Apartamentos turísticos, organización de viajes...

Andalucía aprovecha un decretazo para dar 'barra libre' al sector del turismo

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el vicepresidente, Juan Marín
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el vicepresidente, Juan Marín
EFE

Nueva realidad para el turismo en una de las regiones que más vive de ese sector, cuando lo permita el coronavirus. El gobierno andaluz ha logrado sacar adelante en plena pandemia una reforma que da un vuelco al sector turístico en toda la comunidad autónoma a través de liberalizaciones de ciertos mercados y supresiones de numerosos trámites. Algo que dará más facilidades y ventajas a quienes tengan varios apartamentos turísticos, que podrán diferenciarse del resto de vecinos de bloque y no estar sometidos a todas sus reglas. Además, permitirá ofrecer servicios de organización de viajes a las empresas que quieran hacerlo a pesar de no estar especializadas en ello y dará carta blanca a las tiendas y grandes superficies abrir mucho más días festivos que hasta ahora. Unos planes de calado que se han incluido en un decreto 'omnibús' que también afecta a ámbitos tan dispares como el medioambiental y el audiovisual.

La principal novedad en el mundo del turismo de esta nueva legislación tiene que ver con los apartamentos que se alquilan. Desde ahora, todos los alojamientos destinados a esa actividad podrán constituirse como propiedad horizontal. Algo que antes solo se permitía a los grandes hoteles y a complejos vacacionales centrados en esa labor con una categoría de tres llaves, que es el tipo de clasificación que se usa en este tipo de negocio. Es decir, si una empresa o uno o varios propietarios disponen de tres o más viviendas con esa categoría para alojar turistas dentro de un edificio, ahora podrán constituir su propia comunidad de vecinos. Y que será independiente de la ya establecida de por sí en el bloque donde están esos apartamentos. 

Según la redacción del texto legal, por la que se reforma la Ley 13/2011, de 23 de diciembre, permitir la propiedad horizontal busca que estos negocios sean "objeto de transacción económica, facilitando así la inversión y el desarrollo de estos proyectos". Algo que soluciona el vacío legal y supone regularizar los apartamentos vacacionales que han proliferado en los últimos años, al abrir la puerta a que varios dueños se unan para crear su propia empresa del sector. La duda está en si esto supone que podrán pagar los tributos o derramas correspondientes de forma independiente a los de la otra comunidad, a pesar de estar en el mismo edificio. 

Los límites están en que se establezca dicha situación "siempre y cuando lo permita el planeamiento urbanístico y se garantice en todo momento que la explotación del establecimiento turístico corresponde a un único titular".  Lo que supone que no se podrá dar uso residencial a dichos pisos, como se mantiene en el artículo 42 de la citada ley.

Cualquier empresa puede organizar viajes

Otra de las novedades del macrodecreto es la de abrir el mercado de la organización de viajes a todas las empresas que quieran entrar en el mismo. Hasta ahora, solo las compañías que crearan una agencia de viajes podían ofertar paquetes de este tipo, que pueden incluir el desplazamiento, el hotel y las actividades de un destino en concreto. Con esta reforma, cualquier operador económico estará capacitado para ejercer de intermediario entre un turista y las empresas que hacen posible su viaje y alojamiento.

Esta modificación se lleva a cabo para cumplir con la transposición de una directiva europea, que eliminaba la obligatoriedad de estar registrado como agencia para ejercer de vendedor de estos productos turísticos, según recoge el texto final aprobado por el Parlamento. El requisito establecido es que se articule un mecanismo para garantizar "el reembolso de todos los pagos que reciban de los viajeros" siempre y cuando alguno de los servicios que contrataron "no se ejecute como consecuencia de su insolvencia": 

Siguiendo con este ámbito, las casas rurales también podrán ampliar su capacidad de negocio tras la aprobación definitiva de esta legislación. Esas viviendas turísticas rurales podrán ofrecer desde ahora otros servicios distintos al de alojamiento, que era lo único que tenían permitido. Además, se suprime la restricción por la que solo podían abrir tres meses al año. Lo que viene a solucionar una situación desigual con respecto a otras casas para turistas en el medio rural, que pueden abrir el tiempo que deseen y no tenían prohibido desarrollar "actividades multidisciplinares" para sus clientes. 

Rechazo de la oposición

A estos asuntos se suma una relajación de las exigencias y requisitos administrativos para que una localidad o una zona de la misma sean declarados como Municipio Turístico de Andalucía. Lo que se hace para dar respuesta a "los municipios que padecen un sustancial incremento de la demanda en la prestación de los servicios municipales debido al turismo". Junto a esto, otra medida a destacar es la de liberalizar los horarios comerciales para tiendas o grandes superficies. Según el decreto, esto es necesario por el "creciente número de visitantes y de la industria turística". El nuevo sistema implicará un incremento progresivo de los domingos y festivos que se podrá abrir un comercio, hasta llegar a los 16 en 2022. Además, se amplía el listado de locales que ofrecen un producto especializado que pueden abrir cuando quieran.

Este 'decretazo', que supone alterar y modificar hasta 27 leyes y reglamentos de una sola vez, ha sido aprobado por la Diputación Permanente del Parlamento andaluz, ya que la actividad parlamentaria está limitada por el confinamiento que marca el Estado de Alarma. Lo que ha provocado la ira de la oposición, que rechaza que se hayan abordado reformas de este tipo en medio de esta situación. Otro de los reproches al Ejecutivo de coalición de PP y Ciudadanos es esa amalgama de distintas leyes que se han incluido en el decreto para reformarlas todas juntas en un único texto legal. Unas quejas que, como ya han amenazado, pueden acabar en un recurso ante el Tribunal Constitucional.  

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