El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha solicitado formalmente al Banco Santander que "se abstenga" de presentar pruebas realizadas en el marco de la investigación a los dos últimos equipos gestores del Banco Popular en otros procedimientos judiciales actualmente en marcha. En un auto, el titular del juzgado central de Instrucción número 4 atiende la petición de una de las acusaciones particulares del caso, que denunció que el Santander se había servido de fragmentos de una testifical practicada en la Audiencia Nacional para su defensa en una demanda civil.
La acusación sostenía que el banco había vulnerado una norma vigente en el ordenamiento jurídico español al facilitar a otro letrado la copia de, al menos, una de las declaraciones testificales del caso Popular. Una "actuación irregular" que continuó cuando el Santander dio acceso a dicha documentación al perito contratado para los procedimientos civiles, que durante la vista oral de la demanda, celebrada el pasado marzo en Gavà (Barcelona), dijo haber recibido la transcripción "no sólo de las declaraciones de los peritos del Banco de España sino de todas las que se están practicando".
Ahora el magistrado estima los argumentos de la acusación y recuerda que, de conformidad con la Ley de Enjuiciamiento Criminal, "ninguna de las partes puede hacer uso en otro procedimiento de las diligencias practicadas en esta causa" mientras se encuentre en fase de instrucción. Por ello, el Santander "no puede, entre otras cosas, aportar en procedimientos civiles declaraciones de investigados o testigos" practicadas en la vía penal "pues, de lo contrario, podría estar infringiendo el mandato legal".
La causa que instruye la Audiencia Nacional comenzó en octubre de 2017 con la admisión a trámite de varias querellas contra los dos últimos equipos gestores del Popular, incluidos sus expresidentes Ángel Ron y Emilio Saracho, por presuntos delitos societarios. El magistrado abrió entonces dos piezas separadas, la primera que investiga al equipo de Ron por la ampliación de capital por importe de 2.500 millones de euros que acometió la entidad en 2016. La segunda, en cambio, versa sobre los 108 días de mandato de Saracho, y se centra en un posible delito de manipulación del mercado con noticias falsas para hacer caer el valor de la cotización.
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