El Gobierno da un paso al frente para intentar cerrar una parte del cerca de medio centenar de arbitrajes que mantienen decenas de fondos y empresas contra el Estado español por los cambios regulatorios que han ejercido los diferentes ejecutivos en el sector de las energías renovables. Los demandantes reclaman en total casi 10.000 millones de euros mientras que la Abogacía del Estado está intentando reducir esa factura. De esta forma, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha tenido que contratar durante el estado de alarma a siete prestigiosos despachos de abogados internacionales para intentar conseguir condenas lo más satisfactorias posibles para los intereses nacionales, según explican a La Información fuentes de la Vicepresidencia cuarta. La situación lo exigía ya que, si el Estado no recurre a los servicios de esto bufetes, España se vería expuesta a una condena que podría resultar mucho más costosa.
Es el departamento que dirige Teresa Ribera el que, a través de la Abogacía General del Estado, ha cerrado esta más de media docena de contratos confidenciales con grandes bufetes de Estados Unidos, Suiza o Australia, según detallan las mismas fuentes. La mayoría de ellos (todos salvo uno que aún está pendiente de adjudicación) se han cerrado bajo un procedimiento de contratación urgente negociado sin publicidad. Es decir, no ha habido un concurso público sino que los servicios jurídicos del Gobierno han elegido los despachos que, según han considerado, mejor pueden defender los intereses nacionales en los respectivos países. Hay que recordar que la Abogacía del Estado no puede hacer su trabajo fuera del territorio español, por lo que tiene que echar mano de estas contrataciones cuando los demandantes piden la ejecución del laudo.
Uno de los despachos contratados es el suizo Froriep Legal, con el que el Gobierno ha firmado dos acuerdos por valor de 335.000 y 250.000 euros. Este bufete se encargará de la asistencia jurídica en el proceso arbitral contra España abierto por un grupo de fondos de inversión agrupados en The PV Investor. En concreto, el Gobierno ha firmado sendos contratos con este despacho con sede central en Zurich "para la oposición al recurso de anulación del laudo arbitral instado" por The PV Investor, por un lado, y para el "estudio, preparación y presentación de cualquiera de los remedios procesales (anulación) del laudo arbitral". Este proceso se está desarrollando en los tribunales suizos.
Hay que recordar que el Estado español salió victorioso el pasado mes de febrero de un procedimiento arbitral entre The PV Investors y el Reino de España en el Uncitral, la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. La condena para España fue de 90 millones de euros, muy por debajo de los 1.910 millones que pedían los inversores que en su día apostaron por el negocio de las renovables en nuestro país. Para este procedimiento el despacho de asesoramiento fue Herbert Smith.
Otro bufete que ha contratado el Gobierno es K&L Gates, un gigante del mundo de la abogacía con sede de Pittsburgh, Pensilvania. El montante del acuerdo, 213.803 euros. Esta firma, de la que fue socio el exdiputado de CiU, Ignasi Guardans, se encargará de la asistencia jurídica especializada en el caso del laudo de Watkins Holding y otra serie de compañías propietarias de parques eólicos en nuestro país. Este proceso se desarrolla en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), en Estados Unidos, órgano que ya condenó a España a pagar 77 millones de euros a los demandantes a principios de año.
España también ha firmado dos contratos con la unión de Sovereign Arbitration Advisors y Williams and Connolly, dos de las firmas más potentes del sector en Estados Unidos. El primero de ellos, por valor de 231.331,50 euros, es para el laudo de InfraRed Environmental Infrastructure, propiedad del fondo de inversión británico InfraRed Capital Partners, por el procedimiento abierto ante el Tribunal Federal del Distrito de Columbia. El segundo, por 241.731 euros, afecta al procedimiento de RREEF Infrastructure en el mismo Tribunal Federal norteamericano.
El prestigioso Squire Patton Boggs es otro de los bufetes que ha contratado el Gobierno por 225.854,52 euros. En este caso, para hacer frente al procedimiento contra 9Ren en los tribunales de Australia. Esta firma fue adquirida hace tres años por Gamesa. Por último, el Ministerio para la Transición Ecológica ha firmado un séptimo contrato con Johnson Winter and Slattery, despacho con sede en Australia, por valor de 400.144 euros para abordar el arbitraje también contra RREEF Infrastructure, en este caso ante los tribunales del país oceánico.
Respecto al procedimiento negociado sin publicidad utilizado por el Gobierno, fuentes de Transición Ecológica añaden que "los contratos se materializan cuando hay obligación de personación en tiempo y forma de un abogado". El formato, además, "está amparado en los casos en los que es necesario defender los intereses generales, según se recoge en la Disposición adicional tercera, punto 4, del RD 463/2020 del Estado de Alarma", añaden.
El Gobierno ha licitado en los últimos días un octavo contrato para otro de estos arbitrajes. En concreto para el que abrió Canepa Green Energy contra el Estado español en el citado Ciadi, organismo dependiente del Banco Mundial. En esta caso las características del contrato, pese a ser confidencial, sí están publicadas en la Plataforma de Contratación del Estado. El presupuesto previsto por Transición Ecológica es de 883.300 euros, muy por encima del resto de acuerdos con otros bufetes extranjeros. Se encuentra pendiente de adjudicación.
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