Tres meses clave para preservar la 'paz social' que se ha mantenido intacta en los últimos años. Telefónica tiene por delante dos pruebas muy relevantes para esa tarea: el convenio colectivo, que vence a final de año y que tendrá que ser renovado o prorrogado y con visiones un tanto diferentes entre los representantes de los trabajadores, y el nuevo plan de bajas. Este último ha puesto en guardia a la plantilla y a los sindicatos, que aún no han recibido ningún tipo de indicación oficial pese a que desde la cúpula dan los últimos retoques a este programa plurianual que podría recortar en un máximo de 5.000 empleados la plantilla en España. Y todo sucede con los festejos del centenario de la empresa en 2024 como telón de fondo.
Existe temor entre los trabajadores de la filial española de un recorte de condiciones económicas y sociales ofrecidas en ese plan -el año 2021 ya se bajó el suelo de la renta a cobrar hasta el 65% en algunos casos desde el 68% inicial-. El anterior ya supuso un hito al abrir la puerta al veto. De hecho hubo un centenar de personas que presentaron credenciales y tuvieron que mantenerse por decisión de la dirección de la compañía. La negociación va a ser clave y se tendrá que sustanciar en las próximas semanas.
Fuentes sindicales confirman a La Información que hasta este mismo lunes no había habido ningún tipo de anuncio formal ni de reunión planteada por la dirección para explicar la posición y las directrices. Se espera que haya un encuentro entre esta semana y la próxima para una primera toma de contacto. La razón: este ajuste en Telefónica España se incluirá en el plan estratégico, por lo que el primer encuentro deberá ser antes. Las organizaciones no quieren posicionarse oficialmente hasta que no haya una comunicación formal de la organización, presidida en España por Emilio Gayo.
Existe cierto temor ante un empeoramiento de las condiciones del plan de bajas con el diseño por áreas o más vetos
El de las condiciones económicas -la renta que percibirán los empleados incluidos en el plan hasta su jubilación- no es el único asunto espinoso después de que la capacidad de veto ya se ganara por parte de la empresa en el anterior. Se trata de la configuración por edades o por actividad. Tradicionalmente, el PSI se ha diseñado por edad y sin ningún tipo de límite en actividades o sin repartos por áreas. En esta ocasión, uno de los puntos críticos va a ser el apagado de las centrales de cobre. Para abril de 2024 se cerrarán casi 3.330 centrales de cobre que aún mantenían su actividad con normalidad (desde 2014 se habían cerrado otras 2.236). Hay que tener en cuenta que algunas de las instalaciones deberán mantener servicios mayoristas hasta 2025 y en dos hasta marzo de 2026.
Ese cierre va a ser determinante, pues habrá una proporción relevante de empleados vinculados a esas operaciones que puedan ser susceptibles de sumarse al plan de bajas, según explican fuentes conocedoras. La duda que existe entre los empleados y los propios sindicatos es si habrá un reparto cerrado basándose más en áreas y no tanto en edad del empleado, lo que llevaría a una configuración completamente distinta del plan -y empleados que cumplirían los criterios por edad que se quedarían fuera-. Las mismas fuentes dan por hecho que los vetos se mantendrán, después de que el año pasado se abriera la puerta y se llegara a un acuerdo con la representación social.
El último momento en el que hubo un amago de batalla entre los sindicatos fue a finales de 2021. También se conoció a través de los medios el plan y los sindicatos actuaron de manera muy diferente. Esa misma tarde se envió una carta firmada por la representación de los trabajadores -pactada por CCOO y UGT- especialmente dura en la que se le advertía que hasta ahora habían sido aliados pero que una medida como un PSI sin consenso dinamitaría las relaciones sociales. Entendían que se trataba de un plan que primero debía haber pasado por ellos antes de hacerse público y que, además, ha de ser negociado y pactado en una mesa formalmente convocada para ello. La empresa tuvo que rectificar y convocar una mesa de diálogo. En esta ocasión, ni CCOO ni UGT han movido ficha aún.
La otra prueba de fuego es el convenio colectivo para las tres principales filiales, que deberá abordarse antes de final de año y que previsiblemente incluirá el plan de bajas
El convenio, la otra prueba
El del plan de bajas es un asunto peliagudo en la sede madrileña de Las Tablas. Hay una parte significativa de la plantilla que tiene un vivo interés en estos planes de bajas por unas condiciones ventajosas para marcharse y poder compatibilizarlo con otros trabajos con los que no compitan con Telefónica. Y al contrario de lo que sucede en otras grandes compañías, existe cierta presión de una parte de los equipos para poner en marcha esta medida. Ahora es un terreno en cierta manera inexplorado, por las condiciones que lo envuelven y por la posibilidad que existe de abrirlo a otras filiales -siempre ha estado circunscrito a Telefónica de España, Móviles y Soluciones, las que están regidas por el gran convenio-.
El otro punto que va a poner a prueba la paz social y la negociación colectiva es el nuevo convenio de estas tres filiales. Hay debate interno entre las principales organizaciones sindicales sobre cómo abordar las conversaciones. Como apuntó La Información, existe una posición más firme por parte de UGT -principal sindicato tras las últimas elecciones- para aprobar un nuevo convenio colectivo. Buscan abrir más el 'melón' del teletrabajo o de los procesos de movilidad forzosa o no tanto en territorios como en funciones. Aboga por un convenio "de larga duración" una vez finalice la vigencia del actual el próximo 31 de diciembre. En CCOO no está tan claro y hay voces internas que apuestan por una prórroga para abordar la negociación dentro de un año, con el grueso del centenario ya cumplido y con más claridad sobre la saudí STC y sus intenciones.
Lo que ha sucedido en otras ocasiones es que el plan de bajas se ha incluido en el convenio o en la prórroga del mismo. Lo lógico es que se incluya en el documento pero por ahora no hay nada en firme. En caso de que se apueste por parte de la compañía presidida por Álvarez-Pallete por una prórroga debería comunicarse formalmente a los sindicatos antes del 1 de enero de 2024. Abrir una negociación 'en canal' en pleno centenario del grupo sería todo un reto para la dirección, pues lo último que se querría sería un fuego laboral relevante.
Ese centenario va a ser un incentivo importante para llegar a un acuerdo por parte de la dirección de la empresa. En 2021 lo era la amenaza de un 'otoño caliente' en lo económico con la crisis energética y la fuerte subida de precios. Ahora lo es un año que lleva preparándose desde hace mucho tiempo en el seno de la operadora. Ya a mediados de 2022 arrancó la maquinaria para blindar todos los actos con un comité organizador. Lo último que querría Álvarez-Pallete y su equipo y es no blindar esas relaciones con la plantilla.
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