La inseguridad jurídica y un alza en los precios sobrevuelan el mercado inmobiliario. El auge de este tipo de viviendas que las grandes ciudades tratan de fomentar ha hecho que los cimientos del mercado comiencen a temblar y la sombra del aumento de precios se cierna de nuevo sobre el mercado inmobiliario. Barcelona ha sido la última ciudad en aprobar una medida concreta al respecto, pero no ha sido la única.
Los ayuntamientos, sobre todo aquellos en los que gobiernan los 'políticos del cambio', han apostado por aumentar el parque de viviendas sociales públicas. La última iniciativa en este campo, la de Ada Colau en Barcelona, consiste en un acuerdo por el cual el 30% de los edificios de nueva construcción o de grandes remodelaciones, es decir, aquellos con más de 600 metros cuadrados deberán contar con un 30% de vivienda social. Desde el consistorio afirman que la medida se fundamenta en "el derecho a la vivienda" mientras que la inseguridad jurídica comienza a hacerse ver en el sector inmobiliario de la capital catalana y el auge en los precios vuelve a asomar.
Con respecto al caso concreto de Barcelona, Beatriz Toribio, experta de Estudios de Fotocasa, confirma la existencia de la "inseguridad jurídica" que la medida supone para los promotores de vivienda en Barcelona. "Genera más problemas que beneficios", afirma Toribio, que destaca que supone un cambio de planes para los promotores que ya tenían intención de construir en la ciudad condal.
Por otro lado, fuentes del sector argumentan a La Información que la vivienda libre podría aumentar su precio al tener una cota tan elevada de unidades bajo protección. El precio del metro cuadrado en la Ciudad Condal supera ya los 4.000 euros, según datos del sector, y podría verse incrementado a partir de la aplicación de esta medida el próximo otoño.
La decisión de Ada Colau, que ha sido apoyada por el PSC, la CUP y ERC, tiene como fin ampliar el parque público de vivienda en unas 300 o 400 unidades al año, según confirman desde el ayuntamiento de la ciudad. La aplicación, uno de los puntos en los que los grupos políticos presentes en el consistorio no se ponían de acuerdo, se realizará finalmente en otoño, y no de forma inmediata como pretendía la CUP.
El "cambio de paradigma" al que se refería la alcaldesa de Barcelona tras aprobar la medida podría expanderse a otras zonas de España y sentar un precedente para otras ciudades. Este el caso de Madrid cuya alcaldesa, Manuela Carmena, ha recalcado en numerosas ocasiones la necesidad de establecer un porcentaje de vivienda social en las nuevas construcciones. Carmena afirmaba al inicio de su mandato que su fin era dejar Madrid con un parque de domicilios sociales similar al que tenía antes de la crisis, es decir, unas 10.000 unidades.
"Aunque no se para la especulación ni el negocio, se obliga a los operadores privados, que hasta ahora no han asumido ninguna responsabilidad por el dolor que han causado, a corresponsabilizarse", afirmaba Ada Colau. Estos "operadores privados" a los que se refiere la alcadesa de la ciudad condal confirman las dudas sobre la operación y destacan que se trata de un "gran cambio de planes" con respecto a la promoción de viviendas.
Los expertos relacionan esta medida con la necesidad del aumento de la oferta de viviendas en régimen de alquiler. Los precios de estas operaciones se han disparado en los últimos meses en las grandes ciudades y la vivienda social podría ayudar a descongestionar este mercado para las personas más vulnerables. A pesar de ello, la normativa no obligará a las promotoras privadas a dedicar las viviendas construidas al alquiler, ya que podrán decidir el régimen en el que las pondrán en el mercado.
La nueva medida de Ada Colau ha sido tachada de "electoralista" por los profesionales del sector que ven como algo "ilegal" el hecho de que la construcción en barrio consolidado también se vea afectada, ya que el precio percibido por el inmueble podría no ser el inicialmente planeado por la promotora.
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