El PSOE se suma con su propio escrito a la petición de Ciudadanos, que el pasado 22 de febrero registró en la cámara baja una proposición de ley que iba en la misma dirección de eliminar las tasas judiciales para estos sectores. Ciudadanos se basó en un documento elaborado por la Brigada Tuitera, un colectivo ha llevado su reivindicación a diferentes parlamentos autonómicos después de constatar "el caso omiso" que les presta el Gobierno de Mariano Rajoy.
"El objetivo de la propuesta es eliminar barreras económicas que supongan una limitación de acceso a la justicia, ya que vulneran la tutela judicial efectiva e impiden la defensa de los justiciables al constituir un gravamen desproporcionado y disuasorio, sin tener en cuenta la capacidad económica", ha explicado el portavoz socialista de Justicia, Juan Carlos Campo, que ha pedido que "la economía no genere desigualdad también en el ámbito de la Justicia".
El PSOE alega que quiere acabar con "cualquier incertidumbre" para las organizaciones sin ánimo de lucro, de forma que queden exentas todas del pago de las tasas instauradas por la Ley 10/2012 aprobada por el Gobierno del PP, algo que hace extensible a las empresas que no facturen más de un millón de euros, muchas de ellas golpeadas por la crisis económica.
En este aspecto, y para evitar problemas derivados con la Ley de Sociedades a la que hacía referencia el documento que la Brigada Tuitera pasó a diferentes partidos políticos, incluido el PSOE, el grupo parlamentario socialista ha decidido presentar su propia proposición que, no obstante, está inspirada en el texto de dicho colectivo, tal y como se puede apreciar en la exposición de motivos.
En un comunicado, Campo reconoce que las diferentes acciones de protesta y de recursos judiciales han rebajado la originaria ley de tasas, pero esto último "tampoco ha solucionado el problema" de fondo, por lo que habla de "una mera contrarreforma insuficiente" por parte del Ejecutivo de Mariano Rajoy.
"La Ley 10/2012 reimplantó en España, tras 26 años, las tasas judiciales con un carácter general, asignándoles cuantías tan elevadas que, más allá de la finalidad recaudatoria, parecen pretender un efecto disuasorio que colisiona frontalmente con derechos de protección constitucional, al no tener en cuenta el establecimiento de las tasas a la capacidad económica del sujeto, tal como prescribe la Constitución española", ha denunciado el dirigente socialista.
COMPARECENCIA DEL MINISTRO
El pasado 25 de febrero, el PSOE presentó varios escritos en el Congreso pidiendo la comparecencia del ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, para que explique los problemas detectados en LexNET, el sistema de comunicación telemática que está en vigor desde el pasado 1 de enero.
También reclamaba que informara de otras cuestiones como las "situaciones de impunidad" que se pueden derivar de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) o sobre la Memoria Anual de la Fiscalía General el Estado correspondiente a 2014, así como la del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo.
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