(ampliación) tarjetas. Arturo fernández gastaba en sus restaurantes “porque son más baratos y porque son míos”

El expresidente de la patronal madrileña CEIM Arturo Fernández, que gastó 37.300 euros con su tarjeta opaca de Caja Madrid, aseguró hoy al juez Fernando Andreu que estaba convencido de que su uso era “transparente” y reconoció que gastaba en sus restaurantes “porque son más baratos y porque son míos”.
El fiscal Anticorrupción no ha pedido fianza para Fernández ni para otros tres imputados de los que pasaron hoy por la Audiencia Nacional. Se trata de Luis Blasco, Javier López Madrid y Carmen Cafrangra, que han devuelto el dinero gastado y sobre cuyo importe la fiscalía se reserva la posibilidad de pedir la adscripción de esas cantidades a la responsabilidad civil.
Fernández gastó 10.495 euros en restaurantes de su grupo empresarial (Cantoblanco), 12.647 euros en unos grandes almacenes, 450 euros en tiendas de moda, 350 euros en zapaterías, 164 euros en café, 2.223 euros en gasolineras y gastos en salones de belleza y farmacias.
El que fuera máximo dirigente de la patronal madrileña usó la tarjeta porque se la dieron para gastos personales que no tenía que declarar y cuyo importe pensaba que estaba incluido en los correspondientes certificados de retención. En todo momento pensó que “era una tarjeta transparente”, dijo en su declaración.
El propio juez le preguntó en un momento si “conoce el restaurante Cantoblanco”, de su propiedad. En relación al dinero que gastó en sus establecimientos, Fernández dijo que mantenía allí muchas de sus relaciones institucionales y por eso tenía abierta una cuenta que liquidaba mensualmente.
Andreu insistió en preguntar por qué realizaba esas comidas en restaurantes de su grupo, a lo que el empresario respondió de manera concisa: “Porque son más baratos y porque son míos”. “Y además le redondeaba la cuenta…”, señaló el juez antes de oir un revelador “pues sí” de boca de Fernández.
El expresidente de CEIM no era el único que gastaba en los restaurantes del Grupo Cantoblanco, también su concuñado, Gerardo Díaz Ferrán, llegó a gastar 80.000 euros con cargo a su propia tarjeta opaca comiendo hasta tres veces por día en algunos casos. El fiscal no le ha pedido fianza porque Fernández hizo un depósito en el FROB por el total de lo gastado.
Todos los imputados citados hoy a declarar se apuntaron a la tesis de que las tarjetas eran de uso personal con un límite anual y sólo Antonio Romero Lázaro, cuya declaración se trasladó al día de hoy, insistió en que las tarjetas debían usarse sólo para gastos de representación.
JOSÉ RICARDO MARTÍNEZ
El exsecretario general de UGT en Madrid José Ricardo Martínez es uno de los que declaró hoy sobre los 44.200 euros que gastó con cargo a su tarjeta. Confirmó que fue el vicepresidente de Caja Madrid en esa época, José Manuel Fernández Norniella, quien se la entregó para “gastos de carácter personal”.
Martínez remarcó que él “había hecho el esfuerzo de limitar el gasto a su función” como una exigencia personal. Asimismo, insistió en que sus obligaciones tributarias las cumplía con el asesoramiento de su sindicato, que siempre le dijo que todo era correcto, aunque no aclaró si a esos técnicos les informó de la existencia de la tarjeta. El fiscal pidió fianza para él, aunque su abogado se ha opuesto porque Caja Madrid no reclama el perjuicio.
ACUERDO CON HACIENDA
Junto a ellos también declararon la consejera a propuesta del PSOE Enedina Álvarez, que gastó 47.000 euros. Es la única que refrendó la versión ofrecida ayer por José María de la Riva, quien dijo al juez que le aseguraron que Hacienda estaba al tanto de su uso y que era correcto. Álvarez dijo que le informaron de que existía un “acuerdo” con la Agencia Tributaria sobre el tratamiento de las tarjetas y que no debía preocuparse.
Relató también al juez que compró con cargo a la tarjeta un aparato de gimnasia que al final decidió devolver y se preocupó de consultar si la devolución se había hecho efectiva. De hecho, para tener un mayor control de su gasto y no superar los 25.000 euros de límite anual que tenía pidió tener acceso telemático a los extractos de la tarjeta, lo que le fue denegado.
Luis Blasco, nombrado a propuesta del PP y con un gasto de 51.500 euros, explicó que no tenía ni secretaria, ni despacho, ni teléfono para desempeñar sus funciones de consejero y reconoció que hizo gastos personales a su cargo porque le dijeron que era de “libre disposición”. Es uno de los imputados para los que el fiscal no ha pedido fianza.
Por su parte, la vocal del PP Carmen Canfranga, con un gasto de 175.200 euros, confirmó que le dieron la tarjeta en 2003 con la instrucción de que “podía gastar en cualquier cosa”. Pasaba un control mensual y anual del gasto y “ellos lo arreglaban todo con Hacienda”.
Canfranga dijo al juez que esta investigación ha empañado su prestigio personal, tanto que el Banco Santander le negó un aval que necesitaba para regularizar su situación con la Hacienda Pública. El fiscal no ha pedido fianza para ella porque fue miembro de la Comisión de Control y sus retribuciones tenían un tratamiento distinto.
El socialista Jorge Gómez (98.200 euros) sólo recibió instrucciones en relación al límite de 50.000 euros anuales de gasto que tenía su tarjeta. Durante los primeros meses guardó los justificantes de gasto pero se los rechazaron y dejó de acumularlos.
En su mayoría se trata de gastos en comidas y viajes y para demostrar su pulcra gestión de la tarjeta, explicó al juez que cuando en octubre de 2012 hizo un viaje a Nueva York, sólo pagó su billete con el plástico corporativo y sufragó de su bolsillo los de su mujer y su suegro. El fiscal ha pedido fianza por el importe del gasto que realizó.
El representante de CEIM Javier López Madrid (34.800 euros) aseguró en su declaración que le entregaron la tarjeta como “parte de su remuneración” y él llevaba la cuenta de sus gastos para “no superar el límite”. Reconoció que actuó con “exceso de confianza” y que “es evidente que he hecho algo mal”, aunque siempre pensó que los gastos estaban controlados por Hacienda. El fiscal no ha pedido fianza porque devolvió lo gastado.
Antonio Romero, exsecretario de Organización del PSM, con un gasto de 252.000 euros, es el único que ha defendido hoy que el destino de las tarjetas era cubrir gastos de representación. Indicó que en 2009 le doblaron el límite de gasto anual hasta alcanzar los 50.000 euros, pero sin ninguna instrucción adicional sobre su uso.
Romero relató al juez que en una ocasión se amonestó a un consejero por comprar electrodomésticos con la tarjeta. Además, aseguró que en los consejos “no se hablaba nunca de la retribución de los consejeros” y, de hecho, no era conocido que los que tenían responsabilidades ejecutivas eran poseedores de dos tarjetas.
Ante el juez Andreu insistió en que nunca tuvo dudas de la legalidad del uso de su tarjeta y se considera “víctima de un engaño o negligencia”. Continuó usando su tarjeta durante tres meses después de dejar de ser consejero ajustándose a los “usos y costumbres” de la caja.