A.Nacional: España puede perseguir ablación pese reforma justicia universal

Madrid, 3 oct.- La Audiencia Nacional ha considerado hoy competente a los tribunales españoles para perseguir los delitos de ablación pese a la reforma de la Justicia universal, al prevalecer sobre ella el convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica.

El pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha decidió así por unanimidad rechazar el archivo de una causa abierta por el juez Javier Gómez Bermúdez contra unos padres residentes en España a los que procesó por permitir que se practicara a su hija la mutilación genital en Gambia en 2005.

Los 20 magistrados que han integrado hoy el pleno han adoptado esta decisión al considerar que sobre la reforma de la ley de Justicia universal, aprobada en marzo, prevalece el citado convenido, que entró en vigor el pasado 1 de agosto, y al residir en España "los presuntos responsables criminales de los hechos", han informado fuentes jurídicas.

En esta misma reunión, los magistrados han acordado, también por unanimidad, permitir que se siga investigando tanto por terrorismo como por lesa humanidad el asesinato de cinco jesuitas españoles en El Salvador en 1989, entre ellos Ignacio Ellacuría.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional recurrió la decisión del juez Eloy Velasco de mantener este caso abierto, por el delito de terrorismo al que no afectaría la reforma de la justicia universal, al considerar, por un lado, que el magistrado debería concluir el sumario y elevarlo al pleno para que resuelva sobre su archivo y, por otro, si, de mantenerlo abierto por terrorismo, cabía extender la investigación también por genocidio y lesa humanidad.

Sobre este último punto, el pleno ha entendido que el delito de lesa humanidad se refiere a los hechos y que por tanto si están procesados por el delito de terrorismo, también deben estarlo por el de lesa humanidad.

Además, el pleno ha decidido también por unanimidad mantener abiertos los casos en los que se investiga la muerte en Irak del cámara José Couso y el asalto a la embajada española en Guatemala en 1980, en el que murieron tres españoles, en conexión con el genocidio maya.