr la anulación del laudo que exige a España pagar más de 30 millones a la alemana Steag GmbH, que hace un año logró una sentencia favorable del Ciadi.
España cuenta con la baza de la 'sentencia Komstroy' que dejó en vía muerta el pago de indemnizaciones por los arbitrajes renovables
El IDAE está pendiente de adjudicar otros cuatro contratos destinados a expertos en materia de derecho administrativo y asesoría financiera. Tanto estas convocatorias como las dedicadas a las grandes firmas de abogados se están tramitando vía procedimiento negociado sin publicidad.
El Gobierno aún no ha efectuado ninguno de los pagos exigidos y encara la recta final de algunos de estos procedimientos con un as en la manga. Se trata de la 'sentencia Komstroy' que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictó el año pasado. Esta indica que los inversores con sede en un país de la UE no pueden recurrir a la cláusula de arbitraje del Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) en sus procesos contra ningún Estado miembro.
Esto podría derivar en un cambio de campo de batalla en la cruzada por el recorte a las renovables hacia tribunales ordinarios o administrativos. Dado que muchos de los fondos y empresas que aún litigan contra España por el citado recorte lanzaron su ofensiva jurídica teniendo su sede en Holanda y Luxemburgo, la 'sentencia Komstroy' podría cambiar el curso de una pelea que ha erosionado la imagen internacional de nuestro país en el transcurso de la última década.
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