Iberdrola y BP dan un nuevo paso en su alianza para acelerar el despliegue de la movilidad eléctrica. La eléctrica y la petrolera han remitido a la Comisión Europea la información sobre la 'joint venture' que acordaron en verano del año pasado y sellaron en marzo de este curso, a través de la que planean una inversión conjunta de 1.000 millones de euros en 11.700 puntos de carga rápida, expandiendo la infraestructura necesaria para el coche eléctrico en España y Portugal.
La notificación de la operación, tal y como queda reflejado en el registro oficial de la Comisión, se produjo el jueves de la semana pasada y se ha publicado este mismo lunes. Bruselas matiza que la información ha sido elaborada por Iberdrola y BP "bajo su exclusiva responsabilidad" y que su contenido "no prejuzga en modo alguno" la opinión que pueda adoptar sobre la operación prevista.
Ambas comunicaron el día de la firma del acuerdo que esperaban recibir las aprobaciones regulatorias y de competencia necesarias en la segunda mitad del presente ejercicio. En concreto, la nueva empresa conjunta tendría sede en Madrid con una filial directa constituida en Portugal. El objeto social es claro: la instalación, operación y mantenimiento de una red pública de estaciones de carga para vehículos eléctricos con velocidades de carga superiores a 50 kW de potencia en la Península Ibérica. La operación se encuadra en el marco de alianzas previsto por Iberdrola en su plan Estratégico 2023-2025.
Las dos empresas aportarán sus actuales y futuros puntos
El acuerdo contempla la instalación y operación de 5.000 puntos de recarga rápida en 2025, y se alcanzarían los 11.700 puntos para 2030. Para lograr el objetivo, las dos empresas aportarán a la 'joint venture' sus actuales y futuros puntos de recarga rápida. También están colaborando para desarrollar soluciones conjuntas para la recarga pública y doméstica en el Reino Unido.
Iberdrola ha superado los 5.000 puntos de recarga en España, tras sumar más de 200 cargadores al mes durante 2023. Además, cuenta con otros 3.000 más en construcción y otros 2.00 a la espera de trámites administrativos. Pero su ambición va mucho más allá y su plan es llegar a los 150.000 puntos de recarga en hogares/empresas y la vía pública en los próximos años. Para ello prevé importantes acuerdos con fabricantes de automóviles, ayuntamientos, comunidades autónomas y socios clave para la movilidad eléctrica.
Otra alianza con el mismo fin y también entre una eléctrica y petrolera es la de Cepsa y Endesa. Bajo su estrategia 2030, ‘Positive Motion‘, la petrolera anunció el año pasado que desarrollaría "el mayor ecosistema de movilidad eléctrica en España y Portugal" junto a Endesa, con una red de recarga ultrarrápida en carretera que alcanzará una ratio mínima de un cargador de 150 kW cada 200 kilómetros en las principales carreteras y vías interurbanas.
La patronal de fabricantes de vehículos Anfac advierte de que España debería multiplicar por cinco su red de carga de alta potencia con el objetivo de que los tiempos de recarga se reduzcan a menos de 30 minutos de media. Considera que este año se debería llegar a 3.513 con más de 150 kW si se quiere alcanzar los objetivos anuales de reducción de emisiones del 'Fit for 55'.
Crecen un 16,4% los puntos operativos a cierre del semestre
Por su parte, la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (Aedive) cifra en 25.106 los puntos de recarga operativos en el país a 30 de junio de este año, lo que supone un 16,4% más respecto al mismo periodo de 2022. También estima que hay unos 6.800 pendientes de ser puestos en servicio. En caso de activarse todos, la red superaría los 31.000, una cifra todavía muy lejana al objetivo marcado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado con fondos europeos, en el que se indicaba que se desplegarían entre 80.000 y 110.000 puntos en 2023, entre aparcamientos y carreteras.
Por otro lado, desde el sector también avisan de la mala imagen que da para los usuarios los "puntos de recarga fantasma". "O bien están a falta de permisos de conexión o no se encuentran activos", señala el director general de Anfac, Jose Lopez-Tafall. La burocracia vuelve a ser así un límite para el impulso de la descarbonización. Los operadores tienen pueden llegar a esperar hasta un año y medio (y hasta dos) solo para conseguir autorización para iniciar la instalación del punto de recarga.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha lanzado una consulta pública sobre infraestructuras de recarga para vehículos eléctricos con el fin de recabar las opiniones de los diferentes agentes del sector (empresas, asociaciones, administraciones públicas, usuarios de vehículos, etc.) respecto a los problemas que encuentran en el desarrollo de la instalación y puesta en marcha de los puntos.
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