(ampliación) cataluña. La cúpula fiscal respalda a torres-dulce en su pretensión de querellarse contra mas, ortega y rigau

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha conseguido el apoyo de la Junta de Fiscales de Sala a su propuesta de presentar una querella contra el presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas; su vicepresidenta, Joana Ortega, y la consejera de Educación, Irene Rigau, por delitos de desobediencia, malversación de fondos públicos, prevaricación y obstrucción o usurpación de las funciones de la justicia.
Fuentes fiscales aseguraron que el respaldo ha sido “casi unánime” y apuntaron que las discrepancias se deben a diferencias de interpretación por cuestiones técnicas. Aún no está claro cuándo se formalizará la presentación de la querella.
Torres-Dulce defendió ante este órgano consultivo un documento que en términos tajantes defendía la presentación de una querella contra los responsables políticos del desacato a la orden del Tribunal Constitucional de suspender la consulta soberanista del 9 de noviembre, adoptada en dos ocasiones, la última de ellas el 4 de noviembre.
Su documento sostiene que la Generalitat ha desplegado una conducta "incompatible" con la resolución del Tribunal Constitucional, sustituyendo la convocatoria de un referéndum por un "proceso de participación ciudadana" que se desarrolló "con la parafernalia de urnas, mesas y papeletas características de los procesos electorales".
Entiende la Fiscalía General del Estado que el Ejecutivo catalán fue cambiando su plan original de celebrar un referéndum con “el único fin de eludir el control jurisdiccional que hasta entonces se lo había obstaculizado”, y para ello adoptó “una nueva estrategia: impulsar el mismo proceso mediante actos jurídicos no formalizados y actos materiales de impulso".
Por todo ello, Torres-Dulce insiste en que los tres miembros del Gobierno de la Generalitat contra los que dirige la posible acción penal “han dispuesto fondos públicos para consumar la desobediencia a la suspensión facilitando la logística y todos los medios materiales necesarios para la realización de la consulta".
FISCALES REBELDES
La reunión comenzó pasadas las 10.00 horas de la mañana y contó con la presencia de 23 de sus 25 integrantes, a los que hay que añadir a Torres-Dulce. Ahora, previsiblemente, el fiscal general del Estado dará orden de interponer la querella a los fiscales catalanes, puesto que los querellados están aforados en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
La Fiscalía Superior de Cataluña inició el pasado 8 de noviembre, víspera de la consulta alternativa, unas diligencias de investigación ante la realización de actos, como cesión de locales públicos, elaboración de papeletas o distribución de urnas por parte del Gobierno de la Generalitat de Cataluña, contrarios a la suspensión cautelar dictada por el TC.
Torres-Dulce decidió dejar al criterio de los fiscales de Cataluña la decisión de interponer o no la querella. En una reunión de la Junta de Fiscales de Cataluña, presidida por su fiscal superior, José María Romero de Tejada, se acordó rechazar la presentación de la querella por entender que es "discutible" interpretar la decisión de suspender la consulta del Tribunal Constitucional como una orden expresa, cuyo desacato implique un delito de desobediencia, el único por el que se planteaban la posibilidad de la querella.
El informe suscrito por unanimidad por la Junta de Fiscales de la Fiscalía Superior de Cataluña parte de la afirmación, como "hecho notorio", de que el pasado 9 de noviembre se celebró en Cataluña una "consulta planificada y auspiciada por el Govern de la Generalitat", en la que se llamó a los catalanes a "pronunciarse mediante voto escrito y secreto sobre el futuro político de Cataluña, y en concreto, sobre si debía constituirse en un Estado y si ese Estado debía ser independiente de España".
Los fiscales insistían en sus conclusiones en que "resulta discutible la existencia de una 'orden', entendida como la existencia de un mandato expreso, concreto y terminante de hacer o no hacer una específica conducta". Los fiscales de Cataluña señalaban también que "la ausencia de orden concreta, precisa y determinada supone, obviamente, la falta de un destinatario con los mismos atributos" y destacan que "la providencia del TC tampoco se dirige a un destinatario concreto".
En cambio, Torres-Dulce considera “inequívoca” la decisión del Tribunal Constitucional de impedir primero el referéndum y después la consulta alternativa sobre la independencia de Cataluña bajo los auspicios del Gobierno de Mas.
La Junta de Fiscales está compuesta por 25 miembros y sus decisiones no son vinculantes para el fiscal general del Estado. En la actualidad, su composición es equilibrada entre progresistas y conservadores.
Los fiscales miembros de la Junta son Luis Navajas (teniente fiscal), Alfonso Aya (inspector fiscal), Antonio Salinas (Anticorrupción), José María Paz Rubio (Sala de lo Civil), Antolín Herrero (Sala de lo Penal), Pilar Fernández Valcarce (Sala de lo Penal), Pilar Barrero (Sala de lo Social), Javier Zaragoza (Audiencia Nacional), Ángeles Sánchez Conde (Tribunal Constitucional), Olayo González Soler (Tribunal de Cuentas), José Ramón Noreña (Antidroga), Pedro Crespo (Contencioso-Administrativo), Elvira Tejada de la Fuente (Criminalidad Informática), Jaime Moreno Verdejo (Secretaría Técnica), Fernando Marín Castán (fiscal togado), Juan Ignacio Campos (Sala de lo Penal), Soledad Cazorla (Violencia sobre la Mujer), José Luis Bueren (Unidad de Apoyo), Eduardo Fungairiño (Sala de lo Penal), Antonio Veroher (Medio Ambiente), Anselmo Sánchez Tembleque (Siniestralidad Laboral), Bartolomé Vargas (Seguridad Vial), Joaquín Sánchez Covisa (Extranjería), Consuelo Madrigal (Menores), Mariano Fernández Bermejo (fiscal de lo militar) y Rosana Morán (Cooperación Internacional).