El Grupo Popular acorrala a Robles y pide respuestas por el fiasco del blindado vip

El fiasco del contrato para la construcción de los nuevos blindados vip del Ejército de Tierra, el vehículo de combate '8x8 Dragón', va a llegar al Congreso de los Diputados, toda vez que desde el Grupo Parlamentario Popular se han formulado una serie de preguntas que debe contestar por escrito el Ministerio de Defensa, hasta ahora bajo la responsabilidad de Margarita Robles, para aclarar porque se ha malogrado el mayor contrato de la historia de este cuerpo del Ejército,  

¿Ha incumplido Santa Bárbara con el contrato firmado o no había contrato firmado? ¿Recoge el pliego de prescripción para la construcción de los blindados todos los condicionantes técnicos, operativos y económicos que son necesarios en este tipo de equipamiento? En el caso de iniciar un nuevo proceso para la contratación, ¿con qué tipo de procedimiento de licitación se haría su adjudicación? Estos son los tres dardos que lanza Paloma Gázquez Collado, diputada por Asturias y perteneciente al Grupo Popular, para recabar explicaciones de la ministra de Defensa en funciones. Eso sí, la política asturiana pide que las respuestas sean por escrito.

El contrato del blindado 8x8 no es un mero asunto sectorial. Defensa declaró estas navidades desierto el mayor contrato de armamento de la historia del Ejército de Tierra. Y las reacciones no se han hecho esperar. Los sindicatos de las  factorías de Trubia (Asturias) y Cádiz, donde opera Santa Bárbara Sistemas, se han pasado estos días festivos denunciando la pérdida de empleo que supone no fabricar el blindado. También la propia empresa se ha llegado a encarar con Robles al afirmar que con ellos no se firmó ningún contrato, siguiendo las declaraciones que la ministra en funciones llegó a hacer tras la filtración del documento de la Dirección General de Armamento y Material (DGAM) en el que se anunciaba que rechazaban la oferta de esta empresa. El asunto, aderezado con una larga cadena de retrasos en la producción de los prototipos (que ha sido uno de los argumentos ministeriales para la no continuidad de la producción) ha dejado la fábrica y pasa al Congreso.

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El Partido Popular no quiere que se pase página sobre la cadena de 'extrañezas' que rodean a la adquisición del blindado. Las respuestas apresuradas de Margarita Robles mientras visitaba el Ala 12 del Ejército del Aire el pasado 27 de diciembre, en plenas fechas festivas, no han convencido a nadie. "Santa Bárbara dio marcha atrás e incumplió el contrato de los vehículos blindados", dijo allí la titular de la cartera de Defensa y aseguró que habría un nuevo concurso al que cualquier empresa podría optar.

Con tantos interrogantes, los populares piden que la nueva hoja de ruta del 8x8 quede perfilada por escrito. Si hubo contrato con Santa Bárbara (algo fundamental de cara a una futura sanción a la compañía), si habrá concurso público (lo anterior fue contratista único y solo se invitó a Santa Bárbara) y qué recogía exactamente el pliego. La licitación se abrió el pasado mes de julio de 2019 por la DGAM de Defensa. La idea era que los VCR 8x8, desarrollados íntegramente en España, sustituyeran a los BMR, que fueron retirados de determinadas operaciones internacionales por sus deficiencias y carencias de seguridad.

El Gobierno, ese mismo mes, autorizó la celebración del contrato por 2.100 millones de euros para la producción de un primer lote de 349 unidades y cerca de 92 millones para los prototipos previos. Una resolución filtrada en un foro de Defensa la pasada Navidad, y adelantada por infodefensa.com., descartaba la oferta presentada por Santa Bárbara Sistemas. Desde el punto de vista económico, afirman los informes, "no existe trazabilidad entre los documentos que conforman la oferta, siendo esta un elemento esencial y fundamental para realizar su análisis económico" y además la oferta presentada por Santa Bárbara no recoge "ninguna partida económica asociada a riesgos", por lo que, de aparecer, se tendría que dotar al programa de más presupuesto.

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El documento, cuya autenticidad se tardó en verificar unas horas, recogía que el pasado 30 de octubre se dio traslado de la oferta de Santa Bárbara a la oficina del programa VCR 8x8 para evaluar la parte técnica, mientras que el grupo de evalución de costes analizó la oferta económica y al área de gestión industrial estudió el plan de participación industrial. Todas estas áreas presentaron un informe contrario a la oferta de Santa Bárbara.

El programa de la fabricación de los prototipos que deberían haber probado los expertos de la Legión el pasado mes de diciembre y sobre los que se construiría el modelo definitivo, atraviesa un momento delicado. Una situación que ha pasado por alto la diputada asturiana Gázquez en su preguntas a Robles, tal vez por que la fábrica de Trubia es lo único que por ahora tiene asegurado. Un nuevo retraso ha pospuesto hasta mayo de 2020 la fecha límite para la entrega de los cinco prototipos al Ejército de Tierra. 

Debido a estos retrasos, el Gobierno aprobó en Consejo de Ministros del pasado 20 de diciembre una tercera adenda al convenio con Indra-Santa Bárbara en la que se trasladaba a 2020 los pagos del Ministerio de Industria previstos en 2019 para, según explica el propio Ejecutivo, acomodarlos al ritmo de ejecución real del programa. Lo que nadie ha aclarado todavía es para qué sirven unos prototipos de una determinada empresa si luego se licita que concurran otras con distinta tecnología. 

¿Qué busca ahora el Ministerio de Defensa? Fuentes expertas en este sector industrial advierten que ese proceso, o bien pretende retocar la ambición del programa, reduciendo las capacidades tecnológicas de los vehículos y su primera serie de fabricación de 348 unidades (menos coste por menos prestaciones); o bien supone contar con menos vehículos 8×8, lo que vendría dado de un análisis de las necesidades futuras en los despliegues en el exterior.