(ampliación) nóos. El juez castro sienta en el banquillo a la infanta cristina


El juez de instrucción número tres de Palma de Mallorca, José Castro, ha dictado hoy auto de apertura de juicio oral de la pieza 25 del 'caso Palma Arena' y sienta en el banquillo a la infanta Cristina como cooperadora necesaria en dos delitos contra la Hacienda Pública cometidos por su marido, Iñaki Urdangarin.

La hermana del rey Felipe VI será enjuiciada junto a otras 16 peronas, entre ellas Urdangarin. El número de procesados queda reducido, por tanto, en tres personas. Se trata de Diego Torres, Ana María Tejeiro, Marco Antonio Tejeiro, Jaume Matas, José Luis Ballester, Juan Carlos Alía, Miguel Ángel Bonet, Gonzalo Bernal, Luis Lobon, José Manuel Aguilar, Elisa Maldonado, Jorge Vela, Mercedes Coghen, Miguel Tejeiro y Salvador Trinxet.
El juez estima que el papel de la Infanta fue imprescindible para que su marido defraudase 337.138 euros a Hacienda a través de la empresa Aizoon, de la que ambos eran propietarios al 50%.
El auto sobresee las actuaciones contra el vicealcalde de Valencia Francisco Grau y los dos imputados por la campaña Madrid 16, Miguel de la Villa Polo y Gerardo Corral.
El juez ordena que los acusados presten fianza en diferentes cuantías. El auto fija un plazo de 30 días, en atención a la complejidad de la causa, para que los acusados presenten sus escritos de defensa.
Tras este trámite, la pieza del 'caso Nóos' será remitida a la Audiencia Provincial de Palma para que fije fecha de celebración del juicio.
El juez cierra el auto señalando que contra esta resolución no cabe recurso alguno, aunque los interesados podrán reproducir ante el órgano de enjuiciamiento las peticiones no atendidas.
El instructor considera que la esposa de Iñaki Urdangarin debe ser juzgada para que ante un tribunal se diriman los supuestos indicios de dos delitos fiscales, en un papel de cooperadora de los mismos fraudes, en 2007 y 2008, de los que se acusa a su marido.
'DOCTRINA BOTÍN'
Fuentes jurídicas estiman que la vista oral se puede celebrar en la segunda mitad de 2015 en la Audiencia de Palma. Castro le pide 2,6 millones de euros de responsabilidad pecuniaria.
En su auto, el juez desoye los argumentos del fiscal anticorrupción Pedro Horrach, que en sus recursos consideraba que no había indicios delictivos contra la Infanta y consideraba ineludible la aplicación de la 'doctrina Botín'.
Según el criterio aplicado por el Tribunal Supremo en el caso del banquero, no se puede procesar a un imputado si quien es directamente prejudicado, en este caso la Agencia Tributaria, no formula acusación.
En el 'caso Nóos' sólo la acusación popular ejercida por Manos Limpias, que no es perjudicado directo, acusa a la Infanta, mientras que la Fiscalía y la Abogacía del Estado no ven indicios de delito en la actuación de la hermana del Rey y, por tanto, no tendría que sentarse en el banquillo.
El juez Castro cree, sin embargo, que si la Fiscalía y Hacienda acusan por los mismos delitos a Urdangarin y su socio Diego Torres, y también atribuye responsabilidad penar a la esposa de éste último, no hay razón por la que no se pueda juzgar a doña Cristina. En consecuencia, ha resuelto no aplicar la 'doctrina Botín'.
El magistrado indica en su auto que si no prospera la acusación por un doble delito fiscal, se podría declarar a la Infanta "partícipe a título lucrativo de los demás supuestos delitos" perpetrados por su marido "de los que su esposa haya podido lucrarse sin haber participado delictivamente en ellos".
Castro pide que Urdangarin deposite en concepto de fianza de responsabilidad civil un total de 14.957.262 euros, y reclama a la Infanta 2.697.150 euros. El juez pide más de 90 millones de fianza en total por responsabilidad pecuniaria para las 17 personas que se sentarán en el banquillo.
En su escrito de calificación, el fiscal pide para Urdangarin una pena de 19,5 años de prisión. A su socio Diego Torres pide que se le imponga una pena de 16 años de cárcel y para el expresidente balear Jaume Matas reclama una pena de 11 años.

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