La Audiencia Nacional ha dado pasos de gigante este año 2020 en lo que respecta a la investigación por la caja 'b' del Partido Popular. Ha tenido que pasar más de una década para que los investigadores puedan acreditar la veracidad de los famosos papeles que ocultó Luis Bárcenas sobre los pagos de empresarios y donantes afines a la formación popular a cambio de contratos de obra pública principalmente en la Comunidad de Madrid. Parte de este avance se ha producido gracias a la investigación paralela que sigue la Audiencia Nacional por el espionaje que habría impulsado Villarejo y otros socios policiales para acceder de manera ilegal a todo ese material del exgerente de la formación popular entre los años 2013 y 2015.
Este procedimiento penal, que el comisario jubilado bautizó como 'Kitchen' nace en las diligencias en las que se investigan todos los encargos de espionaje de José Manuel Villarejo. En el marco de esta pieza concreta y a tenor de los papeles encontrados en el domicilio del policía, se abrió una nueva pieza del caso Tándem que tenía por objetivo acreditar si hubo una investigación parapolicial para hacerse con todos los documentos que Bárcenas conservaba del PP una vez había ya dejado el partido y que podría poner contra las cuerdas a la formación presidida entonces por Mariano Rajoy. Las diligencias de investigación practicadas, la remisión de información por parte del Ministerio del Interior y los interrogatorios a los protagonistas del asunto no solo ha permitido avances en esta causa sino también en la relativa a los papeles de Bárcenas.
Se trata de un procedimiento que se comenzó a investigar hace más de una década y a cuyo frente ha estado el magistrado José de la Mata hasta su partida a La Haya. Ahora cogerá las riendas el titular del Juzgado de Instrucción número 1, Santiago Pedraz, y lo hará en un momento clave. Tanto es así que hasta la propia UDEF, que lleva años tras la pista de las supuestas donaciones irregulares al PP, acreditó en uno de sus últimos informes la "relación directa" entre estos dos asuntos que se siguen en la Audiencia Nacional. Según expuso, hay muchos factores que acreditan que se sustrajo el material clave de Bárcenas no para impulsar la investigación que dirigía De la Mata -como así han alegado algunos mandos policiales en sede judicial- sino para todo lo contrario: ocultarla y evitar que este caso acabara salpicando de manera directa a la formación.
Dos momentos clave
De este modo, el caso de la financiación opaca del PP tiene dos momentos cumbre en todos estos años: uno fue cuando se reabrió la investigación en 2017 y otro el relativo al registro en el domicilio de Sergio Ríos Esgueva, exchófer de Luis Bárcenas. El primero de esos hitos se produjo a tenor de las confesiones de Francisco Correa, cabecilla de la trama Gürtel, en el juicio por la época I de las actividades de la red. El empresario madrileño, en un giro de los acontecimientos, confesó que, a propuesta de Bárcenas, medió para facilitar el acceso a Génova de contratistas dispuestos a hacer donaciones para las campañas electorales a cambio de adjudicarse proyectos de obra pública. El magistrado De la Mata consideró que eran indicios suficientes para reabrir esta línea de investigación en aras a acreditar sus confesiones.
Con todo, hay otro protagonista también clave en este entramado y es Alfonso García Pajuelo. El dueño de sociedades como Constructora Hispánica confirmó la tesis del cabecilla de la red y confesó a Anticorrupción que abonó al partido 925.560 euros en 2002 y 600.000 euros un año después. Bárcenas, Correa o Jesús Sepúlveda (exmarido de Ana Mato y exalcalde de Pozuelo de Alarcón) fueron algunos de los receptores de estos pagos. A cambio, se adjudicó en ese intervalo de tiempo obras de remodelación de caminos y de asfalto en dicha localidad madrileña. Los empresarios Plácido Vázquez o Rafael Palencia, ambos vinculados a Degremont, son otros dos nombres clave en este entramado que se prolongó hasta el estallido de la causa, en el año 2008. De hecho, el propio Palencia llegó a decir que él ayudaba al partido para que luego le trataran bien.
De manera paralela a esta investigación se ha ido siguiendo el rastro, dentro de la trama Kitchen, del origen de la sustracción de los papeles de Bárcenas. Al respecto destaca el registro que llevaron a cabo los agentes de la Policía Judicial en casa del chófer de Bárcenas. Ríos Esgueva, que fue captado como 'topo' por parte de la brigada policial que lideraba entonces Eugenio Pino, fue de las primeras personas imputadas en esta pieza séptima del caso Tándem. En su primera declaración ante el juez Manuel García Castellón en enero de 2019, el ahora funcionario policial explicó que empezó a trabajar para el exgerente popular en 2013 y ese mismo año se le acercó Enrique García Castaño -alias 'El Gordo'- y le dijo que tenía que colaborar con la Policía y darle todo tipo de información acerca de los movimientos del extesorero del PP y su mujer Rosalía Iglesias.
Con el foco en el Canal
Ríos Esgueva dijo entonces que se le trasladó que esto era para la causa de los papeles de Bárcenas y que el objetivo era saber dónde escondía su fortuna en el extranjero. Por ello, y tras mediar en el asunto el inspector Andrés Gómez Gordo (exjefe de seguridad de María Dolores de Cospedal) accedió a informar de cada movimiento que hacía Bárcenas y, además, fue anotando en una libreta todo lo que éste hacía que pudiera tener relación con una caja 'b'. En el registro practicado el pasado mes de octubre, Asuntos Internos encontró material que puede ser determinante para el avance de ambas causa. Entre todo lo incautado destaca una agenda en la que Ríos Esgueva habría anotado las conversaciones que mantuvo Bárcenas sobre este asunto mientras hacía sus trayectos en coche.
Se trataba de documental que el también exchófer de Francisco Granados había preparado para entregar de manera voluntaria a la Audiencia Nacional. Tras su recepción en el Juzgado Central de Instrucción número 6, el juez acordó abrir un apartado secreto dentro de la pieza Kitchen para tomarle declaración sobre este asunto. En la misma, y según ha podido saber La Información, Ríos Esgueva detalló las órdenes policiales recibidas para esta encomienda con la que percibió, a cambio, una remuneración de unos 2.000 euros mensuales provenientes de los fondos reservados del Estado. Tras él ha declarado Luis Bárcenas. Lo ha hecho en dos tandas separadas (siendo el pasado lunes la última), desde Soto del Real y también en secreto.
Ahora, la Policía Judicial de la causa de papeles de Bárcenas ha pedido que todo el material intervenido al exchófer así como las pruebas claves de Kitchen sean aportadas a su procedimiento en aras a dar impulso a las diligencias. En el marco de esta línea de investigación incluso llegaron a registrar las oficinas del Canal de Isabel II hasta en dos ocasiones en estos últimos tiempos así como del SEPES en busca de contratos tales como el relativo al de explotación de servicios de las estaciones depuradoras de aguas residuales en Madrid, del año 2007. Estas adjudicaciones se llevaron a cabo coincidiendo en el tiempo con los pagos de los donantes al Partido Popular. Se trata de pesquisas que tomarán forma en el próximo 2021 y que coincidirán además con el juicio que arranca en febrero sobre la reforma de la sede central en la calle Génova.
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