El consejero delegado de Repsol y único miembro ejecutivo del consejo de administración de la compañía, Josu Jon Imaz, ganó 4,13 millones de euros el año pasado, lo que supone un incremento del 3,5% en comparación con 2021, tras que la petrolera haya reportado el mayor beneficio de su historia tan solo detrás del que registró en 2010 (4.693 millones con extraordinarios). Por su parte, el presidente, Antonio Brufau, se embolsó 2,81 millones, un 1,4% más.
Según consta en el informe de remuneración remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), de las ganancias de Imaz, 1,2 millones de euros correspondieron al sueldo, mientras que 1,33 millones de euros fueron en concepto de retribución variable a corto plazo y 970.00 euros a largo plazo. El resto es por otros conceptos (282.000 euros en retribución en especie y por acciones percibidas en los programas de incentivo a largo plazo) y por pertenencia al consejo (177.000 euros) y a las distintas comisiones del máximo órgano de gobierno (otros 177.000 euros).
Además, Imaz acumula 253.000 euros en sistemas de ahorro a largo plazo, que incluyen aportaciones al plan de previsión de directivos y a planes de pensiones. De su lado, Brufau se llevó 2,5 millones por su pertenencia al consejo, al tiempo que 311.000 euros fueron por otros conceptos (retribución en especie y por acciones percibidas en los programas de incentivo a largo plazo). En total, el consejo de administración de Repsol, compuesto por 15 miembros (uno ejecutivo, 10 independientes y cuatro externos) obtuvo una remuneración de 11,67 millones en 2022, un 13,3% más que un año antes.
Alta dirección
Por su parte, la alta dirección de la petrolera recibió un total de 13,53 millones de euros, mientras la retribución media de la plantilla subió un 10,5%, hasta 63.000 euros. Aprovechando la presentación de resultados, Imaz se ha mostrado muy crítico contra las políticas recientes en materia energética. "Los mensajes populistas solo sirven para dificultar la actividad empresarial, provocar desconfianza en los inversores, reducir la inversión y la actividad económica, disminuir la recaudación de impuestos y poner en riesgo el empleo industrial. Frente a estos mensajes, Repsol apuesta por un camino de responsabilidad con la sociedad", ha subrayado en un comunicado.
El impuesto energético aprobado por el Gobierno se aplica al 1,2% de los ingresos del negocio liberalizado de las empresas del sector energético que facturaran más de 1.000 millones. Naturgy y Endesa han cifrado el impacto en 300 y 400 millones, respectivamente. Según Repsol, su actividad en 2022 derivó en "la mayor contribución fiscal de la historia del grupo", con más de 17.000 millones de euros, de los cuales el 70% se pagó en España. "Repsol es la empresa del Ibex 35 que más impuestos paga en el país", ha afirmado la empresa.
En opinión de Imaz, "considerar extraordinario un beneficio que se obtiene de un gran esfuerzo inversor y penalizarlo frente al que se dedica a importar productos de otros continentes sin crear un solo empleo industrial, es, además de injusto, incomprensible y perjudicial para la economía española". "Los precios energéticos se incrementan porque la demanda sube, a la vez que, contrario a lo que dictaría la lógica, se imponen dificultades a la producción de algunos productos energéticos. Los precios altos no son 'caídos del cielo', son consecuencia de las incorrectas decisiones adoptadas en Europa", ha destacado.
"Tasa solidaria"
Pero no solo ha sido en España donde se han impuesto nuevos gravámenes a las energéticas. Reino Unido también ha introducido un impuesto del 25% a los beneficios de las empresas de petróleo y gas. Repsol recoge en su resultados específicos unas provisiones por valor de 2.485 millones de euros, que recoge el riesgo de crédito en Venezuela, el impacto futuro de los impuestos a las ganancias extraordinarias en el país británico y el derrame en Perú. Bruselas planea imponer una "tasa solidaria" con una contribución del 33% sobre los ganancias que obtengan a partir de 2022 y que se sitúen un 20% por encima de la media de los tres últimos años fiscales o después de enero de 2019.
La compañía ha señalado en un comunicado que pese a los resultados de 2021 y 2022 (6.750 millones de euros en total), no le alcanza para compensar las pérdidas de 2019 y 2020 (7.105 millones de euros). Sin embargo, propondrá en la próxima junta general de accionistas un incremento de la remuneración al accionista en efectivo del 11%, hasta los 0,70 euros brutos por acción, adelantando la retribución prevista para 2024 en el marco de su plan Estratégico 2021-2025.
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