El alquiler turístico es un fenómeno con cada día más frentes abiertos. En constaste con la creciente demanda —tres de cada diez turistas ya lo eligen en España para sus vacaciones—, cada vez más sindicatos e, incluso, partidos políticos se unen para señalar a este tipo de arrendamiento como culpable de la subida desmedida de los precios del alquiler. Desde Madrid o Barcelona se han intentado tomar medidas para frenar la expansión de esta alternativa a los hoteles, aunque, al menos de momento, sin excesivo éxito. Por ello, desde formaciones como Podemos se plantean nuevas medidas más efectivas. La última pasa por potenciar el alquiler turístico en suelo rústico para así sacarlo de las grandes ciudades.
Así, por ejemplo, el Consejo Insular de Mallorca, capitaneado por el Partido Socialista y la formación morada, ha abierto ya la puerta a permitir el alquiler vacacional en suelo rústico protegido, mientras que en otras comunidades se baraja combinar esta medida con restricciones más fuertes a lo que se considera como "zonas saturadas", como pueden ser ciertos barrios de Madrid, donde, en el entorno de Sol y Las Letras, ocho de cada diez portales tienen al menos una vivienda turística y más de 40 edificios están copados en su totalidad.
Según fuentes de Podemos, el partido está explorando todo tipo de vías para intentar poner coto a un fenómeno que, dicen, ha crecido aprovechándose de la falta de regulación y ha fomentado la burbuja del alquiler en el centro de las ciudades. "Es necesario encontrar medidas equilibradas y con cabeza. Hay barrios de las grandes ciudades completamente saturados, por lo que es necesario que ese turismo se limite y se traslade a otras zonas, incluso fuera de las ciudades. Promover los pisos en suelo rústico, con las limitaciones de construcción que este tipo de terreno implica, liberaría el centro de las ciudades a la vez que promovería en turismo más sostenible. Es una idea que se está debatiendo y cogiendo fuerza", sostienen estas fuentes, que recuerdan que Carmena y Colau ya han suspendido temporalmente las licencias a estos establecimientos en determinados distritos.
En este sentido, y pese a que cada Comunidad posee su propia normativa con respecto a la edificación en suelo rústico, a nivel general este tipo de construcciones deben ser capaces de armonizarse con el entorno inmediato, así como con las características propias de la arquitectura rural o tradicional de la zona, asegurando con ello la preservación del carácter rural de esta clase de suelo y confirmando que no se formen en él nuevos núcleos de población.
No todos aplauden esta medida. Fuentes del Sindicat Llogaters, especialmente movilizado en temas de vivienda, han expresado su rechazo a esta idea y han asegurado que "el problema de la especulación en torno a la vivienda en las ciudades no se solucionará así en ningún caso: es necesario y urgente prohibir nuevas licencias para alojamientos de uso turístico deforma permanente, y tender hacia el decrecimiento".
"Las viviendas de uso turístico empujan los precios al alza, de forma global. Son un elemento de distorsión que fomenta enormes expectativas de revalorización, pero uno entre muchos más que no hay que olvidar: en particular, el papel de grandes especuladores (fondos buitre) que también se dedican a generar expectativas rompiendo el techo de precios existente y marcando nuevos precios de referencia, lo que acaba arrastrando a los pequeños propietarios (que también suben). Si eres un pequeño propietario y alquilas una vivienda, cuando ves que al lado de casa tienen licencia turística y piden 10 veces más, terminas subiendo el precio aunque tú dediques tu vivienda al alquiler tradicional", detallan.
Alquileres un 18% más caros
Los fuertes incrementos del precio del alquiler son uno de los puntos calientes en la política de vivienda de todas las formaciones políticas. Según idealista, ha vivido un repunte en España durante 2017 y ha acabado el año con una subida media del 18,4%. En ciudades como Madrid, el crecimiento medio ha sido del 36% entre 2014 y 2017. Además, en el distrito Centro, donde hay unas 23.400 viviendas turísticas de las más de 42.000 registradas en la capital, esta escalada de precios se ha situado en el 39,1%.
"En Madrid hay mucha fijación con el turismo y Airbnb, pero el problema va mucho más allá. Eso es la punta del iceberg. El problema afecta a miles y miles de inquilinos, muchos de los cuales no viven ni en el centro ni en las zonas 'turistificadas'. Tiene que ver con la Ley de arrendamientos urbanos, que da todas las garantías a quien quiere especular: permite subidas abusivas, sin límite, en un momento en el que sabían que aumentaría la demanda", concluyen desde el sindicato.
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