La batería de medidas regulatorias que el Gobierno tiene sobre la mesa para este 2022 pasa en gran medida por las carreteras españolas. A la espera de definir el modelo de pago por uso que se utilizará en las vías de alta capacidad, el Ministerio de Transportes sigue avanzando con normativas necesarias para el momento en el que se decida si pagaremos por kilómetro recorrido o una tasa fija cada año. Se trata de los telepeajes, un compromiso adquirido con Bruselas que se verá plasmado en un real decreto que verá la luz próximamente, siempre antes de que termine el ejercicio.
Los plazos se aceleraron a finales de la semana pasada, después de que el ministerio obtuviese por parte del Consejo de Estado el dictamen consultivo sobre la normativa que regulará este aspecto. El real decreto fue uno de los 14 asuntos despachados por la sala permanente, uno de los órganos decisorios del organismo presidido por Maria Teresa Fernández de la Vega -se reúne semanalmente-. El otro es el pleno, donde se elevan aquellos asuntos que no quedan aprobados en sala. Este dictamen, cuyo contenido todavía no ha trascendido, no es ni preceptivo ni vinculante -solo lo son unos pocos-.
La regulación de los telepeajes persigue varios objetivos. De un lado, cumplir con la normativa europea y fijar un método por el cual los sistemas de control en las carreteras españolas sea el mismo que en el resto de Estados miembro, es decir, poder viajar por todo el Viejo Continente con el mismo dispositivo electrónico. De ese modo, se conseguiría la segunda meta: facilitar el intercambio entre países de información sobre el impago de estas tasas en las carreteras de toda la Unión Europea. Se trata de la segunda iniciativa que Bruselas lleva a cabo en las dos últimas décadas. La primera se desarrolló durante 2004, pero no tuvo mucho éxito.
El calendario comprometido por Moncloa marca que el real decreto no puede demorarse más allá de 2022. La reforma de los telepeajes figura en el plan anual normativo del Ejecutivo que se aprobó aproximadamente un mes atrás y que contempla una apretada agenda política durante los próximos meses. Prevé 368 reformas, que incluyen once nueve leyes orgánicas y 81 ordinarias. Aunque el programa está cargado de novedades, algunas formaciones políticas han afeado la omisión de reformas prometidas como la ley de financiación autonómica o la ley de la Corona.
El modelo de pago por uso
Pese a que la ley de los telepeajes cumple con un compromiso frente a Bruselas, no resuelve todavía la gran duda sobre cuál será el modelo de pago por uso en las carreteras españolas. El Gobierno garantizó a la Comisión Europea en su plan de recuperación que a partir de 2023 los españoles estarán ya pagando, al menos, por circular por las vías de alta capacidad. No obstante, Transportes no tiene ninguna prisa por avanzar a corto plazo ante el inevitable coste político que tiene esta medida. El mero anuncio ya le ha costado multitud de críticas al Gobierno, algunas de ellas incluso desde su socio en la coalición.
Con todo, se espera que España adopte un modelo transitorio entre 2023 y 2024, en el que primero se establecerá un modelo de pago por uso fijo y más tarde una fórmula similar a la que se utiliza en Portugal, donde cada conductor paga de manera proporcional por el uso del coche. Aún quedan aspectos por desvelar -el céntimo por kilómetro recorrido o qué pasa con las autopistas que no son de titularidad estatal, principalmente-, pero el Gobierno está cada vez más cerca de reparar el déficit millonario que tiene para el mantenimiento.
La próxima iniciativa que arrojará un poco de luz al respecto será la nueva Ley de Movilidad Sostenible, que acumula días de retraso desde su anuncio oficial y prevé incluir varias novedades, entre ellas las relativas a la financiación de las infraestructuras. En Transportes avanzan que no se entrará en detalle del modelo de pago por uso, pero sí se reiterará la voluntad de hallar un consenso con todos los colectivos afectados para poder fijar una fórmula. Los roces con colectivos como el de los camioneros también dificultan el objetivo de tomar una decisión sin que haya discrepancias.
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