Unidas Podemos y PSOE han logrado un alcanzar acuerdo definitivo para derogar la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida comúnmente desde el seno del Gobierno como 'Ley Mordaza', en el cual no se contempla ninguna referencia a las devoluciones en caliente de migrantes, por lo que parece que la articulación del documento legal no contemplará finalmente la regulación de este aspecto, a pesar del interés de la formación morada en suprimir los traslados forzosos.
Los socios de Gobierno también concluyeron que no serán sancionables las manifestaciones no comunicadas que no generen violencia o desórdenes públicos, así como la toma de imágenes de protestas o intervenciones policiales, siempre y cuando no vulneren el derecho a la intimidad de los funcionarios. A esto se suma la reducción de las multas consideradas excesivas y se considerarán criterios de proporcionalidad en su aplicación, ajustando las penas a la capacidad de ingresos de los sancionados o a su edad, en el caso de personas menores de edad.
El acuerdo ha sido comunicado por el diputado del grupo confederal y secretario de Estado para la Agenda 2030, Enrique Santiago, dirigiéndose a los medios de comunicación para explicar que los partidos de la coalición cerraron ayer el marco definitivo de las enmiendas que presentarán de forma conjunta a la proposición de reforma de ley impulsada por el PNV. Santiago ha destacado el impulso que supondrá la derogación de la Ley, la cual según defiende "recupera" el "pleno derecho" a la reunión y manifestación, como corresponde a un Estado democrático.
Devoluciones en caliente discutidas desde Extranjería
El pacto entre PSOE y Unidas Podemos pauta que se omitirá de la Ley Mordaza los asuntos relacionados a extranjerías, incluyendo las ya mencionadas devoluciones en caliente, y se remiten a abordar este asunto en de la normativa específica en la materia, dentro de la Ley de Extranjería. Resaltan que esa negociación se realizará "siempre conforme a los establecido en los convenios internacionales suscritos" por España. El grupo confederal comenta que la fórmula de remitirse a otra legislación ha facilitado el consenso sobre la supresión de lo relacionado con devoluciones, algo que no figuraba en el pacto que ya lograron en 2018 y que el Ministerio del Interior niega que se haya producido en los últimos tres años.
De esta forma, se concilia la postura de las dos formaciones con el compromiso, por un lado, de mencionar expresamente el respeto a los convenios internacionales en la reforma de la legislación de extranjería, a la par que se tiene en cuenta el fallo del año pasado del Tribunal Constitucional, que determinó dentro del marco disputado en la Carta Magna la práctica de retorno de los migrantes que entren ilegalmente por Ceuta y Melilla, siempre que se respeten las garantías legales.
Cautela del PSOE sobre el acuerdo
Desde las filas socialistas han destacado avances importantes a la hora de desmontar esta Ley de Seguridad Ciudadana durante la semana, pero se han mostrado más prudentes a la hora de hablar de acuerdo total, más aún cuando existen otros grupos parlamentarios involucrados y necesarios para que el acuerdo salga adelante, como por ejemplo el PNV.
El pasado 17 de octubre, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reafirmó en la clausura del 40º Congreso Federal del PSOE la intención del Gobierno de "poner fin" a la 'Ley Mordaza'. Además, los socios de coalición acordaron extender hasta el 10 de noviembre el plazo para presentar enmiendas de cara a sellar el acuerdo, después de haber recibido 40 apelaciones. Con ello, Santiago ha confiado en que a partir de esa fecha arranque la ponencia parlamentaria para modificar el texto.
Modificaciones en manifestaciones e imágenes de agentes
Específicamente, deberán comunicarse las manifestaciones de eventos previstos y previsibles (como, por ejemplo, la manifestación del 1 de mayo) mientras que no será necesario informar sobre aquellas que se celebren por imprevistos que provoquen su inmediatez (como pudo pasar, por ejemplo, con la manifestación por sentencia de 'La Manada') y solo serán sancionables si provocan violencia o alteración del orden público. Además, la no comunicación de las manifestaciones previstas y previsibles será sancionada únicamente como falta leve.
En cuanto a los registros corporales e identificación de ciudadanos y ciudadanas, deberá contar por escrito la motivación del agente que lleve a cabo comprobaciones en la vía pública. A su vez, los registros limitarán los desnudos parciales y si estos deben realizarse de forma inmediata, será en un lugar que cuente con la "debida garantía de protección de la intimidad".
También se ha acordado, según ha relatado Unidas Podemos, que el tiempo de identificación en comisaría sea de un máximo de dos horas, salvo causa excepcional debidamente "alegada y verificable", y se tratará de una situación "excepcional". Una vez concluida la persona identificada deberá ser "devuelta" al lugar desde donde fue la conducida a la diligencia de identificación si esta se hubiera realizado en otra localidad.
Santiago ha desglosado que, en atención a las reclamaciones de medios de comunicación, no se podrá sancionar la toma y difusión de imágenes cuando no afecten al derecho a la intimidad o la seguridad de los policías o sus familias. Las grabaciones de las intervenciones policías con videovigilancia móvil deberán hacerse costar en cada atestado de actuaciones en la vía pública conforme a la Ley de Protección de Datos y deberán ser custodiadas por si son requeridas por la autoridad judicial.
Multas reducidas proporcionalmente
En lo relativo a la cantidad económica de las multas, los socios de coalición han pactado reducir aquellas sanciones que resulten excesivas y aplicar criterios de proporcionalidad vinculados a la capacidad económica. De esta manera, se hará un cálculo de progresividad y proporcionalidad para reducir la sanción atendiendo a la capacidad económica de la persona sancionada. Santiago a explicado a su vez que se evitará de esta forma casos que han padecido pensionistas que fueron sancionados durante protestas para reclamar mejora de sus prestaciones y que, en ocasiones, ascendían al importe mensual que percibían durante todo un mes.
A su vez, las sanciones serán de índole restaurativo o resultado de la conciliación de la persona autora o la persona o institución ofendida. Por ello, se propondrá en los expedientes la resocialización por encima de la sanción y así eliminar la limitación actual para poder sustituir multas a menores por trabajo social o comunitario, ahora limitada a una sola vez.
Finalmente, se incorporan a su vez los animales como sujetos de protección y se recogen las peticiones de la Federación Española de Naturismo, para que esta práctica quede preservada. Tras este acuerdo, fuentes del espacio confederal esperan avances en la proposición de ley para despenalizar los delitos de opinión, pues tras una fase centrada en la parcela social el Ejecutivo de coalición debe también potenciar los avances en la agenda democrática pactada durante el segundo tramo de legislatura.
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