El ciberespionaje al Gobierno y a las principales empresas es la mayor amenaza para nuestro país, según el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), una situación que va cada día a más y que cuenta con enemigos cada vez más especializados. Para hacer frente a este peligro para los intereses nacionales, el Ministerio de Defensa ideó la creación de una reserva de hackers. Es decir, activistas civiles que en un momento dado y ante una situación de emergencia colaboraran con Policía, Guardia Civil, Fuerzas Armadas y servicios de inteligencia. Pero la falta de presupuesto para esta reserva digital ha echado para atrás a los especialistas en el ciberespacio y a los potenciales colaboradores.
Telefónica, Repsol, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Santander, BBVA, CaixaBank... Ninguna empresa estratégica española está libre de los ciberataques. Hackers ubicados en España pero especialmente fuera de nuestras fronteras intentan cada día obtener datos sobre contratos millonarios en concursos internacionales o información estratégica de las compañías. Tampoco se libra el sector público, siendo los ministerios de Presidencia, Exteriores y Defensa los principales blancos de los delincuentes en la Red. Las cifras asustan: cada día hay en España unos 100 incidentes dirigidos tanto contra compañías del Ibex 35 u organismos oficiales, y muchos de ellos son de peligrosidad muy alta o crítica.
Las alarmas en el Gobierno saltaron el 12 de mayo de 2017 con el virus Wannacry que puso en jaque la ciberseguridad nacional y que se introdujo en las redes informáticas de las compañías a través de un puerto abierto. Más tarde vino el "Non Petya" y otros ciberataques que obligaron a las autoridades a reaccionar. El Ejecutivo es consciente de la gran profesionalización de los atacantes y de que, además, con los recursos públicos disponibles no es suficiente para combatirlos, de ahí el anuncio de crear esa ciber reserva de hackers particulares para hacer frente a los ataques.
Pero el problema está en la remuneración. El general de División Carlos Gómez López de Medina, jefe del Mando Conjunto de Ciberdefensa (MCCD), ha afirmado en un congreso de especialistas celebrado la pasada semana en Madrid (RootedCON) que el departamento que dirige María Dolores de Cospedal no se plantea pagar ningún tipo de sueldo o recompensa económica a estos voluntarios que deseen 'alistarse' en la rama digital de las Fuerzas Armadas. Colaborarían desde su casa, cuando sean requeridos en caso de emergencia, y solo recibirían algunas dietas si ellos mismos tienen que adelantar algún gasto económico.
Defensa considera que estos ciberactivistas con los que podrían contar valorarían otras variables ajenas a una remuneración económica, como el hecho de haber colaborado en la defensa de su país contra una amenaza o lo que supondría haber participado en una operación de este tipo para su currículum personal. No hay dinero, en definitiva, para estos ciberreservistas voluntarios y altruistas.
La reacción de los profesionales del ciberespacio ha sido de rechazo. En el citado congreso en la capital había unanimidad al indicar que pocos van a trabajar gratis para el Estado a cambio de una medalla o un simple reconocimiento. Consideran que el talento acabará yéndose a las grandes empresas, donde sí pagan por trabajar y por defender los intereses estratégicos de las mismas. Es el caso, por ejemplo, de Chema Alonso, actual jefe de Datos de Telefónica, o de Fermín J. Serna, máximo responsable de la seguridad de Google y que es considerado una eminencia en la materia.
El propio responsable del Mando de Ciberdefensa ha reconocido que el Gobierno no puede competir contra estas empresas que se rifan a los mejores a cambio de una remuneración. "Aquí nadie va a trabajar gratis", era el comentario generalizado sobre el proyecto de crear la ciberreserva. El Gobierno, en suma, no va a tener fácil reclutar a estos cientos de voluntarios que quieran trabajar para el país 'gratis et amore'.
¿Quién está detrás de los ciberataques?
La ministra de Defensa ha llegado a hablar de "la guerra de la información" como "uno de los mayores retos para los sistemas de defensa". En este sentido, a la hora de hablar de ciberespionaje, todas las miradas se dirigen hacia Rusia y China, países que cuentan con una parte de los mejores hackers del mundo. El problema casi siempre surge a la hora de identificar al atacante, ya que se oculta utilizando un complejo entramado que imposibilita seguir su pista y atribuirle el incidente. Por eso la mayoría de las investigaciones no acaban judicializadas, explican desde el CNI.
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