Por mordidas de 20 millones de euros

Angola investigará al comisionista clave en Defex y Mercasa, huido de la Justicia

La Fiscalía angoleña rechaza de nuevo la entrega de Guilherme de Oliveira pero se compromete a investigarle por el desfalco de estas empresas públicas. 

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La Audiencia ha investigado los contratos de Defex en Angola, Camerún y Arabia Saudí. 
José González | EFE

Cerco judicial a la pieza clave en los negocios de Defex y Mercasa en Angola. El comisionista portugués Guilherme de Oliveira Taveira Pinto, en busca y captura de la Justicia española, será investigado por la Fiscalía angoleña por su mediación en las contrataciones de estas dos empresas españolas a cambio de mordidas millonarias y sobornos a las autoridades del país africano. El Ministerio Fiscal angoleño ha respondido de manera negativa a una nueva petición de extradición por parte de la Audiencia Nacional pero ha abierto la puerta, por primera vez, a investigarle por delitos de corrupción. 

La Fiscalía General de Angola da respuesta en un documento oficial fechado el pasado 8 de julio a la comisión rogatoria librada por la Audiencia Nacional para juzgarle en España por el saqueo de estas dos empresas públicas con sus negocios en África. La documental, firmada por el teniente fiscal general de la República, André de Brito, precisa que no van a entregar a Oliveira porque es un ciudadano de nacionalidad angoleña y porque la mayor parte de los delitos que se le imputan están amnistiados, de acuerdo con la Ley 11/16, la cual exime todos los delitos con penas inferiores a los 12 años de prisión cometidos hasta noviembre de 2015.

Esto se traduce, según explica Angola, en que Oliveira carece de responsabilidad penal en los hechos que se investigan en España. Ahora bien, teniendo en cuenta que su mediación a favor de la UTE Cueto-Defex se prolongó entre 2006 y 2016, existen contratos que esconderían el pago de suculentas mordidas y que todavía se pueden investigar. "Por esta razón, y para mantener el interés del Estado en proteger sus relaciones exteriores, estamos valorando la tipificación penal relativa a la solicitud, de forma que pueda incoarse el correspondiente procedimiento, si procede", reza la documentación aportada por Angola y a la que ha tenido acceso La Información. Cabe recordar que España no tiene convenio bilateral de extradición con el país africano. 

"Actividad criminal sistémica"

Por ese motivo, la Fiscalía angoleña reclama ahora a la Justicia española toda la documental que implique a a Oliveira en los procedimientos penales de Defex y Mercasa, para su análisis. Se trata de una respuesta que el país africano ha remitido a la Embajada angoleña y esta, a su vez, a las causas que dirige el magistrado José de la Mata. El instructor, que ha denunciado en sus autos el "papel clave" que jugó el comisionista portugués en la "depredación" de fondos de las dos empresas públicas, libró órdenes de captura nacional e internacional para su posterior ingreso en prisión. Sin embargo, todavía no se ha dado con su paradero; al menos de manera oficial pese a que el diario El Mundo, en 2016, reveló que Oliveira residía en realidad en Luanda, donde llevaba una vida casi oculta. 

El objetivo del titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 era juzgarle en España por delitos de corrupción en las transacciones comerciales internacionales, blanqueo y organización criminal, entre otros.  De hecho, el magistrado siempre ha descrito a este intermediario portugués como una parte determinante del engranaje del que se valieron en estas empresas para cerrar contratos con los que desviaron suculentas mordidas. En lo que a Defex respecta, De la Mata ya ha culminado las pesquisas por los negocios seguidos en Angola, Camerún y Arabia Saudí. En todas ellas ha destacado que se produjo una auténtica ausencia de control en los contratos firmados, algunos de los cuáles se inflaron un 250% de su precio real. 

Esta "actividad criminal sistémica" giró en torno a los contratos que la UTE Defex-Cueto se adjudicó en el país africano. Destaca el firmado en 2008 con el Comando General de Policía Nacional de Angola para el suministro de material policial. El coste del contrato fue de 152 millones de euros mientras que el beneficio que obtuvieron los participantes en esta operación fue de 93,8 millones. El motivo hay que buscarlo en la fórmula que aplicaban y que bautizaron como 'factor mágico'. La misma consiste en multiplicar el coste de cada material por el coeficiente de 2,5. De este modo, se generaba un sobreprecio que iba a parar a las arcas de los acusados, aunque buena parte de estas cuantías se desviaron en calidad de mordidas a funcionarios angoleños. De hecho, los investigadores descubrieron que entre las dádivas con las que les obsequiaron destacan paquetes vacaciones y hasta operaciones de cataratas. 

Cerca de 7 millones en comisiones

Aplicando el método de reparto acordado, a Oliveira le tocaba, por el contrato de suministro material en Angola, un total de 6,7 millones de comisión, aunque el instructor sospecha que se embolsó más dinero. Con todo, también intervino en otras operativas como la venta de inhibidores a la Unidad de Seguridad Presidencial (por la que cobró cerca de medio millón de euros) o el suministro de material policial con motivo de la visita del Papa Benedicto XVI en 2009. Bajo la etiqueta de "servicios de comercio internacional" escondió su verdadera labor de mediación con Defex, con la que empezó a trabajar en el año 1990. Además, se valió, junto con otros acusados, de los servicios de Beatriz Paesa, sobrina del espía más famoso de España, Francisco Paesa, para ocultar estos pagos en Luxemburgo, aunque también tenía sociedades en paraísos fiscales.

Los investigadores resaltan que el comisionista portugués siguió el mismo 'modus operandi' en su mediación con los contratos de Mercasa, empresa cuyo capital es 100% público. De hecho, la documentación remitida por la Fiscalía de Angola también se ha incorporado al procedimiento penal que se dirige contra un total de 28 personas físicas y jurídicas. En este caso, el magistrado cifró en 20 millones de euros las comisiones que se repartieron los integrantes de este entramado. El 'pelotazo' en este caso fue el relativo a la construcción del mercado de Luanda. El consorcio que lideraba Mercasa cerró el acuerdo en 2006 por un total de 219 millones de dólares, en el cual de nuevo medió Oliveira para un posterior reparto de dádivas y de pago de sobornos a los funcionarios implicados en la operativa. 

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