Novedad importante en la negociación de la Ley de Vivienda. El PSOE se ha abierto por primera vez en los últimos meses a poner en marcha un mecanismo de intervención de los precios del alquiler que permita las rebajas de los mismos en zonas de mercado tensionados, según la última propuesta del Ministerio de Transportes a la que ha tenido acceso La Información. Es, en genérico, lo que venía demandando la otra parte, Unidas Podemos, para cerrar una norma que ya acumula casi seis meses de retraso respecto al calendario pactado junto a los Presupuestos de 2021.
La propuesta del departamento que dirige José Luis Ábalos incluye la posibilidad de establecer "un mecanismo adicional que, excepcionalmente y acotado en el tiempo, pudiera intervenir en el mercado para amortiguar dicha tensión [de los precios] y conceder a las administraciones competentes el tiempo necesario para poder compensar en su caso el déficit de oferta o corregir con otras políticas de vivienda las carencias de esas zonas [de mercado tensionadas]". El Ministerio de Derechos Sociales, coproponente de la ley, tiene desde la tarde de este miércoles la propuesta en su mesa.
Este mecanismo, explica el PSOE en su propuesta, debe tener en cuenta "que la responsabilidad en la garantía del derecho constitucional del acceso a la vivienda corresponde a los poderes públicos, tener la suficiente solidez técnica y seguridad jurídica para su permanencia en el tiempo, no producir efectos indeseados de reducción drástica de la oferta que puedan producir efectos de expulsión de las familias contrarios a los buscados y que los índices de precios publicados por el Ministerio y por otras administraciones que los han implementado se han demostrado poco eficaces para el objetivo que se pretende conseguir". Es decir, sería un instrumento a desarrollar y con matices, no definido aún por Transportes. El Ministerio se ha fijado en Holanda para proponer esta novedad.
Los socialistas consideran que con esta propuesta cumplirían los acuerdos con Unidas Podemos donde se recogía, textualmente, que ambos partidos se comprometían a "poner techo a las subidas abusivas de precios de alquiler en determinadas zonas de mercado tensionado". En el pacto que acompañó a los PGE se incluía el compromiso de establecer "mecanismos de contención o eventualmente de bajada de los precios".
Este mecanismo de intervención temporal del mercado es acompañado por más propuestas del PSOE. Entre ellas también se encuentra la regulación del IRPF para estimular el alquiler de vivienda habitual a precios asequibles, a través de la modulación de la actual reducción del 60% en el rendimiento neto del alquiler de vivienda habitual.
Los socialistas también plantean un mecanismo de congelación de los precios de hasta tres años. El arrendatario, de esta forma, podría acogerse a la finalización del contrato a una prórroga extraordinaria, de carácter anual, y por un periodo máximo de tres años, en los mismos términos y condiciones del contrato en vigor. Se trata, afirma el PSOE, de una medida que estimula el acuerdo entre las partes ya que, si se acuerda la firma de un nuevo contrato de arrendamiento, por un lado, el arrendatario puede asegurar una estabilidad por un nuevo periodo de cinco o siete años y, por otro el arrendador tiene un estímulo para alcanzar un acuerdo y establecer una renta adecuada, sin incrementos desproporcionados.
Adicionalmente, en el caso de nuevos contratos por cambio de inquilino en un ámbito declarado como de mercado residencial tensionado, se limita a un 10% el incremento de la renta de alquiler sobre la última renta del contrato anterior, siempre según la propuesta de Transportes.
Unidas Podemos, por su parte, desmiente que se haya alcanzado un acuerdo en la Ley de Vivienda. La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha afirmado que "la única manera de bajar los precios es con índices de referencia, no con incentivos fiscales".
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