Francia prende la llama de las protestas para una transición energética "justa"

  • El movimiento de los 'chalecos amarillos' deja en evidencia el doble reto de luchar contra el cambio climático sin afectar al desarrollo económico. 
Protestas chalecos amarillos
Protestas chalecos amarillos
Efe

La mecha de la llama que prende en Francia desde hace varias semanas, a raíz de las protestas de los 'chalecos amarillos' que han derivado en altercados pocas veces vistos y hasta con el cierre por precaución de los principales museos y hasta la Torre Eiffel, quizá está ardiendo a fuego lento desde hace tres años en las mismas entrañas de la capital francesa. Porque fue en el Acuerdo de París de 2015 cuando se acuñó un nuevo término que enfrenta el cambio climático con la prosperidad económica y social, la expresión 'transición justa'. Los altercados en Francia no se aplacan con la retirada de las medidas porque la desazón viene de lejos y ahora amenaza con extenderse.

Lo explica este mismo sábado con cientos de detenidos y todo un país colapsado, y a 1.500 kilómetros de la Ciudad de la Luz, el presidente de la Cumbre del Clima que recoge el testigo de aquellos postulados. Michal Kurtyka, desde Katowice (Polonia) recuerda en la cita internacional de este 2018 qué es eso de la transición justa: una tarea de los gobiernos de "asegurar un cambio estructural justo" que permita "proteger el clima y a la vez mantener el desarrollo económico y el empleo", recoge Efe. Esto implica tener especialmente en cuenta a los colectivos vulnerables y a los damnificados por la necesidad medioambiental de recortar las emisiones y la subsiguiente reconversión industrial.

Hay millones de trabajos y regiones enteras en peligro si se cierran minas y centrales térmicas, o si la industria automovilística global opera una radical reconversión para abandonar los coches con motores a explosión por sistemas eléctricos. En España, sin ir más lejos, el inminente final de las ayudas al carbón, así como los problemas endémicos de la gran industria para ser sostenible desde la cuenta de resultados y la de las emisiones también han provocado cambios legales y no pocas protestas en las calles. Porque afectan a empresarios y trabajadores por igual. 

Por no hablar de la estupefacción, lindante con la indignación de los empresarios, ante el anuncio del fin del coche de combustión fósil para 2040 o la incorporación de un nuevo impuesto al gasóleo cuando es el combustible más usado en nuestro país. Sin alternativas a corto plazo, sin ayudas suficientes para afrontar dichas alternativas a un precio accesible, critican desde cualquier sector, ya sea la patronal CEOE como las organizaciones de consumidores.

En este río revuelto, hasta Donald Trump se ha metido de lleno y ha unido los dos extremos del debate. Aunque a su manera, claro. "El Acuerdo de París no está funcionando demasiado bien para París. Hay protestas y disturbios en toda Francia. La gente no quiere pagar sumas enormes de dinero, en muchos casos a países del tercer mundo (que están dirigidos de forma cuestionable), para quizá proteger el medioambiente", escribió en Twitter. "(Los manifestantes) Corean '¡Queremos a Trump!' Me encanta Francia", añadió, en lo que es también un evidente arrebato vengativo tras el intento de Macron de crear un Ejército europeo que agüe el papel de la OTAN en el Viejo Continente.

De vuelta a Europa, el responsable del programa de Clima y Energía del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), Manuel Pulgar-Vidal, consideró "inevitable" abandonar los combustibles fósiles, pero agregó a continuación que los gobiernos deben incluir "consideraciones sociales y mecanismos de transición justa". "Si no, vamos a tener este tipo de reacciones de la sociedad", dijo en referencia a las protestas de los 'chalecos amarillos'. A su juicio, el climático es un debate no sólo de la política, también de la ciudadanía y los ciudadanos deben presionar, pero también asumir su compromiso.

Katowice es un terreno sintomático de los dos bandos que pugnan en torno al debate. Por su coincidencia en el tiempo con las protestas francesas y por lo que se pone encima de la mesa. Están los grupos ecologistas y algunas economías avanzadas de un lado y muchos países en vías de desarrollo del otro. Los primeros consideran que se puede avanzar rápido en la transformación, optimistas porque creen que los trabajos suprimidos en sectores contaminantes serán sustituidos por otros "empleos verdes" de alto valor añadido en sectores emergentes como el de las energías renovables.

El segundo bloque, con Polonia a la cabeza, aboga por asegurar el crecimiento económico y el empleo al avanzar en la transición ecológica, lo que evidentemente ralentiza un cambio que los últimos estudios científicos exigen que sea inmediato y a gran escala. En este contexto, 45 países del segundo grupo adoptaron esta semana en la Cumbre la Declaración de Silesia sobre Solidaridad y Transición justa. El texto subraya que el cambio climático es uno de los mayores retos presentes, pero destaca que "en primer lugar es necesario asegurar la seguridad social de los trabajadores cuyos trabajos van a ser eliminados o transformados".

Mientras tanto, arde París: "Se ha abierto la caja de Pandora de la amargura de una parte de Francia. La gente dice 'le has regalado cosas a los ricos y a los empresarios pero ¿qué pasa con los que viven con 1.200 euros al mes? Les has dado a los que ya tenían dinero y nada a nosotros'. El Gobierno ha fracasado en su valoración. Ahora, es urgente, han confluido todas las demandas, la tapadera de la caja ha explotado por los aires". Quien habla, en una entrevista a 'Observer' es Daniel Cohn-Bendit, más conocido como Daniel el Rojo, aquel líder del Mayo del 68 francés que ahora sirve de consejero al mismísimo Macron.

El problema de fondo es que no hay con quién sentarse a la mesa. Ha sido uno de los grandes problemas del movimiento de los 'chalecos amarillos', la falta de un interlocutor claro. En especial, después de renunciar a la subida de los impuestos a las gasolinas desde el mes de enero y seguir las protestas. ¿Qué quieren? Entre las reivindicaciones que circulan por las redes sociales exigencias como abandonar la UE, reducir la presión fiscal a la mitad, dejar de pagar la deuda externa o una contratación masiva de funcionarios para mejorar los servicios públicos. El hartazgo es social, con todo el respeto al medio ambiente. 

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