Cuando el Santander echó números en el Popular de cara a presentar una oferta que no llegó a formular, el ajuste de plantilla era un resorte claro para rentabilizar la operación. Si quería, como aconsejaba su análisis, ahorrar 466 millones de euros al año o rebajar un 31% la base de costes, tenía que prescindir de 3.823 de los 11.911 empleados del sexto banco nacional y, en su inmensa mayoría, la poda se dirigiría a las áreas de mayor duplicidad como son servicios centrales.
En números fríos debían salir 1.848 personas del cuartel general -de 2.789 en nómina- y 895 de las 1.373 listadas en los departamentos de apoyo. El impacto en la red se limitaría, en cambio, a 1.080 trabajadores en un censo de 7.749, conforme el detalle del bautizado como ‘Proyecto Neptuno’, adelantado por Vozpopuli, donde el Santander asignó a la entidad una oferta entre 200 millones de euros y “cercana a cero”, que desistió finalmente de presentar ante la imposibilidad de que la aceptasen sus accionistas.
La retirada del Santander dejaba desierta la puja que en el camino abandonarían antes BBVA, Bankia y Sabadell. Pero el riesgo de colapso por fuga de depósitos convierte en factible la transacción gracias a la entrada en juego de la Junta Europea de Resolución (Jur), permitiendo vender un banco en negativo, tal y como relató el expresidente Emilio Saracho recientemente en el Congreso. El banquero se congratuló de esta “milagrosa” solución con su adjudicación al grupo cántabro por un euro porque la liquidación hubiese supuesto daños inmensos a depositantes y al Erario finalmente evitados.
Sin embargo, muchos de los números de aquel análisis casi se han impuesto en el desenlace: por ejemplo, estimó que debía alcanzar una rentabilidad del 13,5% en tres años y ahora espera entre un 13-14%, su escenario contemplaba la utilización de los 2.000 millones en deuda amortizados en la resolución para tapar agujeros o ejecutar la ampliación de 7.000 millones de capital finalmente acometida para recomponer su solvencia tras absorber un Popular con capital en negativo.
En el proceso de salvamento se destinaron 7.900 millones a sanear el ladrillo e impagos del banco, frente a los 6.800 millones que dictaba su estudio para sacarse de golpe el ladrillo, en una operación que negociaba a la vez con Blackstone y Lone Star, donde se impuso el primer fondo como ganador. Sus cuentas incluían un coste por litigios de 500 millones ligados a las hipotecas con cláusulas suelo y otros 1.100 millones en potenciales compensaciones a inversores por la ampliación de capital acometida por el Popular en 2016 si la justicia concluye que las cuentas con las que acudió al mercado no eran fiables.
Aquel estudio y la transacción se aproximan igualmente en el vaticinio de que el Popular saneado reportará un beneficio neto en 2020 de 950 millones e incluso se asemejan en la partida de sinergias por costes, aunque solo en la cuantía económica. El Santander espera hoy ahorrar 500 millones al año tocando distintas teclas: 210 millones en sistemas tecnológicos cuando implante la plataforma única, 130 millones en red de distribución y 160 millones en servicios centrales y gastos generales. El análisis inicial aspiraba a abaratar la factura en 466 millones: 218 millones en personal y los 248 millones en otros costes de administración, con foco exclusivo en la entidad adquirida.
En 2019 unirá la red de sucursales y ajustará sus plantillas
Cuando se ha puesto manos a la obra la realidad es que el Santander aborda los ajustes como visión global. La integración la inició en servicios centrales en enero y ofreció la desvinculación a los efectivos en España, con independencia de su pertenencia al Popular o Santander, y los sindicatos confían en que esa opción será la fórmula cuando aborde la fusión de las red de sucursales el próximo verano. En febrero pasado firmaron así la salida de 1.100 personas del grupo, aunque la mayoría (769 o casi el 70%) estaban en nómina de la entidad adquirida. Para mitigar la adecuación de personal a la nueva realidad recolocó otras 575 personas en áreas que dan servicio al grupo como las filiales tecnológicas.
Los cálculos finalmente impuestos nada tienen que ver con la primera estimación cuando comenzó a mirar al Popular. El Santander evaluó la franquicia entre 2.600 y 1.600 millones en un primer instante y fue bajando la tasación en sucesivas estimaciones a medida que iba tomando el pulso a la realidad del balance y de la pesada y dañada carga inmobiliaria, según información aportada a la Audiencia Nacional a petición del juez Fernando Andreu. El 16 de mayo llegó a la conclusión de que no debía ofrecer más de 200 millones y abandonó por completo la idea de formular oferta, aunque siguió con el análisis por si el escenario cambiaba. Ocurrió con la resolución y con cifras muy similares a sus afinados cálculos.
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