PRESIDENTES. TODO LISTO EN EL SENADO PARA COMENZAR LA CONFERENCIA DE PRESIDENTES

- Puigdemont y Urkullu son las únicas ausencias. Todo está listo en el Senado para que esta mañana arranque la VI Conferencia de Presidentes entre el Gobierno de España y las comunidades autónomas, en la que está previsto aprobar 10 acuerdos para, entre otras cosas, poner en marcha un nuevo modelo de financiación regional.
El presidente del Senado, Pío García-Escudero, es el encargado de recibir a todos los participantes en la Plaza de la Marina Española a partir de las 8.30 horas. Primero llegarán los presidentes autonómicos, después el presidente del Gobierno y, por último, el rey Felipe VI, que mantendrá un breve desayuno de trabajo con todos ellos.
Está previsto que la Conferencia de Presidentes arranque formalmente a las 9.30 horas con una foto de familia de todos los presentes. Las únicas ausencias son las del presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, y el lehendakari del País Vasco, Iñigo Urkullu.
A las 9.45 debe comenzar el debate con una intervención de aproximadamente 15 minutos de Mariano Rajoy, quien posteriormente cederá la palabra a los 15 presidentes autonómicos y los alcaldes de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla para exponer su visión sobre la situación actual de España y los problemas que acucian a sus territorios.
A mediodía harán un alto para comer y posteriormente reanudarán el debate sobre 10 acuerdos que el Ejecutivo ha negociado en las últimas semanas con las comunidades. Se trata de una decena de documentos, entre los que destaca la financiación autonómica.
Además, el Gobierno de Mariano Rajoy ha negociado otros nueve acuerdos con las comunidades sobre el reto demográfico, un pacto de educación, cooperación en Protección Civil, unidad de mercado, creación de una tarjeta social, aplicación del bono social, participación de las autonomías en asuntos europeos, políticas de empleo y el reglamento con el que a partir de ahora funcionará la Conferencia de Presidentes.
DIEZ ACUERDOS
El documento más importante que pretende sacar adelante el Ejecutivo de Mariano Rajoy es el que afecta a la financiación autonómica, que previsiblemente plasmará el compromiso de crear en el plazo máximo de un mes una comisión de expertos de las diferentes administraciones para negociar un nuevo modelo y que a la vez busca constituir otro grupo de trabajo para solucionar la falta de financiación de la Ley de Dependencia.
Este acuerdo debe cerrarse en la propia Conferencia de Presidentes, igual que otra resolución sobre unidad de mercado y reposición de puestos fijos de funcionarios en las comunidades autónomas, que podría poner fin a la temporalidad de muchos trabajadores de las administraciones autonómicas en hospitales, centros médicos y colegios, por ejemplo.
Los asuntos que más puntos en común han concitado son los que demandan un pacto social y político entre todos los partidos y administraciones para cambiar la ley de educación e implantar un modelo que perdure en el tiempo.
También hay consenso unánime en la creación de un Consejo Nacional de Protección Civil antes del 31 de marzo para dar cumplimiento a la nueva ley de 2015 y que debe servir para mejorar el trabajo conjunto y la colaboración entre administraciones en momentos de especial necesidad o gravedad.
Gobierno y comunidades autónomas tienen otro principio de acuerdo para crear un grupo de trabajo en tres meses que impulse la puesta en marcha de una tarjeta social común a todas las administraciones, para mejorar la coordinación a la hora de evitar el corte del suministro eléctrico a personas con pocos recursos, para facilitar la participación en debates y foros de la Unión Europea y para potenciar la creación de empleo con mejores políticas y la promoción de la Formación Profesional Dudal.
La despoblación de algunos territorios de España ha motivado que varias comunidades de color político distinto hayan trabajado conjuntamente en una declaración para elaborar una estrategia nacional. Asturias, Galicia, Aragón y Castilla y León han liderado este debate, que el Gobierno de España ha asumido como propio pero que ha dejado en manos de las comunidades más afectadas por este problema.
Por último, la Conferencia de Presidentes pretende aprobar un décimo documento en el que se plasmará el método de funcionamiento de este foro, con el propósito de fijar la obligación de reunirse una vez al año. De ello se encargará un comité preparatorio que hará seguimiento de lo acordado cada seis meses y una secretaría permanente que coordinará los trabajos.