Miércoles, 19.12.2018 - 09:22 h
No descartan demandas 

Los promotores están en pie de guerra: Madrid deja en el aire más de 57.000 VPO

Los retrasos de la Operación Chamartín y la paralización de los desarrollos del sureste han limitado el número de VPO en la Comunidad.

Los 'pistoleros' vuelven a reclutar trabajadores en negro para la construcción. (EFE)
 Sin fecha para comenzar las obras (EFE)

La vivienda protegida escasea. Si en 2006 se iniciaron casi 100.000, una década después, en 2016, la cifra se redujo a unas 6.000, de las que 2.695 fueron en la Comunidad de Madrid, según los últimos datos publicados. La recuperación del sector de la construcción auguraba un renacimiento de las VPO. Sin embargo, tras el nuevo retraso de la Operación Chamartín y la paralización de los desarrollos del sureste, la capital ha visto como se esfuma el sueño de más de 57.000 viviendas protegidas que iban a ver la luz en los próximos años.

La ahora conocida como Operación Madrid Nuevo Norte, tras casi 25 años de idas y venidas, parecía haber llegado a su fin a principios de este año. Sin embargo, los técnicos del Ayuntamiento de Madrid han vuelto a paralizar el proyecto ya que consideran la altura de los edificios recogidos en el último documento que desarrollaba el plan no cumplía con lo pactado entre Fomento, BBVA y el Consistorio madrileño. Consecuencia de ello, se ha vuelto a dilatar la construcción de unas 2.200 viviendas protegidas.

Más grave es el caso del sureste de Madrid. El Ayuntamiento ha anunciado que reducirá a la mitad estos desarrollos urbanísticos, especialmente los de Valdecarros y Los Cerros, para, aseguran, "ajustar la oferta de vivienda a las necesidades reales de la ciudad". Sin embargo, estos proyectos iban a contar con el 50% de las viviendas protegidas de la ciudad, es decir, unas 55.000, ahora de futuro incierto.

La Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid ha criticado la decisión del Gobierno local ya que, dicen, aleja a las clases medias y a los jóvenes de acceder a una vivienda en Madrid. “La parálisis del sureste suspende cualquier generación de Vivienda de Protección Oficial y de Protección Pública. No podemos permitir una sociedad donde los jóvenes no tienen posibilidad de emanciparse porque no pueden acceder a una vivienda, ya sea en compra o en alquiler”, ha asegurado Juan Antonio Gómez-Pintado, presidente de ASPRIMA, que ha recordado cómo los propios datos del Ayuntamiento reflejan un incremento del precio de la vivienda en el último año del 16% en Madrid, y del 36% en el alquiler.

En este sentido, los menores de 35 años tienen que invertir un porcentaje cada vez más alto de su salario en pagar el alquiler, concretamente el 65%, un 10% más que el año pasado, cuando las entidades financieras recomiendan que no supere el 35%, con los gastos incluidos, según pisos.com. Una situación muy distinta a la de sus padres y abuelos, cuyo esfuerzo en este ámbito no solía superar el 15% de su sueldo y que, curiosamente, fueron los que más facilidades tuvieron para acceder a las VPO: entre 1940 y 2011, el 50% de las familias accedieron a su primera vivienda a través de una vivienda protegida.

Alquiler frente a compra


Por su parte, desde el Ayuntamiento de Madrid reiteran su compromiso con la vivienda protegida y recuerdan que han puesto en marcha un plan para construir 4.200 casas, que se destinarán al alquiler. "Una de nuestras prioridades es la vivienda protegida, pero, como todo, se debe hacer con orden. No pueden construirse sin orden ni concierto porque luego suceden cosas como lo que hemos visto hasta ahora: se venden a fondos buitre o acaban pagándose por encima del precio de la vivienda libre. Nosotros proponemos hacer las coas bien, con calidad", comentan fuentes del Consistorio.

Precisamente para atajar este problema, la Comunidad de Madrid anunció la supresión del régimen de alquiler con opción a compra de la VPO. Es decir, quienes deseen acceder a una vivienda protegida solamente pueden hacerlo ahora en régimen de alquiler o como propietarios, pero no podrán alquilar y posteriormente comprar la vivienda en la que han vivido como inquilinos. Según explicaron en la Comunidad, esta modalidad había quedado obsoleta e iba en contra el ciclo inmobiliario, ya que, a la larga, provocaba que el precio de la vivienda libre fuera inferior al de la protegida, de ahí la decisión de eliminarla. Esta decisión se complementa, defienden, con la obligatoriedad de reservar al menos el 30% de los terrenos urbanos para VPO.

A pesar de los esfuerzos por atajar los inconvenientes que rodean a este tipo de casas, los promotores ven en los tribunales la única forma de desbloquear la vivienda protegida en la capital y han anunciado que estudian medidas legales contra la política urbanística del equipo de Carmena, al que acusan de lanzar "un torpedo en la línea de flotación" a los planes de crecimiento de la ciudad y de la generación de vivienda protegida en la ciudad, puesto que "expulsa a los más jóvenes de la ciudad de Madrid" y los "fuerza a buscar sus hogares en los municipios colindantes".

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