Nuevo revés para Abengoa, declarada en concurso voluntario de acreedores al acumular una deuda de aproximadamente 6.000 millones y no prosperar su última operación de reestructuración. A las nueve de la mañana de hoy una veintena de agentes de la Guardia Civil vestidos de paisano irrumpía en la sede central de la compañía en el complejo Campus Palmas Altas de Sevilla por la puerta de emergencia del Edificio B de Servicios Centrales. Desde ahí han subido a las dos plantas donde están ubicados los servicios de Contabilidad y de Auditoría Interna para iniciar unos registros que continúan y en los que por ahora se han requisado más de 50 ordenadores. Este registro por delitos societarios y contra el mercado y consumidores que llevan a cabo agentes de la Unidad Central Operativa, UCO, ha sido ordenado por el Juzgado central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional. Se desconoce si la operación forma parte de la causa que ya dirige el juez Ismael Moreno sobre la situación de la compañía, investigada por presunta falsedad contable, 'Abengoa II'.
Los agentes de la Guardia Civil desplazados desde Madrid han pedido a los empleados que pararan de trabajar y dejaran encima de sus mesas el DNI, según han contado algunos de los que han vivido en primera persona el registro. Una vez que se han llevado los equipos informáticos les han comunicado a esos empleados que se fueran a casa porque "hoy no trabajaban", según ha informado la presidenta del comité de empresa de Abengoa Energía, Laura Rodríguez. El resto de las áreas de Abengoa en el campus están trabajando con normalidad. Fuentes fiscales han señalado que no prevén que se practiquen detenciones. El Campus Palmas Altas está formado por siete edificios que forman la sede de la multinacional sevillana con una superficie de 96.000 metros cuadrados, de los que 47.000 se destinan a oficinas y el resto a espacios verdes y equipamientos.
Abengoa se declaró el pasado mes de febrero en concurso voluntario de acreedores al acumular una deuda de aproximadamente 6.000 millones y no prosperar su última operación de reestructuración. A mediados de marzo, la multinacional sevillana solicitó a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) el rescate para su sociedad Abenewco 1, a la que traspasó los activos y las actividades más valiosos de la matriz, por un importe de 249 millones de euros, según informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
En concreto, la empresa presentó a la SEPI una solicitud de apoyo público temporal con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, creado por el Gobierno para ayudar a compañías impactadas por la crisis del Covid-19 y dotado con 10.000 millones de euros. La concesión de la ayuda queda pendiente de que la SEPI y los demás órganos competentes completen sus procedimientos internos de 'due diligence', los cuales se realizarán de conformidad y en los plazos previstos en la normativa de aplicación y hasta la resolución definitiva de la solicitud presentada.
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