La Estrategia de Transición Justa que ha diseñado el Ministerio de Transición Ecológica para el sector energético ha chocado con el nervio más vivo de las empresas: la caja. Las negociaciones para cerrar un acuerdo que asegure el futuro económico -y el empleo- en los territorios afectados por los cierres de centrales de carbón y nucleares están siendo "duras", según apuntan fuentes al tanto de los contactos. Las empresas saben que el departamento que dirige Teresa Ribera prepara una normativa para implicar a las compañías en la reconversión energética más allá de lo que recoge ahora la ley. Y no descartan recursos si esos planes se mantienen.
Ni el Ministerio de Transición Ecológica, ni las empresas protagonistas de los cierres de centrales -la última Naturgy- dan muchos detalles sobre la marcha de las conversaciones. Tanto Endesa como Iberdrola se remiten a los comunicados hechos públicos en los últimos meses al dar cuenta de sus planes de cierre de plantas.
Pero las fuentes al tanto de los contactos -en ambos lados- admiten que hay profundas diferencias en los planteamientos. Las compañías no quieren asumir nuevas obligaciones en el proceso de desmantelamiento de instalaciones contaminantes. Consideran que su labor se debe limitar a tres ejes que marcan las leyes y sus acuerdos con los trabajadores: recolocación de los empleados afectados por los cierres; desmantelamiento de las instalaciones en condiciones de seguridad y acondicionamiento de los terrenos para reintegrarlo en su entorno.
Planes de cierre
Todo lo que sea ir más allá, aseguran fuentes empresariales, excede de sus planes de cierre de centrales. También, por lo tanto, de sus estimaciones de coste. Los argumentos del departamento de Ribera para implicar más a las empresas -y a sus presupuestos- en la denominada Transición Justa son distintos.
Las fuentes del sector explican que los responsables del plan del ministerio apelan a las Políticas de Responsabilidad Corporativa de las empresas para que, a través de esas políticas, vayan más lejos de lo obligado. Todo para conseguir que las empresas se impliquen más en el futuro de los territorios afectados por los cierres de centrales-Castilla-León, Castilla-La Mancha, Asturias y Aragón, fundamentalmente- y faciliten una nueva realidad productiva en los mismos.
Además de la responsabilidad corporativa, los responsables de Transición Justa apelan a la capacidad económica de las empresas y a los grandes beneficios alcanzados, incluso, en los difíciles años de la crisis. En 2017, Iberdrola, Endesa y Gas Natural Fenosa, ganaron 5.627 millones de euros , un 3% más que en el ejercicio anterior. Son cifras que, en opinión de la Administración, deberían impulsar no sólo una visión empresarial, sino también social de las grandes compañías.
Pero números son números. Los planes de las grandes compañías apuntan a que a partir de 2020 cerrarán más de la mitad de las 15 centrales térmicas de carbón en servicio, aunque fuentes del PSOE que han participado en los debates sobre la transición consideran más que probable que a partir de 2021 sólo se mantengan activas cuatro centrales en Asturias, Galicia y Andalucía. Serán las de Aboño y Soto de la Ribera, ambas propiedad de EDP Energía y ambas en Asturias y las de As Pontes (Galicia) y Carboneras (Andalucía), propiedad de Endesa.
Impacto en los territorios
El impacto de los cierres en territorios con escasas alternativas de actividad -o ninguna- será grande y el Gobierno de Sánchez no quiere correr con todo el gasto. De ahí que apueste porque el nivel de implicación de las eléctricas suba peldaños.
La estrategia de Transición Justa responde a ese objetivo. Es uno de los tres pilares con los que Ribera piensa apuntalar el tránsito hacia una economía descarbonizada y sostenible. Los otros dos son la Ley de Cambio Climático y el Plan Nacional de Energía y Clima. La idea es suavizar las consecuencias del cambio hacia las energías limpias. Los planes de Ribera han provocado roces en el seno del propio PSOE.
Aunque apenas quedan 2.000 empleos en la minería del carbón, hay otros 30.000 relacionados directa o indirectamente con las centrales nucleares. Son esos datos los que hacen necesario -imprescindible sostienen en el Gobierno- un programa integral de desarrollo económico para las comarcas y los trabajadores afectados... con la participación de las empresas.
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