Denuncia contra Lula profundiza crisis del gobierno brasileño

La denuncia contra el expresidente Luiz Inacio Lula da Silva, ya investigado por corrupción en el caso del fraude a Petrobras, presiona aún más al debilitado gobierno brasileño a días de una manifestación opositora que se prevé masiva.

Líder de la izquierda latinoamericana, Lula fue denunciado la noche del miércoles por ocultación de patrimonio, una modalidad de lavado de dinero, y falsedad ideológica (mentir en documentos oficiales) por la Fiscalía de Sao Paulo.

El Ministerio Público sospecha que el expresidente es dueño de un elegante apartamento en el cercano balneario de Guarujá, algo que el exmandatario niega tajantemente. Junto a él, también fue denunciada por lavado de dinero su esposa, Marisa Leticia, y su hijo mayor, Fabio Luis Lula da Silva, además de otras 13 personas.

"La investigación se basó en pruebas documentales y de testigos. Dos decenas de personas relataron que el tríplex de Guarujá estaba destinado al expresidente Lula y su familia", afirmó el fiscal Cassio Conserino este jueves en rueda de prensa.

En paralelo, el mismo inmueble también es objeto de investigación en la operación Lava Jato, que desentraña la red de corrupción tejida entre políticos, empresarios y exdirectivos de la petrolera estatal Petrobras, un caso basado en la Fiscalía de Curitiba (sur) y que sacude a toda la clase política brasileña.

El apartamento oficialmente es propiedad de la constructora OAS, involucrada en el esquema de fraude, y autoridades sospechan que la empresa utilizó estos emprendimientos como pago de favores a cambio de contratos con la estatal.

"Quieren involucrarme a cualquier precio" en la operación Lava Jato, deploró el miércoles Lula tras reunirse con senadores en la casa del presidente del Senado, Renan Calheiros, según el diario O Globo.

La acusación contra el carismático Lula, presidente entre 2003 y 2010, cae como una bomba sobre el izquierdista Partido de los Trabajadores (PT) y la mandataria Dilma Rousseff, enfrentada a la posibilidad de un impeachment y atribulada por informaciones que vinculan a su gobierno con el esquema de corrupción, justo en momentos en que Brasil atraviesa una severa recesión económica.

"Todavía hay un margen para empeorar. Hay espacio para que el PT se radicalice aún más, para más violencia, más intransigencia política y parece que estamos llegando a un punto de no retorno", declaró a la AFP el analista político de la Universidad de Brasilia Everaldo Moraes.

La denuncia de la Fiscalía ocurre también a días de una manifestación convocada para este domingo por diversos grupos y partidos opositores al gobierno y que, según autoridades locales, puede reunir hasta un millón de personas sólo en Sao Paulo.

El lunes, en otro capítulo más de sus entuertos con la justicia, Lula debe declarar como testigo por videoconferencia desde Sao Paulo ante el juez de Curitiba Sergio Moro, que lidera el caso Lava Jato.

La presión sobre el gobierno arreció hace unos días cuando reportes aún no confirmados señalaron que el senador del PT Delcidio Amaral -acusado de participar en el "Petrolao" y hasta hace poco hombre de confianza de Rousseff y jefe de la bancada del partido en el Senado- habría testificado que la presidenta obstruyó la investigación sobre la corrupción en Petrobras. Y todo eso da más leña al fuego de quienes buscan la caída de la mandataria.

La defensa del expresidente alega que existe conflicto de jurisdicción entre las justicias de Sao Paulo y de Curitiba, que investigan los mismos hechos. La denuncia, en todo caso, aún tiene que ser revisada por un tribunal de Sao Paulo.

El propio Lula y sus partidarios alegan que todos estos procesos constituyen un complot de la "élite" y la prensa para evitar su probable candidatura a la elección presidencial de 2018, a la que quiere llegar como el líder que sacó de la pobreza a 40 millones de brasileños la década pasada.

"El Ministerio Público no trabaja con calendario político, sino judicial. Está pautado en plazos legales o judiciales, sin importar si éste u otro procedimiento tienen alguna repercusión política y social", aclaró el fiscal José Carlos Blat.

Pero este caso hace tambalear la imagen del hombre que dejó el poder con un histórico 80% de popularidad. El viernes, Lula fue llevado a la fuerza por la policía para declarar en el marco del Lava Jato por supuestamente haberse beneficiado de favores pagados por empresas vinculadas en la trama.

Estos días, entre pasillos de la política y la prensa local se comenta que Lula podría ser nombrado ministro por la presidenta. El diario Folha de Sao Paulo publicó que Rousseff había aceptado darle un cargo en su gabinete, pero que Lula rechazó esa posibilidad.

"No tiene ningún sentido, sería visto como una medida de protección personal a Lula", afirmó a la AFP el cientista político Sergio Praça, profesor de la Fundación Getulio Vargas.