El Gobierno ha estirado el calendario hasta casi romperlo antes de lanzar las subastas de cogeneración que la gran industria intensiva en gas esperaba como agua de mayo desde el año pasado, convocatorias que prevén movilizar inversiones por más de 700 millones. El Ministerio para la Transición Ecológica que dirige Teresa Ribera ha sacado a consulta pública los términos para la adjudicación de 1.200 MW hasta 2024 y lo ha hecho a lo largo de la tarde de este martes, a solo tres días para que termine el año.
El ministerio ratificó su compromiso de convocar una subasta antes de final de año el pasado 19 de octubre. Lo hizo de boca de la secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen, quien se comprometió a tener lista la convocatoria en apenas unas semanas. Al final, el departamento que dirige Ribera ha necesitado más de dos meses para publicar tanto la propuesta de Real Decreto y como la propuesta de Orden ministerial en la que se recogen los términos y el calendario indicativo para la asignación del régimen retributivo específico, mediante subastas sucesivas, que obtendrán los ganadores de cada una de las pujas, lo que les garantizará una rentabilidad "razonable" fijada en el 7,09%.
Los equipos de las potenciales candidatas se han visto obligadas a esperar hasta final de año para conocer los requisitos que deberán cumplir sus ofertas de cara a los próximos concursos de capacidad. Entre las exigencias más destacadas de las que ha introducido el ministerio se incluye que las empresas candidatas ha hacerse con la 'pieza' deberán garantizar un consumo mínimo del 10% de hidrógeno verde en sus instalaciones, que podrán operar tanto con gas natural como con biomasa.
Las adjudicatarias deberán destinar más del 30% de la energía producida al autoconsumo y garantizar un empleo mínimo del 10% de hidrógeno renovable
El periodo que baraja el ministerio para poner en marcha el citado paquete de megavatios es de cinco años, según la propuesta de orden que ha consultado La Información. En los próximos tres ejercicios se celebrará una puja anual, en las que se sacarán a concurso liza 351 MW en 2022, 442 MW en 2023 y 407 MW en 2024. Los tres años siguientes se emplearán para desarrollar esta capacidad, a fin de que los 1.200 MW en liza estén completamente operativos en 2027.
La integración del hidrógeno renovable no es el único requisito que ha marcado el departamento que capitanea la vicepresidenta tercera. Las instalaciones adjudicatarias tendrán la obligación de destinar más del 30% de la electricidad producida al autoconsumo, a no ser que hayan firmado un contrato de venta de energía a largo plazo (PPA, en la jerga del sector), algo que ya anticiparon desde Transición Ecológica.
El sector confiaba en conocer la letra pequeña de las subastas antes de final de año. Así se lo había asegurado el departamento a los portavoces de la industria de la cogeneración en las cerca de las catorce reuniones que asociaciones y ministerio han mantenido en el último año. La complejidad de las instalaciones de dicha tecnología conlleva que las empresas candidatas a la subasta necesiten un plazo de alrededor de seis meses para preparar sus ofertas. Todo hace indicar que los 351 MW que el Gobierno prevé adjudicar en 2022 no saldrán a concurso, al menos, hasta junio.
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