Una batalla empresarial que se ha eternizado durante la última década tiene una nueva parada en el Tribunal Supremo. Ahora la Sala de lo Civil del Alto Tribunal estudiará el caso del fraude del IVA en ONO y las reclamaciones planteadas por Vodafone. La Audiencia Provincial dio la razón de manera parcial a la operadora de telecomunicaciones, exigiendo un pago limitado de las cuotas no abonadas de este impuesto durante el periodo en el que los tres principales directivos de la 'cablera' estuvieron al frente. Se admiten los recursos extraordinarios de ambos. La Sala de lo Contencioso ya dio la razón a dos de esos ejecutivos en el cobro de sus 'bonus' millonarios.
En un auto fechado el pasado 16 de noviembre, consultado por La Información, la Sala de lo Civil entiende que procede admitir los recursos extraordinarios y de casación interpuestos por las representaciones legales tanto de la operadora -en el caso de la antigua Cableuropa- como la de los tres ejecutivos: el expresidente de ONO, José María Castellano, su exconsejera delegada, Rosalía Portela , y el exdirector financiero, Carlos Sagasta. Ambas partes tienen veinte días para presentar sus escritos de oposición. A partir de ahí arrancará el estudio del caso por parte del Alto Tribunal. Desde la operadora estiman que no habrá resolución definitiva hasta dentro de unos dos años.
La sentencia que ahora se dirime es la que está fechada en el mes de abril del pasado 2021. Procedía de un recurso de Vodafone contra un primer pronunciamiento del Juzgado de lo Mercantil de Madrid en su contra. La Audiencia Provincial revocaba esa resolución y se condenaba a los tres ejecutivos a que abonaran, en concepto de obligados solidarios, aquellos importes de la liquidación recogida en el acta de Inspección de Hacienda de enero de 2015 que corresponden a cuotas de IVA deducidas en el periodo comprendido entre los mese de febrero y agosto de 2014. No se precisaba en la resolución el dinero específico que correspondía a ese plazo.
Vodafone adquirió ONO en 2014. Un año más tarde llegó la liquidación de Hacienda. La empresa demandó a los tres ejecutivos, integrantes de su consejo de administración, por lo que ellos entendían una "defectuosa gestión" del negocio mayorista internacional de reventa de voz de la compañía. Les exigía en un primer momento el desembolso de 140 millones por los daños ocasionados. Tras perder en primera instancia, redujeron la cantidad a 72,2 millones de euros (el IVA no abonado, intereses de demora y recargos) al limitar el periodo afectado entre enero de 2011 y agosto de 2014.
Esta resolución está al margen de las que se emitieron en 2021 que daban la razón a los exdirectivos, que tenían derecho a cobrar sus bonus millonarios por la venta
Vodafone achacaba en su demanda que los exdirectivos evitaron establecer los controles necesarios en el negocio mayorista. Les imputaba también la responsabilidad 'in vigilando', respecto a la operativa instaurada en el desarrollo de la línea de negocio por parte de los empleados del área. La Audiencia solo existe conducta "antijurídica" en el periodo entre febrero y agosto de 2014. Entienden que aunque hubo reuniones previas en las que los responsables les comunicaron los riesgos económicos y financieros sobre la actividad, no quedaba acreditado que fuera informados del riesgo de implicación de la empresa en un fraude fiscal.
Los bonus, confirmados
Ahora tendrá que ser el Tribunal Supremo el que se pronuncie. Este procedimiento está al margen del que se refería a los bonus millonarios cobrados por los tres directivos por la venta de ONO a Vodafone. La operadora intentó que se devolvieran alegando negligencia en la gestión. Sin embargo han perdido las sucesivas sentencias en las diferentes instancias. En septiembre de 2021, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo inadmitió los recursos de la teleco por los que confirmó el incentivo de 19,2 millones de euros netos (más los intereses legales) para Castellano -el total ascendía a unos 30 millones-. Un mes después hizo lo propio con Sagasta y corroboró el abono de 12,5 millones.
Vodafone ejecutó la compra de Ono por 7.200 millones de euros en marzo de 2014. Tanto ellos como Orange tenían la necesidad de construir un negocio convergente con una red fija, después de que Telefónica hiciera lo propio con la antigua Movistar Fusión. Esta adquisición ha sido compleja de integrar en el grupo británico, también por motivos fiscales -la integración de las sociedades implicaba el pago de impuestos mucho más elevados-. La tecnología de cable también ha generado algún quebradero de cabeza, pues está unos pasos por detrás de la fibra óptica desplegada por todos los operadores en España.
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