Maíllo cree que la Junta reconoce su "corresponsabilidad" en los ERE al señalar a IU por "negligencias" en la formación

Maíllo ha realizado esta reflexión en una rueda de prensa en el Parlamento andaluz y a preguntas de los periodistas sobre lo manifestado este martes por el portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, que argumentó que si IU ve responsabilidad política en el caso de los cursos de formación "también apuntará a las personas que se sentaban en ese Consejo de Gobierno" cuando se permanecía sin convocatorias de formación e IU cogobernaba en la Junta, y en esa línea señaló que en la federación de izquierdas no dijeron "ni una palabra en sentido contrario a la paralización" de la formación, de ahí que Vázquez considerase que sus conclusiones "llaman mucho la atención", más cuando "las firma" una de las comisionadas de IU que estaba en ese Consejo de Gobierno, en alusión a la actual diputada y exconsejera de Vivienda Elena Cortés.

Maíllo ha respondido que el portavoz del Gobierno andaluz "incurre en un grave error" y "se ha dado un tiro en el pie" con esa idea de que "por haber pertenecido al Gobierno tenemos una corresponsabilidad en la negligencia de otros", ya que con ella "se les cae (a la Junta) como castillo de naipes su argumentación de que el caso de los ERE era una cuestión de cuatro golfos en Empleo".

Vázquez, según el líder de IU en Andalucía, "acaba de declarar su convicción de que en el caso de los ERE hay una corresponsabilidad de los miembros de su Consejo de Gobierno y su presidente de Gobierno", porque, según ha insistido, "si un miembro de Gobierno de obra pública es responsable de lo que haga Empleo, se cae la argumentación de que el asunto de los ERE era responsabilidad de la Consejería de Empleo pero no tenía nada que ver la Presidencia del Gobierno".

"Con eso se les cae ese discurso en el que intentan poner un aislamiento sanitario respecto a la Consejería de Empleo", ha apuntado Maíllo, para resumir que desde la Junta "están reconociendo que son corresponsables de la golfería de la Consejería de Empleo".

En cualquier caso, el portavoz parlamentario de IULV-CA ha insistido en que su grupo no tiene "responsabilidades" en lo ocurrido, y al respecto ha razonado que "aplaudimos la paralización de la convocatoria" de cursos de formación en su momento al entenderla una "actitud prudente" y "para que se investigaran las irregularidades" que en ese momento "se estaban detectando", y "para averiguar cuáles eran las debilidades de la convocatoria y corregirlas".

Lo que pasa es que, según ha continuado Maíllo, "una actitud inicialmente prudente se convirtió en negligente cuando quien tenían responsabilidad --el consejero de Empleo y la presidenta de la Junta-- dejaron 'sine die' la investigación de las posibles irregularidades o deficiencias en la convocatoria de las ayudas y la aplazaron nada más y nada menos que tres años", lo que ha dado pie a que hayan pasado "tres convocatorias" con "gente que se ha sentido perjudicada objetivamente".

De eso, según ha insistido, son "responsables el consejero de Empleo, que tendría que haber investigado de manera urgente y presentado un informe, y la presidenta de la Junta, que tenía que haber dado indicaciones para que la posibilidad de mejorar o modificar el tipo de convocatorias se hubiera hecho en seis meses".

En esa línea, Maíllo ha aseverado que para efectuar los cambios que ha realizado la Junta en materia de convocatoria de cursos de formación --"estableciendo un tope de ayudas a las entidades, eliminando las exceptuaciones y estableciendo concurrencia competitiva"-- "no hacían falta tres años".

SEPARACIÓN ENTRE LO JUDICIAL Y LO POLÍTICO

De igual modo, el líder de IU Andalucía también ha insistido en separar "entre el debate jurídico, si lo hay, y el político, que es el centro en torno al que debe girar el debate y las conclusiones" en la comisión de investigación del Parlamento, órgano éste que "no es un juzgado de primera instrucción".

Maíllo ha señalado que el "debate jurídico tapa el debate político", porque "el PP y el PSOE se han enfangado en un debate judicial en torno al cual el PP cada vez que había una iniciativa de un juez o un fiscal se basaba en esa decisión para vincularlo al debate político de petición de responsabilidad, y el PSOE se ha basado en la expectativa y esperanza de ver sobreseído cualquier procedimiento judicial para absolverse políticamente".

Ante ello, ha reiterado la posición de IU, la de que "algo puede ser impecablemente legal o no ser susceptible de ningún tipo de consideración de carácter penal, pero ser impresentable o absolutamente reprobable desde el punto de vista político".

En el caso de los cursos de formación, y "sin entrar en el ámbito de responsabilidades jurídicas", IU considera que "se ha producido un descontrol en la gestión, el seguimiento, el control y la evaluación, que no ha habido, de los cursos de formación".

Eso, según ha hecho hincapié Maíllo, "tiene una responsabilidad política por parte de quien, pudiendo haber decidido o establecido mecanismos rigurosos de seguimiento y evaluación, no lo hizo; de quien con la decisión de no establecer convocatoria de concurrencia competitiva o de no establecer topes de ayudas de subvenciones, o de tener manga ancha con las exceptuaciones, permitió que se crearan pseudoempresas con pseudoempresarios cuya única actividad empresarial era la caza de subvenciones para impartir cursos de formación", así como se permitió que hubiera "ayudas sin límites para cursos a empresas muchas de ellas vinculadas con el PSOE, de gente que ha sido miembro del Gobierno andaluz".

Además, "las exceptuaciones se convirtieron en una norma", y ello, según ha agregado Maíllo, "en un ámbito de impunidad, de que todo valía y no pasaba nunca nada". "Desde esa perspectiva resuenan con mayor convicción las conclusiones" que propone IU para la comisión de formación, que establecen, según ha recordado su portavoz parlamentario, "tres niveles de responsabilidad"; una "'in vigilando e 'in eligendo' en el caso de Manuel Chaves, que es quien inicia este procedimiento como presidente de la Junta; 'in eligendo' en el caso de José Antonio Griñán, y de negligencia en el caso de Susana Díaz", según ha resumido.