La deriva regulatoria de los últimos meses ha hecho escarmentar a las principales eléctricas españolas. Algunos de los mayores grupos energéticos de nuestro país han llamado a la puerta de grandes despachos de abogados para encontrar nuevas fórmulas que les permitan flexibilizar los contratos a precio fijo (PPAs en la jerga). Es decir, encontrar un resquicio legal que impida que estas compañías se pillen los dedos con acuerdos de venta a plazo, en previsión a que el Gobierno acometa nuevos giros normativos, según han confirmado fuentes jurídicas consultadas por La Información.
Los contactos con grandes bufetes para valorar estas modificaciones se han producido después de que el Ministerio para la Transición Ecológica diese un paso atrás en la reforma energética prevista en el Real Decreto-ley 17/2021. Esta norma soliviantó a todo el sector, al incluir un recorte multimillonario a los ingresos extra que hubiesen podido registrar las eléctricas gracias a la escalada de los precios de la energía. Ese primer real decreto, en vigor desde el 15 de septiembre, no hizo distinción, al menos de forma precisa, entre los contratos a plazo y el resto de energía que las eléctricas comercializan en el mercado diario. Las compañías acometieron en tromba contra dicha medida y alegaron que cerca del 80% de su energía estaba bilateralizada en contratos a precio fijo y, por tanto, no había internalizado la subida del pool.
Los porcentajes que trasladaron las eléctricas -y la presión que ejercieron para tumbar la primera reforma del Ejecutivo- llevó a la titular de Transición Ecológica, Teresa Ribera, a aprobar una segunda norma, el Real Decreto-ley 23/2021, que dejaba fuera del recorte todos los PPAs. La rectificación calmó las aguas en el sector, pero no impidió que varios de los principales grupos energéticos de nuestro país se apresurasen a consultar a sus despachos de cabecera para revisar la letra pequeña de sus contratos a plazo.
El propósito de las eléctricas es ampliar su margen de maniobra para anular o renegociar los PPAs, especialmente, los que atañen a la gran industria electrointensiva. Dichos contratos ya incluían cláusulas para avalar a las eléctricas a revisar las condiciones de los PPAs ante cambios sustanciales del entorno regulatorio. Hasta ahora, las cláusulas que respaldaban eventuales revisiones de contrato por cuestiones regulatorias se limitaban a posibles modificaciones del mecanismo de formación de precios o a una intervención del mercado por parte de las autoridades competentes.
La intención de las eléctricas es la de extender estas coberturas a escenarios más amplios. Dado que, por ejemplo, la minoración de ingresos incluida en el primer real decreto no incurría en una alteración del sistema de formación de precios, ni tampoco suponía una intervención del mercado eléctrico en sentido estricto.
La maniobra de las eléctricas amenaza con provocar un efecto en cadena que trastoque la naturaleza de los PPAs y aumente la incertidumbre de los grandes clientes industriales
La consecuencia directa de este blindaje reforzado para las eléctricas es una flexibilidad de los contratos que amenaza con trastocar la naturaleza misma de los PPAs. Las fuentes consultadas advierten de que los ajustes que están preparando los grandes grupos de generación de energía, que son los que por el momento han consultado a los grandes despachos, podría provocar un efecto en cadena. En definitiva, si los generadores se cubren las espaldas, las comercializadoras podrían hacer lo propio, dejando a los grandes clientes en una situación de incertidumbre que, en última instancia, diluiría el interés por la firma de PPAs, incrementando la exposición de la gran industria a la volatilidad del mercado mayorista.
De hecho, si algo ha dejado al descubierto la escalada de la luz es la deficiente cobertura de este riesgo en que ha incurrido el tejido productivo de nuestro país. "La actual crisis eléctrica debería llevar a la industria a reflexionar sobre la urgencia de adoptar sistemas de compliance y de gestión de riesgos más potentes", incide un abogado especialista en el sector consultado en conversaciones con este diario. Por su parte, la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE) criticó este lunes que las grandes eléctricas sigan sin ofrecer PPAs a precios competitivos para los grandes clientes, después de que el Gobierno haya frenado el recorte a sus ingresos.
AEGE, a la que están asociados los mayores productores de acero y los grandes grupos azulejeros españoles, también denuncia que algunas eléctricas no hayan retirado las cartas que amenazaban con revisar los PPAs de los clientes industriales. La asociación ha recalcado que, con los precios actuales, peligra la continuidad de ciertas compañías y ha pedido valorar la última propuesta del Gobierno de ligar la tarifa regulada (PVPC) y el consumo de la industria al coste de las renovables subvencionadas (el llamado Recore). El Ejecutivo ha dejado en vía muerta esta última medida, a la que se oponen las pequeñas comercializadoras y dos socios clave para el PSOE, como son ERC y Unidas Podemos, según adelantó este medio.
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