El grupo tecnológico Indra desvela que durante los primeros seis meses del año ha tenido que verse las caras con Hacienda en dos ocasiones. La más llamativa se produjo en enero, cuando la Agencia Tributaria le notificó una propuesta de liquidación "vinculada a delito" por un importe que asciende a 429.000 euros. La segunda estaba ligada a una inspección fiscal que acabó en el pago de 16,9 millones de euros.
Así lo confirma la empresa en el informe correspondiente al primer semestre del año presentado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). En él se limita a insistir en que se trata de un delito, sin precisar a qué se refiere. Un portavoz de la empresa explica a La Información que no se trata de una cuestión pública. Confirma que ya se ha abonado el importe pendiente.
No es el único desencuentro que la compañía presidida por Fernando Abril-Martorell ha mantenido con la Agencia Tributaria. Tras una inspección del Impuesto de Sociedades de los ejercicios comprendidos entre 2011 y 2014, ha sido señalada. El grupo tuvo que firmar "en disconformidad" un acta por importe de 16,9 millones de euros (sin incluir las sanciones ni los intereses de demora). A partir de ahora recurrirá ante los tribunales esta decisión.
En sus cuentas, Indra ha compensado esos 16,9 millones. ¿Cómo? Básicamente aplicando las bases imponibles negativas y las deducciones pendientes. La consecuencia: el pasivo total que debería abordar es de 7,6 millones de euros. A esto habría que sumar otras actas que se han firmado en disconformidad por el IVA. Suponen otros 460.000 euros. Al igual que la anterior, tampoco incluyen la sanción.
La tecnológica española se muestra optimista respecto a estas particulares 'batallas' que mantendrá con la Agencia Tributaria. De hecho, ha decidido no provisionar nada en sus cuentas por entender que el riesgo de derrota "no es probable".
2,5 millones a la cúpula
Al margen de los ‘affaires’ de Indra con la Agencia Tributaria, la compañía hace balance en su memoria de las retribuciones a su cúpula durante los primeros seis meses del año. La alta dirección sumó 2,5 millones de euros de remuneraciones, lo que supone un 25% más que un año antes.
¿La razón de ese incremento? Principalmente, los 597.000 euros que se abonaron a dos exdirectivos de la compañía por el pacto de no concurrencia suscrito. Uno es Javier Martín, consejero delegado de Tecnocom, quien salió en diciembre de 2017. El otro es Carlos Suárez, que era el director de Defensa y Seguridad de la Tecnológica.
Esas mismas compensaciones por el pacto de no concurrencia también se han tenido que abordar en el consejo de administración. El beneficiario: Javier de Andrés. El ya ex consejero delegado de la compañía fulminado en el mes de diciembre, recibió durante el primer semestre de 2018 un total de 825.000 euros.
El propio De Andrés, hoy imputado por el ‘Caso Púnica’, se embolsó con su salida de la compañía un total de 8,7 millones de euros entre indemnización (614.000 euros), pago en acciones (2,2 millones), remuneraciones varias (1,6 millones) y su propio plan de pensiones (4,96 millones).
Indra desvela estos pagos al cierre de un semestre en el que ha recortado ligeramente su resultado. Su beneficio se redujo un 3% entre enero y junio y ganó 37 millones de euros. En cambio, sus ingresos se elevaron un 6,1 % (un 9,4 % en moneda local) hasta los 1.463 millones de euros. El mercado ha celebrado con creces estos números: sus acciones se revalorizaron casi un 6%.
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