Andalucía Dental Proyecto Odontológico es una sociedad hólding con sede en Madrid bajo cuyo paraguas operaban 27 clínicas de la red de iDental, situadas principalmente en Andalucía -'zona cero' de la estafa de la controvertida red de clínicas dentales, con miles de afectados- pero también en otros puntos de España como Barcelona, Valladolid, Burgos o Santander, dentro del complejo entramado societario construido por los dueños de la red presuntamente para enmascarar su operativa.
La empresa acreditaba un historial de sanciones de la Junta de Andalucía por "conductas fraudulentas" y "desatención a los clientes" en las clínicas bajo su gestión y el pasado 13 de mayo el titular del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid decidió finalmente su declaración en concurso de acreedores, preservando eso sí las facultades de administración y disposición de su patrimonio y bajo la Administración Concursal de EY Abogados, la misma fórmula que se utilizó para sustanciar la declaración de quiebra el pasado mes de marzo de otra de las empresas bajo las que operaban las clínicas del entramado iDental: Cataluña Dental Proyecto Odontológico.
La declaración de quiebra es un paso necesario en este tipo de procedimientos sobre empresas que ya no operan con normalidad y que tienen dificultades para atender sus compromisos económicos, en este caso exacerbados por las reclamaciones de reparación económica de los afectados por las malas prácticas de las clínicas de iDental, pero es también un torpedo en la línea de flotación de los intereses de las víctimas, ya que la legislación concursal establece un orden de prelación en el cobro que privilegia a los acreedores públicos -Agencia Tributaria y Seguridad Social- y también a los proveedores sobre los individuos, según explican fuentes jurídicas.
Sólo las cuentas pendientes con la Seguridad Social ascienden a más de 23,6 millones de euros, lo que unido a las deudas tributarias y a las cantidades que reclamen los principales acreedores de la red de clínicas dentales hace complicado que la eventual liquidación de los activos del grupo pueda alcanzar para cubrir las indemnizaciones que exigen los afectados. "Nuestros abogados nos están recomendando que no acudamos al proceso concursal porque las posibilidades de que nos devuelvan nuestro dinero son remotas", asegura Benito, uno de los afectados. "En estas condiciones nos dicen que lo mejor es acudir a la vía civil para exigir la responsabilidad subsidiaria de la aseguradora que daba cobertura a las clínicas. Nos dicen que esa vía es más factible".
El nuevo escenario empuja a los afectados a litigar por la vía civil para conseguir sus objetivos, que en la mayoría de los casos no son más que recuperar el dinero que pagaron por tratamientos que o bien nunca recibieron o que se ejecutaron de manera lamentable generando secuelas de todo tipo a los afectados. Y gracias, porque de no mediar la intervención judicial tendrían que haber hecho frente a la devolución de la financiación recibida para pagar esas intervenciones aún en los casos en que nunca se concretaron.
El desplome del castillo de naipes edificado bajo la marca iDental comenzó poco antes del verano de 2018 cuando la acumulación de quejas y denuncias de usuarios y organismos públicos obligó a echar el cierre a las primeras clínicas de la enseña, al tiempo que el entonces consejero delegado del grupo, Luis Sans, se enredaba en una batalla legal con su propio Consejo de Administración. El Ministerio de Sanidad tomó cartas en el asunto para dar cauce a las miles de denuncias de afectados por la mala praxis de las clínicas de iDental y el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid abrió las primeras diligencias para hacerse cargo del asunto.
La matriz del grupo iDental, la sociedad Dental Global Management, se declaró en quiebra en agosto de 2018, pero la gran mayoría de las clínicas no 'colgaban' de esa matriz sino de diferentes sociedades hólding como Andalucía Dental Proyecto Odontológico. El entramado societario creado por los impulsores de iDental estaba formado por más de 60 compañías, en algunos casos dedicadas a la aplicación de tratamientos dentales, pero también a otras tareas como el arrendamiento de las clínicas, la gestión de los servicios informáticos, la venta de material protésico a los franquiciados, la restauración o el mantenimiento de las clínicas.
El embrollo judicial del 'caso iDental'
Las miles de quejas generadas en toda España por la mala praxis de las clínicas de iDental hizo que el caso adquiriera una magnitud que obligó a los distintos juzgados locales que tramitaban las denuncias de los afectados a inhibirse en favor de la Audiencia Nacional. El magistrado José de la Mata asumió la investigación el pasado mes de julio de 2018 e impulsó una estrategia de coordinación con 14 comunidades y el Ministerio de Justicia para fijar las directrices de actuación.
Desde entonces, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 ha abierto un millar de piezas y ha encaminado las diligencias, por un lado, a intentar evitar que los afectados sigan teniendo que responder económicamente por los tratamientos inacabados y, por otro, a estrechar el cerco sobre la antigua cúpula, a la que se culpa de la situación generada en la red de clínicas. De hecho, el instructor ordenó a los bancos con los que los afectados tenían suscritos los créditos que no reclamaran el abono de los mismos y que no les incluyeran en sus ficheros internos por impago. No obstante, las víctimas denuncian que siguen recibiendo llamadas telefónicas y correos postales en los que las entidades en cuestión les reclamaban las cuantías pendientes.
Ante la magnitud del macroprocedimiento y en aras de facilitar la instrucción, De la Mata limitó el número de acusaciones particulares obligando a las víctimas a agruparse en un total de seis personaciones; un movimiento que no ha gustado a los querellados, que alegan que deben defenderse por separado para que no se vean mermados sus derechos de defensa. Tanto es así que algunos colectivos ya han recurrido a la Sala de lo Penal la decisión del instructor al denunciar que con este movimiento procesal se puede producir una “doble estafa” puesto que la agrupación con otras acusaciones puede derivar en un coste añadido.
Con todo, el juez puso fin el pasado viernes a la pieza separada relativa a la investigación abierta contra la excúpula del grupo de cadenas 'low cost'. De este modo, De la Mata procesó a un total de siete acusados (entre ellos el expropietario Luis Sans) por un total de 24 delitos contra la Seguridad Social. De hecho, el magistrado considera que hay indicios para que acaben en el banquillo de los acusados teniendo en cuenta que les atribuye un fraude a la Seguridad Social de 23,6 millones de euros; cuantía que correspondería con impagos del grupo al sector público.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios