Un nuevo capítulo en la batalla de las grandes empresas de telecomunicaciones contra los ayuntamientos y sus tasas municipales. El Tribunal Supremo ha pedido a Estrasburgo que resuelva sobre si las limitaciones que impuso a la tasa especial, que grava los ingresos brutos obtenidos por la operadora en cada uno de los municipios, sólo se centran en los servicios móviles o también son extensivos a la telefonía fija y a internet.
Hay que remontarse al año 2012. Tras los recursos de Vodafone y Orange, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) puso paz. ¿La conclusión? La llamada tasa por utilización y aprovechamiento especial del dominio público local, que grava con un 1,5% de los ingresos brutos, no podía aplicarse a los operadores que, sin ser propietarios de las torres o cableado, los utilizan para la prestación de servicios de telefonía móvil. Dos años más tarde lo extendió a las comunicaciones electrónicas.
Este pronunciamiento acarreó un cambio de la Ley de las Haciendas Locales. Pero dejó en el aire algo que algunos expertos ya señalaron en su momento: ¿Qué ocurre con las operadoras que prestan servicios de telefonía fija e internet? ¿También afecta este pronunciamiento del TJUE? Es justo lo que ahora se va a dilucidar en Estrasburgo. Tendrá que decidir si se amplía al resto y si es posible la imposición de la tasa.
Varios tribunales superiores de Valencia o Madrid fallaron a favor de las operadores y hacían extensivo el pronunciamiento del tribunal europeo a los operadores de fijo e internet. Pero diversos ayuntamientos han decidido reclamar, pues entienden que lo planteado por el TJUE es sólo exclusivo de los servicios de conexiones móviles. ¿La consecuencia? El asunto ha llegado al Tribunal Supremo.
El alto tribunal ha decidido hacer una consulta previa al TJUE, como ya hiciera antes del año 2012. Así lo ha confirmado en sendos autos del pasado mes de octubre tras los recursos de los ayuntamientos de Alcobendas o Alicante, en procesos contra la operadora francesa Orange. Ahora todo queda en manos del tribunal europeo. “Al tratarse de telefonía móvil, entendemos que Orange, aunque no fuera titular de las redes, sería sujeto pasivo de la tasa”, explicaba el primero de los consistorios en su recurso.
Duras críticas por la presión fiscal
Este movimiento llega después de que las telecos españolas hayan vuelto a unir sus voces para criticar la presión fiscal que, según ellas, sufren en España. “La fiscalidad hay que revisarla para que sea un agente del cambio y que podamos seguir invirtiendo”,exigía Emilio Gayo, presidente de Telefónica España, el pasado verano. En Vodafone, la exigencia fue similar. Su consejero delegado, Antonio Coimbra, ha criticado en repetidas ocasiones la “inseguridad jurídica” de las tasas municipales en España. “Cuantos más impuestos haya, menos dinero habrá disponible en redes y en 5G; hay que revisar el paquete fiscal”, advirtió.
Fue la propia Orange la que puso cifras hace un par de años. La compañía lamentó que haya más de una veintena de tasas en toda España y unos impuestos “singulares” (más allá de los propios que les corresponden como empresas) que ascienden, según sus cálculos, a 3.000 millones de euros al año. Entre ellos destacan las tasas municipales como la que ahora está en discusión en Europa, el canon radioeléctrico o el destinado a la financiación de RTVE.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios