La empresa pública Enresa, encargada de gestionar los residuos radioactivos que generan los siete reactores que funcionan en España, no podrá contar con una hoja de ruta firme y avalada por todas las partes implicadas en el proceso -desde el Gobierno hasta el Consejo de Seguridad Nuclear- hasta el año 2022. En esa fecha, el VI Plan General de Residuos Radioactivos (PGRR) en vigor tendrá 16 años de historia. Las exigencias de la Ley de Evaluación Ambiental de 2013 marcan los tiempos. El Gobierno ha enviado a Bruselas este mes el informe de cumplimiento de las directivas de seguridad nuclear y protección radiológica que exige la UE bajo amenaza de sanciones.
España ha traspuesto la Directiva de Seguridad Nuclear de la UE -lo hizo en 2018-, pero ha sobrepasado el plazo de trasposición de cinco años en el caso de la norma comunitaria de Protección Radiológica, aprobada en 2013. Según fuentes ministeriales, para incorporar la legislación comunitaria en este apartado es necesaria la intervención de varios ministerios como Interior, Sanidad o Fomento, además del Ministerio de Transición. Los retrasos pueden costar caro. Bruselas abrió en 2018 procedimiento de infracción a España y otros diecinueve países de la Unión Europea (UE) por no aplicar correctamente las normas comunitarias sobre residuos nucleares.
Con el horizonte del apagón nuclear en ciernes, el plan elaborado por Enresa está enredado en trámites. El documento se encuentra en periodo de consulta pública que acaba el 12 de agosto. Luego, la dirección General de Política Energética del Ministerio de Transición elaborará un "documento de alcance" medioambiental. El proceso no acaba ahí. El paso siguiente es la vuelta del plan a Enresa para que la empresa pública elabore un Estudio Ambiental Estratégico. Enresa precisa que solo este último paso ocupará entre 1,5 y dos años. Además, el Plan General de Residuos Radioactivos (PGRR) tiene que pasar el filtro del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).
Reto económico
Con el apagón nuclear ya pactado con las empresas eléctricas propietarias de centrales, urge encontrar una solución a los residuos y al material contaminado de los desmantelamientos. Es un reto de ingeniería y también económico. En enero, el Ministerio de Transición Ecológica aprobó por decreto una subida del 19,2% a la tasa que pagan las eléctricas propietarias de centrales -Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP- para hacer colchón y atender las necesidades del proceso de cierre de instalaciones.
Porque cerrar el parque nuclear durante los próximos 15 años no va a ser barato. La asociación Foro Nuclear calcula que la gestión de residuos y clausura de instalaciones costará en torno a los 19.000 millones de euros. Eso en el mejor de casos y siempre que el Gobierno adopte las soluciones menos costosas para hacer frente al cierre de los siete reactores entre 2027 y 2035. Es un reto para un país que hasta fecha reciente no había puesto mucho interés en los cálculos.
La mala posición de España ante los planes para desmantelar su parque nuclear está detallada en documentos publicados por la Comision Europea (2016) con datos de Euratom. Según esos informes, España sólo supera en capacidad de financiación para desmontar sus instalaciones nucleares a los países que una vez estuvieron tras el Telón de Acero: Hungría, Lituania, Rumanía, Eslovenia, Eslovaquia, República Checa, Bulgaria y Croacia.
Un coste fijo
El coste del desmantelamiento de las centrales es un coste fijo. Es independiente de los años de vida que esté operando la central y hay que añadirle, además, el coste total de gestionar unos residuos que sí dependen de los años de vida que esté en funcionamiento la instalación. Las dudas sobre las posibilidades de afrontar un cierre de nucleares sin problemas financieros no están despejadas por completo.
No es algo nuevo. El Preámbulo de la Ley 15/2012 de 27 de diciembre de medidas fiscales para la sostenibilidad energética ya reconocía el problema, aunque lo descargó en el conjunto de la sociedad. No sobre las empresas. Según recogía la norma que defendió en su día el ministro de Industria José Manuel Soria (PP) "la valoración del coste total del desmantelamiento de las centrales nucleares y la gestión definitiva de los residuos radiactivos mantienen un alto grado de incertidumbre que, en última instancia, se trasladaría a la sociedad".
