El alquiler está creciendo a un nivel nunca visto desde los años 70 en España. Así, al inicio de la crisis, solo el el 7,7% del parque residencial era en régimen de alquiler, mientras que ahora se sitúa en torno al 24%, según datos del INE. Además, las rentas se revalorizaron el pasado ejercicio una media del 8,9% en España, subida que alcanzó un 49% en Cataluña desde 2013, mientras que en Madrid llegó al 27%. Esta bonanza ha supuesto, sin embargo, una vuelta a la picaresca en los arrendamientos: actualmente más del 40% no se declaran al completo a Hacienda y en algunas zonas esta cifra se eleva al 75%, según las estimaciones del sindicato de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha). Es decir, hay algo más de un millón de viviendas alquiladas que escapan al control del fisco.
No solo eso. Además, hay otras 367.059 viviendas que se ceden de forma gratuita o a bajo precio, y que generalmente no cometen fraude porque el propietario aplica en el IRPF un porcentaje del valor catastral como renta imputada. "Cada vez es más habitual encontrar este tipo de intentos de fraude, sobre todo con el incremento del alquiler turístico y a pesar de la presión que está ejerciendo la Agencia Tributaria. No suele tratarse de alquilar 'bajo cuerda', sino de arrendar por un precio más elevado que el que estipula el contrato, es decir, pagar una parte en 'b'. Sin embargo, todavía no se ha llegado al nivel anterior a la crisis. Por ejemplo, en 2007 alquileres fraudulentos alcanzaban el 54,03%, según Gestha", comentan fuentes del Gilmar.
En este sentido, desde 2015 Hacienda incluye dentro de sus líneas prioritarias de investigación los arrendamientos en negro, con especial celo sobre los alquileres vacacionales y las ofertas en portales de Internet, tal y como recoge el Plan de Control Tributario. Solo durante la última campaña, se envió una notificación a, al menos, 136.000 caseros y este año previsiblemente se superarán las 250.000. "De acuerdo con los datos de que dispone la AEAT, usted ha realizado anuncios de alquiler de inmuebles en diferentes medios publicitarios, incluido Internet. Le recordamos que en caso de haber recibido rentas por alquiler, deben incluirse en la declaración, así como cualquier tipo de renta por la que se deba tributar y no conste en los datos fiscales", advertían estas misivas.
Jubilados y compradores del boom
Según el Sindicato de Técnicos de Hacienda, quienes defraudan con el cobro del alquiler se enmarcan mayoritariamente en dos perfiles. Bien jubilados que ya no necesitan su segunda vivienda y la alquilan para complementar la pensión, bien aquellos que durante el boom inmobiliario compraron una nueva casa y arriendan la antigua para pagar la nueva hipoteca. A pesar de ello, advierten, la Agencia Tributaria utiliza diferentes fuentes de información para detectar los arrendamientos sospechosos, como ver el consumo energético, que permite saber que la vivienda no está vacía. Además, se recaban datos de aquellos organismos públicos en los que los propietarios están obligados a depositar los avales de los inmuebles que alquilan a terceros y se revisan los portales online en busca de pistas sobre si estos pisos han formado parte de la oferta del parque de viviendas en arrendamiento.
"Una vez se tienen sospechas suficientes, se comprueban los ingresos del propietario para detectar si hay un descuadre que pudiera estar motivado por el cobro de rentas de alquiler, algo fácil de ver en el caso de los pensionistas. Según consta en los resultados de la AEAT, la detección de arrendamientos en negro copó un tercio de las visitas presenciales de los inspectores. En concreto, de las 24.491 actuaciones que estuvieron relacionadas con el destape de la economía sumergida, 8.160 se correspondieron con el control de alquileres no declarados, un incremento del 49% respecto al ejercicio anterior", aseguran fuentes de este sindicato.
El próximo mes de julio quienes intenten este tipo de fraude lo tendrán todavía más complicado, ya que entra en vigor de nueva obligación fiscal que exige a las plataformas online informar sobre los arrendamientos registrados como turísticos, así como de la identidad del propietario y de los inquilinos, dirección completa del inmueble –incluida la referencia catastral–, ingresos percibidos, número de contrato... A pesar de que estos datos no se podrán utilizar este año –ya que el plazo para presentar la Declaración de la Renta concluye el 2 de junio–, sí podrán ser de gran utilidad en la campaña de 2019. Quienes no declaren estos ingresos, además de la correspondiente multa de Hacienda, perderán el derecho a acogerse a la reducción del 60% en el futuro.
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