Colocar un dique de contención ante un más que probable ‘otoño caliente’ en lo laboral en toda España, con la crisis energética y de materias primas como telón de fondo. Telefónica jugó con fuego el pasado jueves y los sindicatos quisieron lanzar un aviso: la deseada paz social está en juego. La operadora ha tratado de calmar a los representantes de los trabajadores con una propuesta de diálogo social en la que buscan enmarcar algunas medidas duras como un nuevo plan de bajas incentivadas (PSI por sus siglas) que ha estado sobrevolando la sede de Las Tablas (Madrid) desde comienzos de este año y que es especialmente ansiado por una parte de la plantilla. Le exigen que hayan propuestas para tratar de asegurar el empleo futuro y la organización en un mercado como el español, especialmente golpeado por la guerra de precios y los despidos colectivos.
El grupo presidido por José María Álvarez-Pallete ha sido una balsa de aceite en la relación con su plantilla. La dirección de la compañía logró en 2019, antes de que estallara la pandemia global del coronavirus y se volviera a poner patas arriba el sector de las telecomunicaciones, pactar en un tiempo récord un nuevo convenio colectivo. En menos de tres meses se negoció en un claro intento del grupo de mantener una necesaria paz social. En esas conversaciones se incorporó ‘in extremis’ un nuevo plan de prejubilaciones. Se aceptaron todas las grandes reivindicaciones de los sindicatos, incluida una subida salarial del 1,5%, el mismo año en el que Vodafone sacó la tijera en su tercer ERE en España en la última década. Esa balsa de aceite se mantuvo casi intacta y fue imprescindible para pactar la prórroga de ese acuerdo, sin PSI, o la regulación del teletrabajo y la semana de cuatro días -ampliamente 'rechazada' por la plantilla-.
Pero todo se ha precipitado esta semana. Después de desvelarse la intención de poner sobre la mesa un nuevo plan de bajas que podría llegar a afectar a un tope de hasta 4.000 empleados, los sindicatos se pusieron en guardia. La tarde del jueves se envió una carta desde la representación de los trabajadores a la dirección especialmente dura en la que se le advertía que hasta ahora habían sido aliados en esta relación pero que una medida como el PSI sin consenso dinamitaría las relaciones sociales convirtiendo la alianza en enfrentamiento. Entendían que se trataba de un plan que primero debía haber pasado por ellos antes de hacerse público y que, además, ha de ser negociado y pactado en una mesa formalmente convocada para ello.
Ante el puñetazo en la mesa de UGT y CCOO, la dirección ha recogido el guante: proponen una mesa de diálogo como antesala de un pacto social. No es, advierten fuentes sindicales, una mesa de negociación, sino de diálogo. Es decir, no se ha planteado un proceso formal para pactar una medida traumática como un nuevo PSI. De hecho, la Comisión Delegada del consejo de administración de la operadora en ningún momento estudió la medida, que debe ser ‘autorizada’ por el propio consejo, pues supone un coste inicial de más de 1.500 millones de euros, al tener que provisionar todos los pagos de las prejubilaciones en el ejercicio en vigor en un ejercicio de prudencia financiera. No hay fechas concretas y desde las organizaciones sociales esperan que haya una primera convocatoria en los próximos días.
Los sindicatos quieren medidas para los que se queden en la disciplina de la operadora de telecomunicaciones tras un potencial plan de bajas. “No se apoyará un simple ajuste en el balance de la empresa”, aseguran desde CCOO, que insiste en que debe pactarse un plan estratégico con “un proyecto de negocio claro y ambicioso”. Desde UGT alertaron de la necesidad de garantizar el empleo en las provincias y la igualdad de género -castigada ante los diferentes ajustes laborales-, potenciar la carrera profesional de los empleados y crear un plan de formación real para regenerar la plantilla y buscar su especialización en nuevas áreas, con más acento tecnológico, de cara al futuro. “El futuro no puede pasar por una permanente reducción de costes a través de la disminución del volumen de la plantilla”, asegura.
Los sindicatos exigen un plan más allá de ejecutar el tercer plan de prejubilaciones en seis años: "No se apoyará un simple ajuste en el balance de la empresa"
Era la primera vez que llegaban antes las intenciones claras de la empresa de hacer un nuevo plan de bajas a la opinión pública que a los propios sindicatos. Pese a su reacción, éstos son conscientes de que existe un interés muy vivo entre los trabajadores más veteranos para que se ponga en marcha esta medida laboral, que es especialmente favorable en un momento en el que se han producido dos ERE en Vodafone y Orange con condiciones muy inferiores. Esto ha hecho que se intensifique la presión sobre los sindicatos de cara a una negociación. Una negociación que además se llevaría a cabo en plena tramitación de la reforma de las pensiones durante los próximos meses, con la que el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, pretende poner coto precisamente a las prejubilaciones.
Más allá del diálogo que ahora se abrirá entre dirección y sindicatos, esta es una prueba más de cómo la compañía española ha trasladado toda la presión al negocio local, dirigido por Emilio Gayo como presidente y por Sergio Oslé como consejero delegado. Los ojos están puestos aquí, después de haber superado algunos problemas en Latinoamérica y con la firma de las grandes operaciones corporativas. Los analistas no pararon de señalar al primer mercado por ingresos del grupo durante la última presentación de resultados, en los que la rentabilidad se vio seriamente afectada (una caída de más del 40% en el Ebitda en el trimestre veraniego) por la guerra de precios, que amenaza con exacerbarse, y el ‘bajo coste’. Ante la presión, el propio Vilá ya advirtió que dentro de los ajustes de costes operativos debían rebajar al máximo la factura del fútbol -algo que quiere impedir a toda costa LaLiga en la subasta de los derechos de televisión- y el capítulo laboral.
Telefónica busca evitar un ‘otoño caliente’ de puertas para adentro cuando ya se advierte desde los propios sindicatos de un ‘otoño caliente’ en lo económico en las calles. La crisis energética, con fuertes subidas de precios, la escasez de materias primas y las previsiones de los diferentes organismos internacionales menos halagüeñas conforman un cóctel que ya ha puesto en guardia al Gobierno. Para completarlo también están algunas reformas clave como la de las pensiones, con la fuerte presión de Bruselas para desbloquear los fondos europeos, o la laboral, con la estrecha vigilancia de los dos principales sindicatos y la patronal.
Vienen semanas críticas en lo económico. También lo serán para las relaciones laborales en la compañía líder de las telecomunicaciones en España. Esa mesa de diálogo prometida debería ser la antesala de medidas de enjundia, que no sólo se tienen que circunscribir al tercer plan de prejubilaciones en seis años para ahorrar varios cientos de millones de euros al año en costes laborales. La tan ansiada paz social está en juego en un momento especialmente delicado, en el que todos los ojos están puestos sobre el negocio español.
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