El Supremo estudia la legalidad de la mediación de Ineco en la guerra de VTC

Otro frente más en el Supremo de la ‘eterna’ batalla de las autorizaciones de vehículo con conductor (VTC), que utilizan plataformas como Uber, Cabify o Bolt. El Alto Tribunal acepta un recurso de Cabify en el que pide que se anulen definitivamente todos los rechazos por silencio administrativo negativo ejecutados por Ineco, la empresa pública de ingeniería y consultoría dependiente del Ministerio de Transportes, de las reclamaciones de daño patrimonial por parte de los dueños de estos permisos.

El llamado ‘decreto Ábalos’ impuso un periodo de gracia a todos estos permisos que, en términos generales, fue de cuatro años. Los dueños de estas licencias entendían que esa indemnización abonada en tiempo era insuficiente y por eso acudieron a reclamar una ampliación del plazo o una indemnización económica. Se trataba de todo un aluvión, pues las peticiones eran individuales por cada uno de los permisos. El Ministerio hizo una encomienda a la empresa pública Ineco para que ejecutara todo el procedimiento ante la falta de medios para abordar ese alud de expedientes. La inmensa mayoría de los pronunciamientos fueron negativos, ya fuera por acción (con resolución) o por omisión (por silencio administrativo).

Ante este escenario, los dueños de las licencias acudieron a los tribunales para tratar de tumbar estas resoluciones. Y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ya declaró nulas esas resoluciones por una razón: este tipo de pronunciamientos públicos no lo pueden ejecutar entes más allá de la administración general del Estado, incluidas las empresas públicas, como avanzó La Información. Esto fue reclamado por algunas de las empresas, también para intentar conseguir que el Alto Tribunal acudiera al Tribunal Constitucional para tratar de ‘tumbar’ ese decreto por una supuesta inconstitucionalidad. El Alto Tribunal admitió a trámite hace unos meses un primer frente.

Mira también

Cabify critica el 'decreto Ábalos' por dejar indemnizaciones pendientes

Ahora, en un nuevo auto a instancias de un recurso elaborado por Prestige and Limousine, empresa adquirida por Cabify al exjefe del taxi José Antonio Parrondo y que centra sus operaciones en Barcelona, el Alto Tribunal cubre la otra posibilidad que no se había planteado en los otros frentes abiertos por las resoluciones de Ineco. ¿Qué pasa si la empresa pública no se ha llegado ni a pronunciar y por ese silencio administrativo se ha denegado de manera directa? En este caso no hay resolución como tal pero el solo hecho de no mover ficha ya supone un acto. La Sala de lo Contencioso entiende que es algo sobre lo que hay que crear jurisprudencia.

Lo único que hace es admitir a trámite e insistir en que existe interés para casar esa jurisprudencia. Pero no entra en el fondo de la cuestión. Por tanto, no analiza lo que le vuelven a pedir las empresas: la potencial declaración de inconstitucionalidad del decreto y de todas las resoluciones que se han generado basándose en el mismo. Cabify entiende que incluye varios artículos de la Carta Magna por no concurrir razones de extraordinaria y urgente necesidad que justificaran la aprobación de las medidas con un real decreto y porque es una “limitación absoluta” al ejercicio de la actividad que “atenta contra la libertad de empresa”.

El Supremo no entra a valorar el resto de razones que plantea Cabify, cuyo recurso insiste en la inconstitucionalidad del 'decreto Ábalos'

“La admisión por el motivo indicado hace innecesario entrar a valorar el resto de cuestiones suscitadas en el escrito de preparación”, asegura el Alto Tribunal. No habrá pregunta al Constitucional en una cuestión prejudicial. Por tanto, la pelea por la inconstitucionalidad vuelve a acabar en derrota de las empresas. En este terreno, los que sí que han tenido una victoria han sido los taxistas. La Federación Profesional del Taxi de Madrid y Taxi Project han conseguido que el TC admita a trámite el recurso presentado por un grupo de diputados nacionales contra el decreto de la Comunidad de Madrid que regulaba la actividad de las VTC y lo trataba de equiparar al taxi.

La batalla abierta en Europa

Esta es una batalla más dentro de la guerra de las VTC en los tribunales, que dirime su principal frente en el Tribunal Supremo y, en última instancia, en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). El primero pidió la opinión del segundo sobre dos de las restricciones que se ha ido imponiendo en los últimos años a estos permisos: la llamada ratio de 1 de estas licencias por cada 30 de taxis y la exigencia de una segunda autorización para operar en las diferentes comunidades autónomas. El Abogado General presentará, previsiblemente, sus conclusiones el próximo 15 de diciembre.

Mientras ese pronunciamiento llega, el final del periodo de gracia para la inmensa mayoría de las licencias VTC en España ha generado una ‘Torre de Babel’ regulatoria. Sólo tres comunidades tienen regulaciones nuevas, otras tantas aún no han tomado medidas -que dejan el mercado en un incierto limbo legal- y un grupo pequeño cree que las que aprobaron entre 2019 y 2020 son suficientes para parar el reloj. La última en moverse fue Andalucía, que planteó un decreto que no dejó contento a ninguna de las dos partes, mientras que Valencia sigue ‘deshojando la margarita'.