Las presuntas irregularidades cometidas en la gestión del Campus de la Justicia de Madrid han llevado a la Fiscalía Anticorrupción a pedir ocho años de prisión para el principal acusado en esta investigación penal. Alfredo Prada, exconsejero del Gobierno de Madrid y presidente de este proyecto impulsado bajo el mandato de Esperanza Aguirre, afronta la mayor pena de cárcel de todos los implicados en esta causa por delito continuado de prevaricación en concurso con malversación de caudales públicos. Además solicita trece años de inhabilitación absoluta.
Así consta en el escrito de calificación del Ministerio Público en relación a este procedimiento dirigido por el magistrado José de la Mata. El instructor de la causa, que acaba de abandonar la Audiencia Nacional, procesó en noviembre al exconsejero además de otras cinco personas por los mismos delitos. Se trata de Félix García de Castro (letrado asesor); Alicio de las Heras (director del área financiera); Isabelino Baños Fernández (director general técnico); Mariano Sanz Piñar (subdirector técnico) y el comisario Andrés Gómez Gordo. Este último fue jefe de seguridad de María Dolores de Cospedal en Castilla La Mancha y figura como uno de los principales imputados en la trama Kitchen sobre un espionaje parapolicial a Luis Bárcenas para sustraerle documentación reservada del Partido Popular.
Todos ellos afrontan una petición de Anticorrupción de seis años de prisión y diez de inhabilitación absoluta por haber integrado la Mesa de contratación del Campus, que constituyó Prada en calidad de consejero de Justicia en julio de 2006. La Fiscalía les implica en los procesos de contratación de este proyecto que no llegó a terminarse y que habría causado, según el magistrado, un perjuicio al erario público "de cientos de millones de euros". Al igual que apuntara el juez, sostiene que todos actuaron bajo el paraguas de Prada y pone como eje de las irregularidades los contratos relacionados con la construcción y la publicidad de este macroproyecto que pretendía aunar en un mismo lugar todos los edificios judiciales de la ciudad.
Proyecto de 332 millones
Anticorrupción relata en su escrito que para ejecutar esta iniciativa del Gobierno regional se constituyó la sociedad anónima Campus de la Justicia (CJM) en el año 2005. El capital era 100% de la Comunidad de Madrid, la cual abonó 7,35 millones de euros. De acuerdo con su tesis, en apenas tres años de margen, la capacidad financiera de este proyecto no superaba los 121,6 millones de euros. Sin embargo, se contrataron servicios por un total de 332,5 millones de euros. Estos gastos se abonaron por transferencia bancaria, pagos en efectivo y mediante tarjeta de crédito. Sobre algunos de los conceptos, como los viajes o contratación de personal, no existe documental que justifique las partidas gastadas.
"El proyecto debía adecuarse a la normativa estatal y autonómica. Sin embargo, los acusados concertaron contrataciones con delibrada, generalizada y reiterada elusión de los requisitos normativos y principios elementales de contratación", reza el escrito de la Fiscalía el cual apunta que en lo que respecta a las adjudicaciones de las obras del proyecto que éstas se produjeron antes incluso de que se hiciera público el procedimiento. De hecho, asegura que en estos años en los que se impulsó la construcción de la Ciudad de la Justicia, se siguió un patrón de conducta que pasaba por una imprecisión de los criterios de valoración y la inexistencia de informes relativos a las licitaciones.
Pagos fraccionados
La Fiscalía recuerda que más de 15 años después de que se pusiera en marcha el megaproyecto el resultado es un edificio inacabado además del diseño de túneles de intercomunicación y "una pluralidad" de maquetas de edificios. También sostiene que la sociedad se nutrió de fondos de la Comunidad de Madrid, la cual, a su vez, también recibió ingresos del Estado. En concreto, el Ministerio de Justicia transfirió cerca de 10 millones de euros entre los años 2008, 2009 y 2010. La cuarta y última anulidad, de cerca de 13,2 millones de euros, quedó pendiente de pago.
Sobre este último punto el magistrado De la Mata expuso que en este caso no estaban ante funcionarios que sustrajeran dinero de las arcas públicas para su enriquecimiento personal. En esta ocasión, la conducta que pusieron en marcha afectó a la imagen del proyecto y de una entidad pública la cual quedó "deteriorada, dañada y menoscabada". En concreto, destacó los contratos que tenían que ver con publicidad y comunicación y dijo que solo en este terreno se destinaron más de cinco millones de euros. Al respecto recalcó que se ocultaron algunos pagos finales a través de sociedades intermedias y que en otras ocasiones se fraccionaron los pagos siempre con la finalidad de adjudicar los servicios no prestados a las empresas implicadas en este procedimiento penal.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios