Telefónica persigue pactar el tercer plan de bajas incentivadas y prejubilaciones en España antes de que llegue Navidad. La operadora ya ha llevado a cabo dos mejoras desde una primera propuesta que despertó el rechazo de los sindicatos. Afronta este nuevo recorte laboral con una factura de más de 4.000 millones de euros, entre provisiones y pagos pendientes, de los dos anteriores PSI aprobados en 2015 y 2019 y los últimos Expedientes de Regulación de Empleo (ERE). El que pone sobre la mesa ahora afectará a un número más limitado de empleados y, además, ofrecerá unas condiciones algo peores que los dos anteriores.
La liberalización del mercado de las telecos y la consiguiente privatización de Telefónica ha llevado a una reducción sistemática de la plantilla del antiguo monopolio español. En una primera fase se hizo a través de diferentes Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), con un coste significativo para el erario público por las diferentes prestaciones que se debían abonar a los empleados que se acogían. Fue en el año 2015 cuando cambiaron de estrategia y se propuso un plan por el que se dejaba en suspenso la relación laboral de los empleados mayores a cambio de una reducción de algo más del 30% en el salario, sin que tuvieran que renunciar a algunos de los beneficios sociales típicos de la plantilla. Se trata de cantidades que, pese a repartirse en muchos años, han de ser provisionados y reservados contablemente en el arranque para, posteriormente, ir reduciendo esas cantidades conforme se abordan los pagos año a año.
De los primeros ERE firmados en el grupo sigue habiendo pagos aún pendientes, aunque lógicamente son residuales por el tiempo transcurrido. A cierre de 2020, según las cuentas presentadas ante el Registro Mercantil consultadas por La Información, quedaban aún en la 'hucha' de las provisiones un total de 312 millones de euros en la filial de Telefónica de España, la principal del grupo en el país, y algo más de 8 millones en las otras dos divisiones, Móviles y Soluciones de Tecnología. Aún hay cantidades provisionadas y reservadas del expediente que se firmó en julio de 2003 y de 2011. Entre esos dos sumaban un tope de contratos afectados de más de 21.500.
En el año 2015 arrancaron los PSI. Y esto sí que supuso un cambio importante, en cuanto a la fórmula -no eran despidos- y también en cuanto a los costes de dinero público. Hubo uno en el año 2016, con la negociación del nuevo convenio colectivo, y luego otro en el año 2019. Entre los dos alcanzaron algo más de 6.500 afectados. En total, entre las tres filiales -con Telefónica de España como la que tiene el grueso con diferencia de todas las provisiones- aglutinaban prácticamente 4.500 millones de euros aún pendientes. Sin embargo, analizando el comportamiento de esas provisiones anualmente, se estima que estará con toda probabilidad por debajo de los 4.000 millones cuando concluya 2021.
Ahora queda pendiente saber cuál será el tamaño de la provisión que deberá abordar la operadora con la aprobación del nuevo plan que ahora negocia con los sindicatos. Los pasos que aún deben pasar es la 'luz verde' del consejo de administración y la ejecución de esa reserva en las cuentas de este último trimestre o, como mucho, del primero del año 2022. En anteriores ocasiones, esas 'reservas' obligadas por la prudencia financiera les llevó a recortar de manera importante las ganancias de todo el ejercicio e, incluso, llevar a las pérdidas en uno de los periodos trimestrales. Por la cifra de afectados y las condiciones debería estar claramente por debajo de los 2.000 millones. El de 2019 supuso la salida de 2.600 empleados y tuvo un desembolso de 1.700 millones. En este caso el tope se sitúa en estos momentos en los 2.500 empleados (un 60% de los 4.500 potenciales afectados por edad).
Pese a este esfuerzo económico inicial, que lleva a provisionar la totalidad de los pagos previstos en las prejubilaciones y bajas, la realidad es que este tipo de medidas tiene el objetivo claro de adelgazar la plantilla a futuro y, sobre todo, reducir de manera inmediata el capítulo de gastos laborales en más de un 30% para el grupo de afectados. Se estima que los ahorros de este nuevo plan de bajas podría superar los 150 millones de euros, aunque no son cifras que la compañía haya compartido públicamente.
Una negociación más complicada
Mientras que las negociaciones de los dos anteriores planes fueron relativamente tranquilas para la empresa, con una propuesta que convenció casi desde el principio a la plantilla, la de esta ocasión ha sido algo menos fácil. La compañía salió a la palestra con un planteamiento de mínimos que puso en alerta a los sindicatos, al entender que no se cumplía con las tres condiciones básicas que han ido exigiendo tradicionalmente: universal, voluntario, no discriminatorio. Poco a poco se van acercando las posturas, aunque la posición de partida de la dirección hace pensar que se firmará con unas condiciones peores que el 68% del salario como prestación que se suscribió en 2016 y 2019.
Estas conversaciones culminan un año que va a ser negro para el empleo en las operadoras de telecomunicaciones españolas. Vodafone fue el primero en dar el paso, con un ERE que, finalmente ha implicado 442 salidas -409 ahora y 33 reducciones principalmente por reubicaciones-. Se han vetado un total de 37, mientras que más de medio millar fueron forzosas. Después le siguió Orange, con un total de 400 bajas -de las que la mitad son prejubilaciones-. Y el último en sumarse ha sido Cellnex que ha ejecutado un plan de jubilaciones voluntario que afecta a las empresas Retevisión, Tradia y OnTower en España. En el caso de Telefónica, desde el año 2005, cuando arrancaron los ajustes, se ha pasado de 38.500 empleados a algo más de 18.000, según datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). En todo el sector, el recorte ha sido de más de 20.000 puestos de trabajo en la última década.
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