El goteo que no cesa. El Tribunal Supremo continúa dando salida al aluvión de recursos presentados para conceder licencias VTC, utilizadas por plataformas como Uber o Cabify. Este mes de abril, en el que ha dejado ya visto para sentencia el caso que puede acarrear la liberalización total de este sector, ha dado luz verde a tres reclamaciones que suman más de un centenar de permisos.
La mayoría de éstos acabarán en manos de Ares Capital, el gestor de los hermanos Ortigüela, recientemente adquirido por el megafondo de inversión King Street Capital.
¿De dónde vienen?
Todos estos recursos son referidos a peticiones de licencias en el periodo comprendido entre 2013 y 2015. El Gobierno de Rajoy aprobó en 2013 la reforma de la ley de transportes con el objetivo de recuperar la ratio de una licencia VTC (vehículos con chófer privado) por cada 30 de taxis.
Esa limitación fue una exigencia de los taxistas durante años, para intentar frenar la competencia que suponían estos servicios. Entre esa ley y el reglamento aprobado 'in extremis' en 2015 por el Ejecutivo, miles de permisos se siguieron reclamando.
Ante el 'no' de las administraciones, los solicitantes recurrieron a los tribunales hasta llegar al Supremo. Los primeros casos de este periodo 2013-2015 se resolvieron en noviembre pasado: 80 primeras licencias concedidas de manera oficial por parte del Supremo, que entendía que en la ley instaurada en 2013 no se rescataba esa limitación 1-30.
100 para Ares Capital
Desde esos dos primeros pronunciamientos no han dejado de gotear los recursos y sentencias. Durante el mes de abril, clave para el proceso judicial con el que el TS confirmará si tumba definitivamente la ratio de licencias y otras limitaciones como la obligación de cumplir al menos el 80% de los servicios en la comunidad de la licencia, ha admitido a trámite (paso previo a la sentencia) otros cuatro recursos. En total, suman 130 autorizaciones.
De ellas, 100 son de Ares Capital, la sociedad creada por el histórico empresario del sector del transporte con chófer Juan Ortigüela, vendida a King Street por 140 millones. Estas están ubicadas en La Rioja y Asturias.
La 'luz verde' a estas licencias es más que previsible. La propia Sala de lo Contencioso lo aclara en sus autos. En uno de ellos, aclara que las cuestiones que se plantean son las mismas que las planteadas en otros presentados durante los primeros meses de 2017. "Nuestra decisión en este recurso será la misma que ya hemos adoptado en dichas resoluciones", asegura.
El decreto-ley, inminente
Mientras el goteo no cesa; esta misma sala tiene ante sí una de las decisiones clave para el sector del transporte. Deberá optar por tumbar o no las dos grandes limitaciones que se impusieron por el Gobierno de Rajoy al sector: la habitualidad (sólo el 20% de los servicios se pueden prestar fuera de la comunidad) y el 1-30. Se espera que la sentencia llegue a final de mes.
En paralelo, el Gobierno ya ha logrado los primeros apoyos para la convalidación en el Congreso de un decreto-ley que podría aprobar este viernes o, como máximo, el próximo para rescatar esa ratio y así blindar la limitación ante una posible sentencia desfavorable del Supremo. Una decisión polémica con la que el poder legislativo trata de enmendar una decisión del judicial a través de un 'decretazo'.
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