La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) y las eléctricas están librando una batalla por la retribución de las actividades reguladas: transporte y distribución. La primera pelea, en forma de propuestas y alegaciones, se libra en torno al tipo de interés que se aplicará en el cálculo de la retribución anual en el periodo 2020-2025. Las posiciones están alejadas. La CNMC ofrece un 5,46% y las empresas reclaman un 7%. Pero está en marcha una segunda batalla. La CNMC tiene que valorar, antes de mayo de 2019, el valor de los activos sobre los que se calcula la retribución.
La pelea es dura porque se decide si se ajusta y cuánto se ajusta la retribución anual que perciben las eléctricas por distribuir (5.200 millones) y transportar electricidad (1.600 millones). Son auditorías que tocan nervio. Lo son para las grandes distribuidoras -las eléctricas tradicionales- y para la transportista Red Eléctrica de España (REE), participada en un 20% por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
La valoración de los activos adscritos al transporte y a la distribución eléctrica -la de gas toca en 2020-es una cuestión que afecta muy directamente también a los usuarios. A todos, pero especialmente a los acogidos a la tarifa eléctrica regulada (PVPC). El ajuste en la cuantía de los peajes repercute directamente en el 40% del recibo de la luz. Para el Gobierno, la auditoría de las redes, prevista y obligada en el RD 1478/2013, es un as en la manga: con la propuesta de la CNMC tiene posibilidades de reducir la factura eléctrica.
La revisión que va a llevar a cabo la CNMC, según fuentes del organismo es "normal" y está dentro de las "competencias de supervisión". La acción, en todo caso, trata de embridar la parte del negocio de la energía en la que prácticamente no existe la competencia. Las empresas son dueñas de las redes de transporte y distribución y cobran del Estado para obtener rentabilidades interesantes -llegan a cerca del 10% en el caso de REE- y sin apenas riesgo.
El antiguo Ministerio de Energía que dirigió Álvaro Nadal adelantó en enero que su intención para el próximo periodo regulatorio que comenzará en enero de 2020 era recortar los pagos a eléctricas y gasistas por sus actividades reguladas. Todo, apoyado en los informes de la CNMC. Según las fuentes consultadas, el ajuste final no se puede determinar, pero sí es probable que se revisen a la baja actividades muy afectadas por las mejoras técnicas.
La revisión de Competencia determinará el coste de operación y mantenimiento de las redes y el coste real de las inversiones. Todo para ver si están correctamente recogidos en las cuentas. Y puede haber cambios importantes. Un ejemplo: si las empresas controlan una determinada red de distribución de forma telemática o remota tendrán que rebajar la factura que antes tenía en cuenta el trabajo presencial de operarios.
REE e Hispasat
Para Red Eléctrica de España, con nuevo presidente -Jordi Sevilla- y gran operación pendiente -la compra de Hispasat-, el examen de la CNMC es un trago. El pasado 12 de abril, la CNMC aprobó un informe en el que manifiestó su "preocupación" por el elevado grado de apalancamiento -relación entre deuda neta y recursos propios- de la empresa. Esa relación fue superior al 80% entre 2013 y 2016. Además, abogó por fijar límites al endeudamiento de la compañía porque podía afectar a las actividades reguladas. Por ello consideró necesario bajar la retribución de REE a partir del 1 de enero de 2020.
Es munición la CNMC para el debate en torno a la retribución de las actividades reguladas de las empresas. También para señalar la presión de los grandes fondos de inversión para obtener rentabilidades importantes con participaciones en la red eléctrica y gasista que implican poco o ningún riesgo.
Los grandes inversores institucionales, atraídos por las expectativas de beneficio, han tomado posiciones en las compañías distribuidoras de gas y de electricidad. Lo han hecho en empresas grandes como Iberdrola o Naturgy (la antigua Gas Natural Fenosa) ; en las empresas participadas por el Estado que gestionan redes de transporte como Enagás o REE y en sociedades de menor tamaño como Reganosa -en la que participan la argelina Sonatrach y el grupo japonés Sojitz- o Madrileña Red de Gas.
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