El Gobierno acaba de ponerle fecha de caducidad al coche tal y como lo conocemos. Será en 2040 y afectará a todos los turismos y vehículos comerciales que funcionen con combustibles fósiles, es decir, con gasolina y con gasóleo (e incluso híbridos, ya que también se basan parte de su energía en este tipo de fuente). Además, su circulación no estará permitida diez años después, en 2050, tal y como recogerá la nueva Ley del Clima que acaba de enviarse a los partidos políticos.
La prohibición de matriculación, según fuentes del ministerio, es similar a la de Reino Unido,donde se ha prohibido la venta de coches diésel y gasolina en 2040 y en el año 2050 ya no podrán circular. Francia también ha anunciado que prohibirá la venta de coches de combustión en 2040. Dinamarca, Irlanda, Alemania y Holanda quieren lograrlo en 2030 y Noruega en 2025.
Además, y en plena polémica por el cierre de factorías de la multinacional del aluminio Alcoa, el Gobierno ha accedido a la petición de las grandes empresas consumidoras de electricidad para aprobar un Estatuto de Consumidores Electrintensivos que favorecerá la actividad de la gran industria. El nuevo Estatuto está previsto en el borrador de la Ley del Clima que ha elaborado el Ministerio de Transición Ecológica.
La figura del consumidor electro intensivo es una vieja reivindicación de la asociación de grandes industrias AEGE. Existe en países como Francia o Alemania y permite favorecer la actividad industrial con tratamiento favorable en precios de la energía.
El borrador de la Ley del Clima obligará a reducir las emisiones un 20% con respecto a 1990 en 2030; contempla una penetración de renovables en el consumo de energía final del 35%; un 70% de generación limpia en el sector eléctrico y mejorar la eficiencia en un 35%. Para 2050, el borrador prevé una reducciòn de emisiones del 90% respecto a 1990 y una generación eléctrica 100% renovable.
Los objetivos son ambiciosos porque, según fuentes ministeriales, las emisiones están ahora un 17% por encima de 1990 y el objetivo a 2030 supone reducirlas en 37 puntos. La ley prevé una revisión quinquenal de objetivos. Entre 2020 y 2039, el Gobierno desarrollará procedimientos de concurrencia competitiva para instalar un mínimo de 3.000 MW de potencia al año. Habrá planificación de redes de electricidad y gas y el regulador podrá establecer mecanismos para recortar la retribuciòn de las empresas si hay retrasos no justificados.
Sobre hidrocarburos, el borrador prevé el fin de autorizaciones de exploración a partir de la aprobación de la ley. Además, se prohíbe el fracking. También entrará en vigor la prohibición de subsidios o incentivos al consumo de combustibles fósiles.
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