Telefónica dará por finiquitado definitivamente antes del verano el tercer plan de bajas incentivadas, después de que se completen las casi 30 salidas que aún quedan pendientes. También existen varias decenas de empleados que se encuentran de baja y que no han completado su marcha. El gasto para cubrir estos pagos sí que se registró en el ejercicio 2021: 1.382 millones de euros antes de impuestos. La plantilla de la operadora se situará ligeramente por encima de los 20.000 en el mercado español, lo que supone una reducción de un tercio en los últimos años.
Después de meses de mucho ruido interno en la plantilla del grupo, la compañía puso sobre la mesa un nuevo Plan de Suspensión Individual (PSI) para los que tengan más de 54 años y con una antigüedad superior a los 15 años. La negociación fue la más dura de las que se han dado en los diferentes paquetes de salidas negociados en los últimos años. Y lo fue porque se traspasó lo que hasta ese momento era una línea roja para los sindicatos: la capacidad de veto por parte de Telefónica, tanto de casos concretos como también de áreas críticas para el grupo.
La cifra final, tras algo más de un centenar de vetos, quedó en algo más de 2.300 salidas. El 77% de los que cumplían las condiciones presentaron sus credenciales. Esto se cerró en enero y las primeras salidas debían producirse en febrero. Finalmente en ese mes se finiquitaron buena parte de las salidas. Eso sí, se pactó con los sindicatos que los empleados que formaran parte de proyectos críticos o relevantes, pudieran retrasar su salida unos meses para completarlos. De estos, a día de hoy, quedan cerca de una treintena, según confirman fuentes sindicales. Estos deberían salir antes del verano. Esta cifra se ve incrementada con una cifra más o menos similar de bajas médicas que aún no han podido firmar su marcha.
Esa gran 'oleada' de salidas concentrada en febrero es similar a la que se vivió en el anterior PSI, ejecutado en el año 2019. La operadora se empeñó en rematar lo más rápido posible este frente laboral y quería que se cerraran el grueso de las salidas durante el mes de octubre de ese ejercicio. Pero para ello tuvo que trabajar durante varias semanas con todos sus equipos y con sus proveedores de red para reducir el impacto en la división de operaciones de esta reducción de personal de golpe. En este caso ha sido diferente, pues se pudieron vetar y 'topar' salidas en algunas áreas críticas como la gestión de red, la seguridad, las ventas a empresas o el marketing de producto.
Todos estos empleados que ya han salido de la disciplina de Telefónica percibirán entre el 65% y el 68% del salario regulador, dependiendo de la antigüedad. No podrán competir directamente con la operadora en otros empleos, con los que se puede compatibilizar. Ese dinero no tiene posibilidad de revisarse en base a la evolución de los precios (IPC), como sí se contempla en los salarios para los empleados que se quedan. Esto va a ser más o menos relevante ahora en un escenario de inflación elevada. El Banco de España espera que el incremento medio de precios durante este año sea del 7,5% por la crisis energética, calentada por la invasión de Ucrania.
Aunque las salidas de los trabajadores se han formalizado en el primer trimestre de 2022, los gastos ya se contemplaron en las cuentas de 2021 y también la provisión necesaria. En total se 'reservaron' 1.663 millones de euros para prestaciones a empleados de todo el grupo. De esa cantidad, el PSI supuso 1.382 millones de euros antes de impuestos. A estos planes hay que sumar los dos anteriores. En total a cierre del pasado ejercicio tenía una 'factura' a pagar en los próximos años de 5.228 millones de euros.
Los que salen percibirán entre el 65% y el 68% del salario regulador, pero no se revisa por el IPC
Con la ejecución de este tercer PSI -que se circunscribe a las tres filiales principales, que son Telefónica Móviles, Soluciones de Informática y España-, la operadora dejará la plantilla española muy cerca de caer por debajo de los 20.000 empleados, una cifra históricamente baja. En 2015, antes del primer plan de bajas voluntarias, tenía algo más de 32.000 en el país, según sus propias cifras. A esto también han contribuido, aunque de una manera mucho más modesta, la reducción del área corporativa con otros paquetes de salidas que se han ido ofreciendo a directivos y empleados.
Telefónica no es la única en estos proceso de ajuste. La fuerte batalla comercial y la 'comoditización' del sector de las telecomunicaciones, junto con una consolidación con diferentes adquisiciones y fusiones ha llevado a una pérdida de empleo muy importante. Vodafone ha ejecutado tres Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) en los últimos cinco años, mientras que Orange también hizo lo propio el año pasado. Según los datos oficiales de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), se han perdido algo más de 11.000 empleos en la última década entre los tres grandes operadores.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios