El Ministerio para la Transición Ecológica no quiere jugársela a una carta con la Comisión Europea y ha entablado en las últimas semanas una negociación con la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) para pactar la transferencia de competencias al propio organismo regulador de acuerdo con las directrices que impone Bruselas. Definido el contenido el problema ahora reside en el continente o, mejor dicho, el mecanismo jurídico que permita el traspaso efectivo de poderes antes de que acabe el año. Para ello no cabe otro remedio que un real decreto ley de extraordinaria y urgente necesidad que elimine el debate parlamentario y asegure su vigencia legal con carácter inmediato.
El Gobierno considera que la diligencia con que el comisario europeo Miguel Arias-Cañete, apremió a la ministra Teresa Ribera para resolver el contencioso con la CNMC contrasta ampliamente con la actitud mucho más laxa que el propio responsable europeo de Acción por el Clima y la Energía venía manteniendo con el Partido Popular y el anterior ministro Álvaro Nadal: “El comisario estuvo meses arrastrando los pies pero luego le faltó tiempo cuando llegamos nosotros al Ministerio para exigirnos que cediéramos las funciones que exige la CNMC”, aseguran fuentes del PSOE vinculadas con el sector energético.
La Comisión Europea tiene una visión algo diferente del conflicto y entiende que fue precisamente la llegada insospechada del nuevo Gobierno socialista la que evitó una demanda en la Corte de Luxemburgo porque las relaciones de poder entre Arias-Cañete y Álvaro Nadal ya no daban para más cuando se produjo la moción de censura que provocó el final del mandato de Mariano Rajoy. El comisario tenía ya ultimada la denuncia después de ‘un tira y afloja insufrible’ con el antiguo ministro, pero en el entorno de Arias Cañete aseguran que era necesario dar un margen de confianza a los nuevos administradores socialistas antes de llevar al Reino de España ante el Tribunal de Justicia de la UE.
Álvaro Nadal se había negado en redondo a ceder competencias que, en su opinión, eran indispensables para dirigir el timón de la política energética. El exministro consideraba que la función de fijar los precios en el sector eléctrico era una condición indispensable de su ejercicio ministerial, más si cabe teniendo en cuenta la sensibilidad social que rodea en España todo lo que tiene que ver con la tarifa eléctrica y el coste político que acarrea cualquier subida de precios. De hecho, los célebres peajes eléctricos cuya regulación reclama la CNMC constituyen un elemento clave a la hora de contrarrestar las evoluciones del mercado energético y han estado congelados los últimos cinco años para evitar males mayores en el recibo de la luz.
El organismo que preside José María Marín-Quemada asumirá además otras atribuciones que pueden alterar el marco normativo de dos de las grandes empresas energéticas, como son Red Eléctrica y Enagás. El decreto que está a punto de aprobar el Consejo de Ministros supone el trasvase definitivo a la CNMC de las tarifas que establecen la retribución a las inversiones de los dos operadores encargados respectivamente de gestionar las redes de transporte de electricidad y gas en España. El regulador considera que ambas empresas deberían ajustar su estrategia de expansión con el fin de no generar falsas expectativas que luego se traducen en un sobrecoste para el sistema energético.
La CNMC confía en que el decreto de Teresa Ribera satisfaga una reclamación histórica que afecta a varias disposiciones legislativas de hace años. De ahí que el recurso a un ‘decretazo’ por vía de apremio esté siendo analizado con ciertas suspicacias por las distintas compañías del sector que han venido funcionando tradicionalmente al abrigo de la Secretaría de Estado de Energía. No hay que olvidar que el mercado energético, en sus distintos segmentos de negocio, es un polvorín en potencia que sólo puede manejarse como un remanso de paz a partir de una gestión política de los más diversos intereses creados. La irrupción de la CNMC en su nuevo papel estelar puede suponer todo un desafío para el Gobierno a poco que el regulador se resista a ser romanizado por las propias entidades y sociedades reguladas.
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