EL PP RECURRIRÁ SU PROCESAMIENTO POR LA SUPUESTA DESTRUCCIÓN DE DATOS INFORMÁTICOS DE BÁRCENAS

El Partido Popular anunció este martes que recurrirá el auto por el que se deniega el archivo de la causa abierta por la supuesta destrucción de datos informáticos del extesorero del partido Luis Bárcenas, al considerar que la decisión del juzgado resulta “abiertamente infundada y contraria a Derecho”.
A través de un comunicado, el PP explica que “en contra del criterio de la Fiscalía, el juzgado ha denegado hoy el sobreseimiento solicitado por los investigados y por el propio Ministerio Fiscal” y denuncia que la línea argumentativa del auto “se basa en la creencia acrítica en las palabras de Bárcenas, que no ha podido acreditar en el procedimiento que los ordenadores contuvieran información de ningún tipo”.
“Sus meras acusaciones sin prueba no pueden servir para abrir un proceso penal, máxime cuando ya es sobradamente conocida la absoluta falta de credibilidad de lo que afirma quien ha cambiado sus versiones en muchas ocasiones, con el único objeto de dañar la imagen del PP”, denuncia en su escrito.
En este sentido, recuerda el PP que el propio Bárcenas dijo al juez Ruz que lo que aportaba ante la Audiencia Nacional era “todo lo que supuestamente tenía en los ordenadores que en su día utilizó en la sede del partido, aunque después mantenga lo contrario en este procedimiento”.
La fundamentación de la decisión “en las simples palabras de quien se encuentra encausado en varios procedimientos penales, sin la más mínima prueba que las avale, genera una grave indefensión”, señala el partido que lidera Mariano Rajoy.
Critica, asimismo, que el auto que se va a recurrir infringe “gravemente” el derecho a la presunción de inocencia de los investigados, “pretendiendo dirigir contra ellos un proceso penal sin la más mínima prueba que lo sustente”. “El PP quiere recordar que este procedimiento ya fue archivado en su día, por no resultar acreditada la comisión de ningún ilícito penal”.
Por último, el PP manifiesta “su más firme respaldo” a los investigados en las presentes actuaciones y su “confianza” en que finalmente el Estado de Derecho “acabe imponiendo su razón ante unas falsas acusaciones que tienen una exclusiva intencionalidad política, al margen por completo del ámbito de aplicación del Derecho penal”.